EXP. N.º 529-98-AA/TC

LIMA

FAUSTO DIONISIO PALACIOS DURÁN Y OTROS.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

En Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia  sentencia:

 

 

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Fausto Dionisio Palacios Durán y otros contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha seis de abril  de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

 

 

ANTECEDENTES:

El ocho de julio de mil novecientos noventa y siete, don Fausto Dionisio Palacios Durán y otros interponen Acción de Amparo contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita, representada por su Alcalde, don Osiris Feliciano Muñóz, por haber sido despedidos arbitrariamente mediante la Resolución de Alcaldía N.º 1297-96-ALC/MDSA. Refieren que desde el año mil novecientos noventa y dos tienen la condición de trabajadores permanentes; que han sido cesados por causal de excedencia en una evaluación en la que no han participado; que se aplicó un reglamento de evaluación que no estaba vigente. 

 

La Municipalidad demandada absuelve el trámite de contestación de la demanda negándola y contradiciéndola y solicitando se la declare infundada; señala que la resolución de cese fue expedida de conformidad con el Decreto Ley N.º 26093, que dispuso que las entidades de la Administración Pública efectúen semestralmente programas de evaluación de personal, señalando que aquellos trabajadores que no califiquen podrán ser cesados por causal de excedencia; que el Reglamento de Evaluación de Personal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, correspondiente al segundo semestre de mil novecientos noventa y seis, dispuso que los trabajadores que no obtengan el puntaje mínimo requerido serán cesados; que los demandantes no aprobaron la evaluación, razón por la cual fueron cesados.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima emite sentencia, declarando improcedente la demanda respecto a los demandantes don Eugenio Chambilla Taquila, don Humberto Pérez de la Cruz y don Bernardo Rivera Pariona, por haber recurrido éstos a la vía ordinaria, y fundada en relación a los demás accionantes, por considerar --entre otras razones-- que el proceso de evaluación no se realizó respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que la evaluación se ejecutó sin diferenciarse del grupo ocupacional obrero del grupo empleado, vulnerándose de esta manera su derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario.

 

             Interpuesto Recurso de Apelación, la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la apelada en el extremo que declaró improcedente la Acción de Amparo y revocó la propia sentencia en la parte que declaró fundada la demanda, la misma que declaró igualmente improcedente, por estimar que no se cumplió con agotar la vía administrativa. Contra esta resolución, el demandante interpone  Recurso Extraordinario.

 

 

FUNDAMENTOS:

1.                  Que el objeto de las acciones de garantía es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, conforme lo establece el artículo 1º de la Ley N.º 23506 de Hábeas Corpus y Amparo.

 

2.                  Que el objeto de la presente Acción de Amparo se circunscribe a que se declare no aplicable a los demandantes la Resolución de Alcaldía N.º 1297-96-ALC//MDSA, que dispone su cese por causal de excedencia.

 

3.                  Que, contra la resolución de cese, los demandantes interpusieron Recurso de Apelación con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y siete, el mismo que no fue  resuelto por la Administración dentro del plazo de treinta días útiles, por lo que el día diecinueve de febrero del mismo año operó el silencio administrativo negativo, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 37º de la Ley N.º 23506 de Hábeas Corpus y Amparo, el mismo que venció el veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete; en tal virtud, habiéndose presentado la demanda el día ocho de julio de mil  novecientos noventa y siete, la Acción de Amparo no se encontraba habilitada.

 

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

 

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos cuarenta y siete, su fecha seis de abril de mil novecientos noventa y ocho,  que declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

 

SS

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

 

 

 

CCL