EXP. N.º 526-98-AA/TC

LIMA

DIÓSCORA CLAUDIO ACOSTA

                                                           

            SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los quince días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO: 

 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Dióscora Claudio Acosta contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ochenta y ocho, su fecha siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

           

ANTECEDENTES:

 

Doña Dióscora Claudio Acosta interpone Acción de Amparo contra el Supremo Gobierno, representado por el Ministerio de Justicia, a fin de que no se aplique a su persona las siguientes resoluciones: 1) la Resolución Ministerial N.° 097-96-JUS del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, que declara nulas las resoluciones directorales N.° 200-90-JUS/OP-OGPER, del treinta de julio de mil novecientos noventa, que disponía reconocer la compensación por tiempo de servicios y otorgar pensión de cesantía a la demandante, y N.º 065-91-JUS/OP-OGPER, del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, que, dejando sin efecto la anterior resolución directoral, disponía regularizar el otorgamiento de la pensión de cesantía y reconocer un crédito devengado a favor de la demandante por concepto de compensación por tiempo de servicios correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa; 2) la Resolución Ministerial N.° 142-96-JUS, del cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, que declaró improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la resolución ministerial antes mencionada; y 3) la Resolución Suprema N.° 036-97-JUS, del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, que declaró infundado el Recurso de Apelación interpuesto contra la última resolución ministerial mencionada. Solicita, también, que se le reintegre sus pensiones dejadas de percibir desde abril de mil novecientos noventa y seis, así como la compensación de su tiempo de servicios.

                       

Señala la demandante que el demandado, al expedir las resoluciones aludidas declarando la nulidad de resoluciones directorales expedidas hace cinco años y siete meses, ha infringido el artículo 110° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, que establece que la facultad de la Administración Pública para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a los seis meses, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas. Considera, por esta razón, que las resoluciones impugnadas han sido dictadas en forma unilateral, arbitraria e inconstitucionalmente por cuanto violan sus derechos adquiridos en materia pensionaria y el principio constitucional de cosa juzgada, además de afectar las garantías del debido proceso y la legítima defensa.

 

La Oficina de Normalización Previsional-ONP deduce la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, por considerar que la incorporación de la demandante al régimen del Decreto Ley N.° 20530 se efectuó contraviniendo lo dispuesto por el artículo 39° de esta Ley, por lo que no resulta aplicable el plazo de seis meses previsto en el artículo 110° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS. 

 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, por considerar que la demandante no acreditó en ningún momento el cese real y efectivo como servidora del Sector Educación.   

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas noventa y dos, con fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la excepción de caducidad y fundada la demanda, por considerar que se trata de un caso de derechos adquiridos, cuyo recorte o anulación por parte del demandado implica su violación.

 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos ochenta y ocho, con fecha siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, revocó la apelada en el extremo que declaró fundada la demanda, y reformándola la declaró improcedente, por considerar que no se ha acreditado fehacientemente el reconocimiento del tiempo de servicios de la demandante en el régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:              

1.                  Que la demandante pretende que se declare no aplicable para el caso concreto la Resolución Ministerial N.° 097-96-JUS, de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, así como la Resolución Ministerial N.° 142-96-JUS, de fecha cuatro de junio del mismo año, y la Resolución Suprema N.° 036-97-JUS, de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, que declaran improcedentes e infundados, respectivamente, los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.   

 

2.                  Que, en relación a la excepción planteada, debe precisarse que no existe caducidad en el ejercicio de la presente acción, toda vez que la transgresión al derecho de la demandante es continuada, de donde no resulta aplicable al caso examinado el plazo previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506, sino el artículo 26°, segundo párrafo, de la Ley N.° 25398; en consecuencia, la excepción de caducidad resulta infundada.  

 

3.                  Que, mediante Resolución de Secretaría General N.° 206-90-JUS, del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, se reconoció a favor de la demandante veinticinco años y cuatro meses de servicios prestados al Estado bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530; y, mediante Resolución Directoral N.° 200-90-JUS/OP-OGPER, del treinta de julio del mismo año, se le reconoce la compensación por el tiempo de servicios prestados y se le otorga pensión definitiva de cesantía nivelable; esta resolución directoral es dejada sin efecto por la Resolución Directoral N.° 065-91-JUS/OP-OGPER, del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, la que regulariza el otorgamiento de la pensión definitiva de cesantía nivelable y le reconoce un crédito devengado por la compensación por tiempo de servicios correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa.

 

4.                  Que, por Resolución Ministerial N.° 097-96-JUS, de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, el demandado declaró nulas las resoluciones directorales señaladas en el fundamento anterior.

 

5.                  Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, la Administración Pública sólo puede declarar la nulidad de las resoluciones administrativas dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidas; en el caso de autos se advierte que la Resolución Ministerial impugnada mediante la presente acción de garantía, fue expedida cuando había transcurrido en exceso el plazo que tenía el demandado para declarar dichas nulidades, atentando con ello contra los principios constitucionales de cosa decidida y de seguridad jurídica protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

6.                  Que, sobre este particular, debe mencionarse que este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que una vez vencido el plazo para que la Administración Pública pueda declarar la nulidad de una resolución administrativa, sólo es posible determinar su nulidad mediante un proceso regular en sede judicial a efectos de salvaguardar también los derechos de defensa y de debido proceso que tiene toda persona.

 

7.                  Que, respecto a los extremos en que la demandante solicita el pago de devengados por derechos pensionarios, y el pago de la compensación por tiempo de servicios que  corresponda según ley, éstos deberán ser determinados en la vía legal correspondiente, toda vez que la presente acción de garantía carece de estación probatoria, de conformidad con lo prescrito por el artículo 13° de la Ley N.° 25398. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

REVOCANDO en parte la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ochenta y ocho, su fecha siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el extremo que revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo en relación a la no aplicación de la Resolución Ministerial N.º 097-96-JUS de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, la Resolución Ministerial N.° 142-96-JUS de fecha cuatro de junio del mismo año, y la Resolución Suprema N.° 036-97-JUS de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete.; y, reformándola, la declara FUNDADA en dicho extremo, en consecuencia, inaplicables a la demandante las mencionadas resoluciones. Ordena que el demandado cumpla con efectuar el pago continuado de su pensión de acuerdo con el régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530 y la CONFIRMA en lo demás que contiene. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ    

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

 

PBU