EXP. N.º 274-99-AA/TC

LIMA

JOSÉ SANTOS CÓRDOVA GARCÍA

                                                                                            

 

                        SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los diez días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don José Santos Córdova García contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veinticuatro, su fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

            Don José Santos Córdova García interpone Acción de Amparo contra el Instituto Nacional Penitenciario y quienes resulten responsables por la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho de defensa, libertad de trabajo, principio de legalidad y el derecho de no ser sancionado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente establecido en la ley.

 

            Alega el demandante que mediante Resolución N.° 396-97-INPE/CR-P, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete, se le abrió proceso administrativo que culminó con la sanción de destitución, mediante Resolución N.° 462-97-INPE/CR-P. Recuerda que entre el cinco y el veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis, una Comisión del Órgano de Auditoria Interna del Instituto Nacional Penitenciario realizó una “acción de control” en la Dirección Regional con sede en el Cusco, donde el demandante ocupaba el cargo de Jefe de Abastecimiento.

 

            De dicha acción de control se le ordenó que absuelva las razones de la omisión de visación por Asesoría Jurídica de la Región INPE-ORSO, sin pedirle que absuelva las observaciones que determinaron su destitución. Refiere que dicha Comisión, en sus conclusiones y recomendaciones, recomendó que el Comité Evaluador de Inconducta Funcional determine la responsabilidad administrativa y penal, detallando las irregularidades que supuestamente habría cometido el demandante, que nunca le fueron comunicadas, para absolverlas y ejercer de ese modo su derecho de defensa.

            Precisa que al abrírsele proceso administrativo, éste se basó en supuestas irregularidades que no habían sido determinadas por la Comisión del Órgano de Auditoria Interna del INPE.

 

            El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, al contestar la demandan solicita se la declare improcedente o infundada, en razón de lo siguiente: a) En el procedimiento administrativo que se le iniciara tras la comisión de graves irregularidades en el ejercicio de su cargo, el demandante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, lo que efectivamente realizó; y b) A través del amparo no puede discutirse el objeto de la litis, ya que se trata de un asunto complejo.

 

            El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, con fecha catorce de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, expide sentencia declarando improcedente la demanda, por considerar, principalmente, que el demandante ejerció su derecho a la legítima defensa (sic).

 

            La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, expidió sentencia revocando la apelada, y reformándola, la declaró infundada, por estimar, principalmente, que se respetó el derecho al debido proceso del demandante. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se declare nulo e inaplicable para el demandante, la Resolución N.° 462-97-INPE/CR-P, y se reincorpore en su puesto habitual de trabajo, abonándose las remuneraciones insolutas dejadas de percibir desde la afectación de sus derechos constitucionales.

 

2.                  Que, por tanto, y dado que se ha sostenido que en el proceso de amparo, los jueces constitucionales no pueden ingresar a “calificar la viabilidad” de un procedimiento administrativo disciplinario, este Tribunal Constitucional considera prudente enfatizar que no cree que éste sea un asunto ajeno al control judicial en el ámbito de los procesos constitucionales de la libertad, si por él ha de entenderse el necesario control de que los cargos o faltas administrativas que puedan imputarse a un servidor público, y que sirven de motivación a la iniciación de un procedimiento administrativo disciplinario, no pueden ser faltas que la Administración juzgue subjetivamente, pues como se ha tenido oportunidad ya de advertir, éstas, para que puedan reprocharse jurídicamente a los servidores públicos, deben encontrarse expresamente en las leyes o reglamentos.

 

3.                  Que, en esa perspectiva, este Tribunal ha de recordar que la prohibición constitucional de no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, así como la prohibición de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos, reconocidos en el literal “d” del inciso 24) del artículo 2° y en el inciso 9) del artículo 139° de la Constitución, respectivamente; no constituyen garantías procesales constitucionalmente reconocidas que puedan resultar aplicables únicamente en el ámbito de los procesos de naturaleza penal, sino que, por extensión, constituyen también garantías que deben observarse en el ámbito de un procedimiento administrativo disciplinario y, en general, de todo procedimiento de orden administrativo —público o privado— que se pueda articular contra una persona.

 

4.                  Que, por otro lado, no es inoportuno nuevamente recordar, algo que es ya una doctrina constitucional de este Tribunal: cuando se alega la vulneración del derecho al debido proceso en sede administrativa, la determinación de si el acto considerado como lesivo resulta conforme o no a dicho derecho no se agota con la verificación de que en su seno el administrado haya hecho un ejercicio formal de su derecho de defensa (de ofrecer y actuar medios de prueba, o inclusive el de promover la pluralidad de instancias administrativas allí donde ésta resulte aplicable); pues también le es exigido al Juez Constitucional determinar si la sanción impuesta al servidor es consecuencia de haberse observado el principio de razonabilidad y proporcionalidad, tanto en mérito de las pruebas actuadas como frente a las faltas administrativas imputadas, como en la proporcionalidad de la sanción impuesta por la falta administrativa cometida.

 

5.                  Que, con tal propósito, es de destacarse que el carácter “alternativo” del proceso de amparo, con las únicas restricciones de que se peticione la tutela de derechos constitucionales (y no de otra clase), y que la dilucidación de la arbitrariedad o inconstitucionalidad del acto se presente como manifiesto; exigen de los jueces constitucionales realizar un ponderado análisis en torno a las situaciones a las que se reputa agravio, y no entender que la inexistencia de estación probatoria es una suerte de “caja de pandora” en dónde poder escudarse para no ingresar a evaluar las razones de fondo.

