EXP. N.° 766-98-AA/TC
LIMA
MARIO DIÓMEDES GARCÍA SORIA
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los cuatro días
del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent
y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario
interpuesto por don Mario Diómedes García Soria contra la
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos
catorce, su fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, que declaró
improcedente la Acción de Amparo interpuesta.
ANTECEDENTES:
Don Mario Diómedes García
Soria interpone Acción de Amparo contra el Ministerio de Agricultura por
violación de sus derechos constitucionales pensionarios.
Refiere el demandante que
mediante la Resolución Ministerial N.° 207-96-AG, de fecha veintinueve de
febrero de mil novecientos noventa y seis, se declararon nulas diversas
resoluciones directorales por las que se le reconocía los derechos a ser
incorporado al Régimen de Pensiones del Decreto Ley N.° 20530, su
reconocimiento del tiempo de servicios así como el otorgamiento de una pensión
provisional de cesantía.
Alude que con dicha
Resolución Ministerial se ha vulnerado su derecho de defensa, ya que no se le
ofreció la posibilidad de efectuar sus descargos. Asimismo, recuerda que sus
diversos derechos pensionarios datan de mil novecientos ochenta y nueve y mil
novecientos noventa y dos, por lo que tienen el carácter de derechos
adquiridos, y su nulidad se ha efectuado con transgresión del artículo 110° del
Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, que prevé el plazo de seis meses para que la
administración pueda declarar la nulidad de un acto, y que con su caso se ha
excedido notablemente.
Recuerda que ha agotado la
vía previa, ya que tras la expedición de la citada Resolución Ministerial
interpuso su Recurso de Reconsideración, con fecha veinticinco de abril de mil
novecientos noventa y seis, el mismo que al no haber sido resuelto en el
término de treinta días, se acoge al silencio administrativo negativo.
Admitida la demanda, ésta es
contestada por el representante legal de la Oficina de Normalización
Previsional, quien solicita se declare improcedente la demanda, ya que: a) El
demandante no ha agotado la vía previa, puesto que la resolución que alega
causarle agravio a sus derechos constitucionales fue expedida en el mes de
febrero de mil novecientos noventa y seis, mientras que la demanda es
interpuesta en setiembre de mil novecientos noventa y siete; b) El
cuestionamiento de dicha resolución administrativa debió efectuarse a través de
la acción contencioso-administrativa y no a través del proceso de amparo; c) La
demanda se ha interpuesto fuera del plazo previsto en la Ley N.° 23506, por lo
que ha caducado; y d) El demandante no es titular de los derechos cuya tutela
solicita a través del amparo, ya que su incorporación al régimen de pensiones
normado por el Decreto Ley N.° 20530 se realizó de manera ilegal.
Con fecha treinta de
diciembre de mil novecientos noventa y siete, el Primer Juzgado Corporativo
Transitorio Especializado en Derecho Público expide resolución declarando
fundada la demanda, por estimar, principalmente, que se vulneró el derecho de
defensa.
Con fecha treinta de junio
de mil novecientos noventa y ocho, la Sala Corporativa Transitoria
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima expide
resolución revocando la apelada, y reformándola la declara improcedente por
considerar, principalmente, que no se agotó la vía ya desde que no se ha
comunicado a la administración, en forma expresa, que se acogía al silencio
negativo administrativo. Interpuesto el Recurso Extraordinario, los actuados
son elevados al Tribunal Constitucional.
FUNDAMENTOS:
1.
Que,
conforme se acredita del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se
declare inconstitucional la aplicación de la Resolución Ministerial N.°
0207-96-AG, su fecha veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis,
y se restablezca al estado anterior a la violación de sus derechos
constitucionales.
2.
Que,
siendo ello así, y dado que se ha cuestionado que el demandante no habría
agotado la vía previa, como cuestión liminar, el Tribunal Constitucional no
puede menos que advertir:
a)
En
primer lugar, que el derecho previsto por el Decreto Supremo N.° 02-94-JUS a
favor de los administrados, por virtud del cual, al cabo de la presentación de
un medio impugnatorio ante los órganos de la Administración, y transcurrido el
término de treinta días sin que éste se resuelva, el administrado puede optar
entre esperar el pronunciamiento expreso de la Administración o acogerse al
silencio negativo administrativo, lo cual no es un derecho cuya eficacia se
encuentre condicionada al hecho de que el administrado tenga que poner en
conocimiento de la Administración su determinación por la opción del silencio
negativo administrativo, sino más bien al contrario, que se ejerce plenamente
como consecuencia de la inercia o mora de la Administración en la resolución de
las diversas peticiones o medios impugnatorios que se plantean ante ella; ya sea para acudir a una
instancia administrativamente superior o, en su caso, el de cuestionarla en
sede judicial.
