EXP. N. 764-96-AA/TC

CHICLAYO

GODOFREDO PUICÁN CARREÑO

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Cajamarca, a los veintinueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por don Godofredo Puicán Carreño contra la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas ciento quince, su fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y seis, que declaró improcedente la demanda.

ANTECEDENTES:

Don Godofredo Puicán Carreño interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Eten, y los regidores, don Juan Castellanos Custodio, don Armando Gutiérrez Manay y doña Luisa Fontana Vega, a fin de que se deje sin efecto el Acuerdo Municipal del siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se le aplica la sanción de suspensión de sus funciones como regidor de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten.

Sostiene el demandante que en su calidad de Regidor de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, así como miembro integrante de la agrupación política Puerto Eten Rumbo al 2000, publicó un boletín en el que difundía información referente a los asuntos comunales y del estado de la economía municipal, hecho que lo hizo sin contar con la autorización respectiva del Alcalde ni del cuerpo de regidores en pleno, pues aduce el demandante, que realizó dichas publicaciones en ejercicio de su derecho de opinión, expresión y difusión que como ciudadano le otorga la Constitución Política del Estado. Que le corresponde cumplir con todos los deberes y obligaciones que le franquea la Ley de Municipalidades y ejercer los derechos como ciudadano elegido por el voto popular.

Don Pedro Abelardo Sánchez Chima, don Juan Armando Castellanos Custodio, don Armando Gutiérrez Manay y doña Luisa Mercedes Fontana Vega de Valderrama al contestar la demanda, señalan que el Pleno del Municipio impuso al demandante una suspensión de treinta días, se le concedió el término para que haga su descargo, dándosele las garantías del caso; que asimismo, éste no agoto las vías previas.

El Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, a fojas sesenta y dos, con fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, declaró fundada la demanda, por considerar, principalmente, que del estudio de autos se puede observar que el demandante ostenta el cargo por mandato popular y de la ley, en su condición de Regidor de dicha Municipalidad; que los demandados han vulnerado los derechos constitucionales de la libertad de conciencia, la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas ciento quince, con fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y seis, revocando la apelada declaró improcedente la demanda. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

  1. Que las acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los derechos constitucionales por acción o por omisión de actos de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley N. 23506, concordante con el artículo 200 inciso 2) de la Constitución Política del Estado.
  2. Que el objeto de la presente Acción de Amparo es que se declare inaplicable para el demandante el Acuerdo Municipal del siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se le aplica la sanción de suspensión en sus funciones como regidor del Concejo Distrital de Puerto Eten.
  3. Que, del estudio de autos se puede observar que, conforme se acredita a fojas uno con la copia de la credencial otorgada por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, Elecciones Municipales Generales de mil novecientos noventa y cinco, el demandante ostentaba el cargo de regidor para el período comprendido desde el año de mil novecientos noventa y seis hasta el año de mil novecientos noventa y ocho; que, en consecuencia, en el presente caso carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 6 de la Ley N. 23506 de Hábeas Corpus y Amparo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

REVOCANDO la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas ciento quince, su fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y seis, que revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo y reformándola declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

I.M.R.T.