 

6.                  Que, por tanto, si como sucede en el presente caso, no se alega que determinadas conductas o hechos hayan merecido una evaluación acorde con los órganos de la administración, sino simplemente que el procedimiento administrativo iniciado contra el demandante no obedeció ni se realizó en directa proporción con las supuestas faltas imputadas; como a su turno, el que la decisión de destituirlo tampoco tenga enteramente relación con los cargos investigados en el proceso administrativo; entonces, no puede achacarse a la inexistencia de una estación probatoria, el impedimento de un pronunciamiento del Juez Constitucional, ya que en tal supuesto la determinación de la afectación o no a un derecho constitucional, como el debido proceso, no pasa por evaluar razones de fondo que utilizará la administración para sancionar, sino fundamentalmente constatar si lo alegado y probado supone una afectación de aquel derecho subjetivo.

 

7.                  Que, dentro de dicho orden de consideraciones, el Tribunal Constitucional entiende que la determinación de la vulneración o no del derecho al debido proceso que se reputa a la sanción de destitución impuesta al demandante, se reduce esencialmente a determinar, como aspecto constitucionalmente relevante, si las causales por las que el demandante fue sometido al proceso administrativo disciplinario, son las que sirvieron para destituirlo.

 

8.                  Que, de ese modo, y según es de observarse de la parte considerativa de la Resolución de Presidencia, la Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario N.° 396-97-INPE-CR-P, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete, el demandante fue sometido a proceso administrativo disciplinario, por la presunta comisión de las siguientes faltas administrativas:

a)    Responsabilidad por los contratos formalizados por servicio de mantenimiento y reparación, en el que no se cumplió los plazos de entrega de trabajos y se omitió exigir una carta fianza o cheque de gerencia;

b)   Haber comprado una máquina reparadora en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y haberse constatado que hasta el mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, no se le había dado uso, constituyendo, por tanto, dicha adquisición una compra sin requerimiento ni criterio técnico.

c)    Suscripción de contratos en forma irregular en el período de 1995, y de enero a junio de 1996, para la compra de bienes, refacción, instalaciones eléctricas, etc.

d)   No adoptar las medidas oportunas para evitar la prescripción de los bienes y, en su caso, efectuar la baja, con el resultado de que bienes y medicamentos vencidos sean considerados en stock.

e)    Irregularidad en la suscripción del contrato con la empresa Comercial Meza destinado a la confección de ochenta y cinco ternos.

f)     Irregularidad en la suscripción del contrato con don Luis Arredondo Díaz para el mantenimiento de los servicios higiénicos del E.P. Urcos, con el resultado de encontrarse trabajos no concluidos; y no obstante ello, haber suscrito un nuevo contrato para la instalación y acondicionamiento del cerco perimétrico y torre de control del E.P. Abancay.

g)    No haber ejecutado las fases de formulación del presupuesto valorado y plan que le permita prever el abastecimiento de bienes y servicios en condiciones económicas y eficientes.

h)    No haber previsto la adquisición racional de bienes, y haber adquirido bienes que provocaron un sobre stock; y haber efectuado compras a proveedores no inscritos y representados por una misma persona por montos significativos.

i)      Irregularidades en la suscripción del contrato con Servicios Generales MYM E.I.R.L., que no se encuentra inscrita en el registro de proveedores.

j)     No adoptar medidas de control y supervisión de los almacenes de la región, habiéndose detectado un faltante de ciento ochenta y cinco mil doscientos veintiocho nuevos soles con diecisiete centavos.

k)   No haber ejecutado los compromisos y menos en la ejecución presupuestal en los ejercicios de 1995 y de enero a junio de 1996; y haber ejecutado compromisos sin tener autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

 

9.                  Que, según se está a la parte considerativa de la Resolución de la Presidencia de la Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario, la destitución del demandante se habría debido, entre otros cargos no enervados, por haberse acreditado el incumplimiento de plazos establecidos en los contratos, haciéndose especial referencia al caso de las empresas Dianderas y Atelier; en el que se habría adquirido una máquina reparadora con irregularidades; el que los contratos se hayan suscrito no observándose el marco legal; el no haber contado con un plan de obtención, lo que ocasionó un sobre stock; y, observarse un exceso o desfase en la ejecución presupuestal de los gastos de alimentos; supuestos todos ellos previstos en los incisos a) y d) del artículo 28° del Decreto Legislativo 276°.

 

10.              Que, en consecuencia, este Tribunal Constitucional no estima que se haya vulnerado el derecho constitucional al debido proceso administrativo del demandante, y en forma particular el derecho de defensa, cuando las causales que sirvieron a la entidad demandada para abrirle proceso administrativo constituyen las mismas que sirvieron para destituirlo.

 

11.              Que, en ese sentido, no puede alegarse que se habría vulnerado el derecho de defensa, como lo arguye el demandante, por el hecho de que en la parte considerativa, la Resolución que lo destituye haya precisado de manera determinada qué contratos y con qué empresas no se ejecutaron en el plazo previsto, cuando al abrírsele proceso administrativo, la entidad demandada aludió a una serie de contratos que habrían tenido tal condición; no desvirtuando la validez de la sanción de destitución decretada contra el demandante el hecho de que entre las causales para abrírsele el proceso administrativo disciplinario, efectivamente, no se haya aludido al presunto exceso o desfase de los gastos en la partida de alimentos; pues si bien en este caso concreto se habría podido producir indefensión, la comprobación de las otras irregularidades en el ejercicio de sus funciones, previstas en los incisos a) y d) del artículo 28º del Decreto Legislativo 276°, no convierten al proceso administrativo disciplinario que se le llevó a cabo en un proceso que quebrante el derecho constitucional al debido proceso administrativo.

 

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veinticuatro, su fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada, declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

      ECM