EXP. N.° 489-97-AA/TC

LIMA

JUAN EDUARDO ADRIANZÉN NOVOA

 

 

      SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los veintiún días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Juan Eduardo Adrianzén Novoa contra la Resolución expedida por la Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Juan Eduardo Adrianzén Novoa interpone demanda de Acción de Amparo contra la Compañía Peruana de Valores S.A., en liquidación, con la finalidad de que se declare no aplicable al demandante el Acuerdo del Directorio N.°  132-92 del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos, la Resolución de Gerencia General N.°  463-92-GG del catorce de setiembre de mil novecientos noventa y dos y la Resolución de la Junta Liquidadora N.° 012-95-JL-CPV S.A. del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que declaró sin lugar su Recurso de Reconsideración y da por agotada la vía administrativa. Manifiesta que en virtud de la Ley N.°  23329 fue incorporado al régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530 y que en forma arbitraria se le desconoce este derecho y se procede a suspender su pensión, conculcándose con ello sus derechos adquiridos. Ampara su demanda en lo dispuesto por los artículos 2° incisos 15) y 20) literal “a”, 4°, 42°, 43°, 49°, 57°, 87°, 187° y 295° de la Constitución Política de 1979 vigente al momento de los hechos, el Decreto Ley N.°  20530, leyes N.os 23329 y 24366 y demás normas concordantes.

 

Compañía Peruana de Vapores S.A. en Liquidación contesta la demanda  señalando que se ha actuado en estricta aplicación de la ley, pues el régimen laboral de sus trabajadores era el de la actividad privada, Ley N.° 4916, lo que hace imposible el cómputo de los años prestados bajo dicho régimen con los de la actividad pública para la acumulación del tiempo de servicios, prohibición establecida en el artículo 14° de la Ley N.° 20530, por lo que la presente acción debe declararse infundada o improcedente.

 

El Decimoctavo Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, declaró fundada la demanda, por considerar, entre otras razones, que el artículo 187° de la Constitución de 1979 dispone expresamente la irretroactividad de la ley, y que no es posible constitucionalmente que el Decreto Legislativo N.°  773 se retraiga en el tiempo en perjuicio de los trabajadores; que el demandante al haber adquirido un derecho y habérsele venido abonando su respectiva pensiones y dejado sin efecto su reincorporación y, como consecuencia, la suspensión de su pensión, esto vulnera no sólo los derechos adquiridos, sino también el principio constitucional de irretroactividad de las leyes.

 

La Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, revocando la apelada declaró improcedente la demanda, por considerar que la presente acción de garantía ha sido interpuesta fuera del plazo previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.         Que el demandante pretende que se declare no aplicable a su caso el Acuerdo de Directorio N.°  132-92 del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos, la Resolución de Gerencia General N.°  463-92-GG del catorce de setiembre de mil novecientos noventa y dos y la Resolución de la Junta Liquidadora N.°  012-95-JL-CPV S.A. del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que declara sin lugar la reconsideración planteada y da por agotada la vía administrativa.

 

2.                  Que el demandante fue reincorporado al régimen de pensiones del Decreto Ley N.°  20530 mediante Resolución de Gerencia Administrativa N.° 113-85 del veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, la cual se dejó sin efecto mediante Resolución de Gerencia General N.°  463-92-GG de fecha catorce de setiembre de mil novecientos noventa y dos, toda vez que se le había incorporado al demandante contraviniendo lo dispuesto en el artículo 14° de la Ley N.°  20530. Para el efecto se debe considerar:

a)    Que la demandada tenía capacidad administrativa y legal para declarar nula la resolución que lo reincorpora al régimen de pensiones del Decreto Ley N.°  20530, toda vez que el Decreto Supremo N.° 006-SC-67, Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, vigente en la fecha de los hechos, no establecía un plazo para las declaraciones de nulidad.

b)   Que, las nulidades están dirigidas a establecer la improcedencia de acumular tiempo de servicios prestados bajo regímenes laborales distintos, tal como lo establece el artículo 14° del Decreto Ley N.° 20530.

 

3.                  Que todas las resoluciones  o actos administrativos cuestionados por el demandante, mediante la presente acción de garantía, han sido expedidos y realizados por la demandada en estricta observancia de la ley, no obstante se deja a salvo el derecho del demandante, de acceder a una pensión de acuerdo a ley.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cinco, su fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

MR