Una interpretación como la esbozada por la segunda instancia de la jurisdicción ordinaria, que condiciona la posibilidad de acogerse al silencio negativo administrativo a la comunicación de la opción por el administrado a la Administración, supondría enervar los supuestos de la configuración de dicho instituto jurídico, no ya como un derecho del que los administrados puedan optar como consecuencia de la inercia administrativa, sino como un derecho cuya posibilidad de ejercicio requiere de la aceptación (implícita o expresa) de la Administración.
b)
En
segundo lugar, debe advertirse que constituyendo el acto administrativo al que
se reputa agravio a los derechos constitucionales del demandante una resolución
ministerial, esto es, un acto administrativo expedido por la última instancia
administrativa del sector, no cabe contra ello argüir la necesidad de agotar la
vía previa.
3.
Que,
asimismo, es de notarse, conforme ha venido siendo jurisprudencia uniforme
expedida por este Tribunal, en materia pensionaria tampoco puede alegarse válidamente
como argumento de defensa de la entidad demandada la aplicación del plazo de
caducidad previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506, puesto que los
efectos de la declaración de nulidad del otorgamiento de pensiones es un acto
de tracto sucesivo, que se prolonga en el tiempo, y respecto del cual es de
plena aplicación lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 26° de la Ley
N.° 25398, que exige del Juez Constitucional realizar el cómputo del plazo
desde la última fecha en que se realizó la agresión al derecho constitucional
invocado.
4.
Que,
en consecuencia, y ya ingresando a evaluar las razones de fondo que el Recurso
Extraordinario entraña, el Tribunal Constitucional no puede menos que advertir
lo siguiente:
a)
Conforme
se desprende de los documentos obrantes de fojas nueve a dieciséis, el
demandante fue incorporado al Régimen de Pensiones y Compensaciones a cargo del
Estado, normado por el Decreto Ley N.° 20530, mediante Resolución Directoral N.°
011-89-EEAG-AI/D, su fecha seis de julio de mil novecientos ochenta y nueve; se
le estableció el monto de la Pensión Provisional de Cesantía mediante
Resolución Directoral N.° 004-92-INIAA-OPER, su fecha veintiuno de enero de mil
novecientos noventa y dos; y se reguló su Bonificación Personal mediante
Resolución Directoral N.° 009-86-INDDA-UPER, con fecha treinta de enero de mil
novecientos ochenta y seis.
b)
Conforme
se desprende del documento obrante a fojas quince, mediante la Resolución
Ministerial N.° 0207-96-AG, el Ministro de Agricultura declaró nulas e
insubsistentes las resoluciones directorales anotadas en el item anterior, tras
considerarse su ilegalidad, con fecha veintinueve de febrero de mil novecientos
noventa y seis.
5.
Que,
independientemente de las razones que hayan llevado a la entidad demandada a
expedir el acto administrativo considerado como lesivo, el Tribunal
Constitucional no puede menos que advertir la manifiesta arbitrariedad que su
expedición ha supuesto, ya que, conforme se preveía en el original artículo
110° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS, la facultad de la Administración de
declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribía a los seis
meses, plazo que debería ser computado no a partir de la fecha de expedición de
la referida norma, sino, como ella misma se encarga de precisar, a partir de la
fecha en que hayan quedado consentidas, lo que en el caso de autos no se ha
respetado, como --notoriamente, por lo demás-- es fácil percatarse a partir del
contraste de las fechas de expedición de las resoluciones directorales anotadas
en el numeral a) del fundamento jurídico cuarto, con la fecha en que se dicta
el acto administrativo al que se reputa agravio a los derechos constitucionales
del demandante.
6.
Que,
en ese orden de consideraciones, una vez más, el Tribunal Constitucional debe recordar
que el ejercicio de la actuación de la Administración Pública se encuentra
sujeto al estricto acatamiento del principio de interdicción de la
arbitrariedad, principio este que se constituye como obvia consecuencia de que
la República del Perú se haya constituido como un Estado Democrático de Derecho,
un Estado en donde el gobierno no se
encuentra residenciado en la voluntad de los hombres, sino, precisamente, en el
gobierno de las leyes, empezando, naturalmente, desde la Lex Superior, la Constitución Política del Estado, y los valores
materiales (los derechos fundamentales) con la que en ella se encuentra
subyacente.
Por
estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
REVOCANDO la Resolución expedida por
la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos catorce, su fecha treinta de
junio de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró improcedente
la demanda; reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo
interpuesta; y, en consecuencia, inaplicable para el demandante la Resolución
Ministerial N.° 0207-96-AG, su fecha veintinueve de febrero de mil novecientos
noventa y seis; dejando a salvo el derecho de la entidad demandada para que lo haga
valer conforme a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación en
el diario oficial El Peruano y la
devolución de los actuados.
SS.
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO