EXP. N.º 333-99-AA/TC

LAMBAYEQUE  

JUAN PRADO QUISPE

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los diez días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Juan Prado Quispe contra la Sentencia expedida por la Segunda Sala Civil-Agraria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas doscientos treinta y seis, su fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la demanda.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Juan Prado Quispe interpone demanda de Acción de Amparo contra don Alberto Ortiz Prieto, representante legal de la Universidad Particular de Chiclayo, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N.º 0210-98-R-UDCH, de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

 

Refiere que mediante la Resolución cuestionada en este proceso, se resolvió instaurar en su contra proceso administrativo disciplinario, por haber formulado declaraciones periodísticas en el diario El Ciclón, publicadas los días trece y diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho. Sin embargo, alega que la única declaración que efectuó corresponde a la publicada el día diecisiete de julio, y estaba referida a las evaluaciones extraordinarias que cobra la universidad de acuerdo a los créditos por cada curso y que no se encuentran reguladas en el Reglamento de Evaluación Académica, sino en la Directiva N.º 002-98-VRAC-UPCH ,“ y, que si hay algo que investigar, que lo haga el Ministerio Público, de lo que responderán las autoridades de la Universidad o funcionarios, pero no el profesor”; y que lo demás, aparecido en dicha publicación, es responsabilidad del periodista. Asimismo, señala que la medida adoptada por la Universidad demandada atenta contra el derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento por un medio de comunicación social, consagrado en el artículo 2º inciso 4) de la Constitución Política del Estado.

 

El demandado contesta la demanda señalando que al expedir la Resolución cuestionada ha actuado en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento de la Universidad Particular de Chiclayo, pues no se ha violado derecho constitucional alguno.

 

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, a fojas noventa y cuatro, con fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, declara fundada la demanda, por considerar que la declaración periodística dada por el demandante con fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, se encuentra respaldada con la Directiva N.º 002-98-VRAC-UPCH.

 

La Segunda Sala Civil-Agraria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas doscientos treinta y seis, con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, revocando la apelada declaró infundada la demanda, por considerar que la Resolución cuestionada en autos ha sido expedida por autoridad competente en el ejercicio regular de sus funciones y que la pretensión del demandante debió ventilarse a través de la acción contencioso-administrativa. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que, a través del presente proceso, el demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución N.º 0210-98-R-UDCH, en virtud de la cual se resolvió instaurar, en su contra, proceso administrativo disciplinario, por haber efectuado declaraciones periodísticas, publicadas los días trece y diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho; toda vez que considera que con dicha decisión  se han violado los derechos consagrados en el artículo 2º inciso 4) de la Constitución Política del Estado.

 

2.                  Que,  conforme obra a fojas cuatro, la noticia publicada en el diario El Ciclón el día trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, no corresponde a declaración alguna efectuada por el demandante; toda vez que la misma fue brindada por don Carlos  Lora, catedrático del curso de Epidemiología de la Universidad demandada. En tal sentido, el haberse instaurado proceso administrativo contra el demandante por dicha publicación implica atribuirle una responsabilidad que es ajena a su persona.

 

3.                  Que, por otro lado, la declaración periodística brindada por el demandante, que fuera publicada en el diario El Ciclón el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho, y por la que también se instauró proceso administrativo en su contra, se ajusta a lo dispuesto en la Directiva N.º 002-98-VRAC-UPCH, en virtud de la cual se regula la aplicación de evaluaciones extraordinarias para los estudiantes que tengan asignaturas desaprobadas, para cuyo efecto se establecieron los montos a cobrar por dicho concepto de acuerdo al número de créditos por cada asignatura. En consecuencia, la información brindada por el demandante se encuentra arreglada al deber de veracidad, en cuanto parámetro del ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el artículo 2º inciso 4) de la Constitución Política del Estado.

 

4.                  Que, como consecuencia de ello, la decisión adoptada por la Universidad demandada constituye una violación al derecho de libertad de información, consagrado en el dispositivo legal antes señalado, el cual es entendido como el derecho a conocer y dar a conocer situaciones diversas de la realidad; como es el caso de la declaración brindada por el demandante. Declaración que, a su vez, no puede ser considerada como falta grave causal de cese o destitución que amerite proceso administrativo.

 

5.         Que, por último, cabe puntualizar que tras haberse acreditado la vulneración del derecho constitucional antes señalado, aunque no así la ilicitud o intención dolosa de parte del demandado, no resulta de aplicación el artículo 11º de la Ley N.º 23506.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le  confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

REVOCANDO la Sentencia expedida por la Sala Civil-Agraria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas doscientos treinta y seis, su fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró infundada la demanda; y reformándola la declara FUNDADA y, en consecuencia, ordena la no aplicación al demandante de la Resolución N.º 0210-98-R-UDCH. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

                                                                                                                                             G.L.Z.