EXP. Nº 747-97-AA/TC

TRUJILLO                           

JORGE EDUARDO MORALES LOYOLA.

 

                SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Trujillo, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent; y García Marcelo, pronuncia  sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Jorge Eduardo Morales Loyola contra la Resoluciónresolución expedida por la Primera Sala Civil de la  Corte Superior de Justicia de La Libertad, su fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete, que declaró infundada la Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

Don Jorge Eduardo Morales Loyola interpone Acción de Amparo contra don Noé Inafuku Higa, Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región La Libertad con el propósito de que se declaren inaplicables a su caso la Resolución Ministerial Nº 286-95-PRES, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 498-95-CTAR-LL y la Resolución Presidencial Regional Nº 239-96-CTAR-LL y que se disponga la reposición a su puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Refiere que fue cesado por causal de excedencia mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 498-95-CTAR-LL; que, la Directiva Nº 001-95-PRES/VMDR, en su item 5.1, señala que los procesos de evaluación semestral deberán ejecutarse en los meses de enero y julio de cada año, por lo que el proceso de evaluación debió ejecutarse en el mes de enero de mil novecientos noventa y seis y no en setiembre de mil novecientos noventa y cinco, como se hizo en este caso; que, en el primer documento de evaluación se señalaba que había obtenido treinta y seis puntos en el rubro de rendimiento laboral, pero que posteriormente se le rebajó once puntos.

 

El demandado absuelve el trámite de contestación de la demanda, solicitando se la declare infundada; señala que la resolución que dispuso el cese del demandante ha sido expedida en estricto cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 286-95-PRES; que el demandante no alcanzó el puntaje mínimo aprobatorio.

 

A fojas setenta y cinco, el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia absuelve el trámite de contestación de la demanda, solicitando se la declare infundada; señala que la Acción de Amparo no es la vía idónea para ventilar la materia controvertida.

 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo emite sentencia declarando fundada en la demanda, por considerar -entre otras razones- que el proceso de evaluación se efectuó extemporánemente, afectando los derechos a la libertad de trabajo y al debido proceso del demandante.

 

             Interpuesto Recurso de Apelación, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad revocó la apelada y declaró improcedenteinfundada la demanda, por estimar  que la extemporaneidad alegada ha quedado salvada con la concurrencia del demandante a la evaluación. Contra esta resolución, el demandante interpone el Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

 

1.   Que las Acciones de Amparo proceden en los casos que se violen o amenacen de violación los derechos constitucionales, por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley Nº 23506.

 

2.   Que, en el presente caso, el petitorio se circunscribe a que se declaren inaplicables al demandante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 498-95-CTAR-LL, que dispone su cese por causal de excedencia, la Resolución Ministerial Nº 286-95-PRES y la Resolución Presidencial Regional Nº 239-96-CTAR-LL,  y se le reponga en su puesto de trabajo.

 

3.   Que, contra la resolución de cese, el demandante interpuso Recurso de Reconsideración, el que fue declarado improcedente mediante la Resolución Presidencial Regional Nº 239-96-CTAR-LL. Contra éstaesta resolución,  interpuso el Recurso de Apelación con fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, el mismo que no ha sido resuelto por la Administración dentro del plazo de ley, por lo que el día treinta de abril del mismo año operó el silencio administrativo negativo, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de caducidad previsto en el artículo 37º de la Ley Nº 23506 de Hábeas Corpus y Amparo;  en tal virtud, habiéndose presentado la demanda el día veinte de junio de mil  novecientos noventa y seis, la Acción de Amparo se encuentra habilitada.

 

4.   Que, en la sentencia expedida en el Exp. Nº 647-96-AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, referida a la Acción de Amparo interpuesta por don Carlos Alberto Franco Choque, en la que se cuestionó el mismo proceso de evaluación y la misma Resolución Ejecutiva Regional Nº 498-95-CTAR-LL, este Tribunal se ha pronunciadoConstitucional se pronunció respecto a la presunta extemporaneidad del referido proceso, señalando que ésta ha quedado salvada con la concurrencia del demandante a las evaluaciones programadas.

 

5.   Que, el demandante no ha acreditado en modo alguno su afirmación en el sentido de que se le rebajó arbitrariamente el puntaje que obtuvo en la evaluación referida al rendimiento laboral.

 

            Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

 

CONFIRMANDO la resolución expedida por la Primera Sala Civil de  la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas doscientos cuarenta y nueve, su fecha dieciocho de julio dediciembre de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS

ACOSTA SÁNCHEZ,

DÍAZ VALVERDE,

NUGENT,

GARCÍA MARCELO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL