SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los ocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO:

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Alina Dora Cajacuri Ñaupari contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento veinte, su fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Cumplimiento.

ANTECEDENTES:

Doña Alina Dora Cajacuri Ñaupari interpone demanda de Acción de Cumplimiento contra la Empresa Nacional de Edificaciones y la Oficina de Normalización Previsional, solicitando se aplique y se cumpla con lo dispuesto en la Primera Disposición Final y Transitoria de la actual Constitución Política del Perú y la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 26835, referente al pago de su pensión de cesantía que ha venido cobrando hasta el mes setiembre de mil novecientos noventa y siete, dentro del régimen regulado por el Decreto Ley N.º 20530 y que, sin embargo, a partir del mes siguiente a la fecha antes mencionada, de manera arbitraria, la demandada se niega a pagarle, por lo que solicita que cese la agresión y que se ordene la restitución de su condición de beneficiaria de dicho régimen de pensiones, dejándose sin efecto legal todo acto administrativo en contrario.

La Empresa Nacional de Edificaciones-Enace contesta la demanda y manifiesta que las resoluciones cuyo cumplimiento reclama la demandante no están vigentes, al haber sido declaradas nulas administrativamente en aplicación del Decreto Legislativo N.° 763; asimismo, indica que por error se reconoció a la demandante el derecho a incorporarse al régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530 y que si bien en cumplimiento de una medida cautelar se le efectuó el pago de su pensión, mediante Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 278-93-AA/TC, expedida el once de agosto de mil novecientos noventa y siete, se declaró improcedente una anterior demanda de amparo, razón por la que la suspensión del pago de dicha pensión no constituye un acto arbitrario, sino que se ajusta a derecho.

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda y propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, agrega que no sólo basta el requerimiento por carta notarial, sino que también se debe cumplir con lo señalado en el artículo 27º de la Ley N.º 23506. Asimismo, refiere que la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú no establece ningún mandato a la administración para el pago de pensiones; y que tampoco se configura el incumplimiento de la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.º 26835, toda vez que las resoluciones emitidas por Enace respecto a la demandante, están amparadas por el Decreto Legislativo N.º 763 y no por el Decreto Legislativo N.º 817.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y nueve, con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, declaró improcedente la demanda, por considerar que la demandante pretende que se deje sin efecto un acto administrativo de la emplazada, lo cual no es posible mediante la presente acción, pues la naturaleza de este proceso es obligar al cumplimiento de un acto debido por renuencia de la autoridad y no declarar ineficaz un acto, ya que ello desnaturaliza la esencia de este proceso de garantía.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento veinte, con fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, confirma la apelada que declaró improcedente la demanda, por considerar que las resoluciones mediante las cuales se incorpora y formaliza a los trabajadores de la citada empresa dentro del régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530 han sido declaradas nulas mediante Resolución N.° 099-93-ENACE-PRES-GG al amparo del Decreto Legislativo N.° 763. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS:

1. Que el artículo 200° inciso 6) de la Constitución Política del Perú, concordante con la Ley N.° 26301, establece que la Acción de Cumplimiento es una garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

2. Que, de autos se advierte que la demandante cumplió con agotar la vía previa, al haber cursado carta notarial conforme lo establece el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.° 26301.

3. Que, a través del presente proceso constitucional, la demandante pretende que en cumplimiento de lo prescrito por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N.º 26835, se efectúe el pago de su pensión de jubilación y se dejen sin efecto las decisiones administrativas que afectan su derecho reconocido.

4. Que, a fojas cinco de autos se advierte que mediante la Resolución N.º 484-90-ENACE-8100AD de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, se dispuso incorporar a la demandante dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 20530, sin perjuicio de su régimen laboral-Ley N.º 4916, cuando todavía se encontraba en actividad, no especificándose su fecha de ingreso a Enace ni el tiempo de servicios que estuvo prestando bajo dicho régimen laboral ni el período laboral prestado dentro del régimen de la Ley N.º 11377.

5. Que la mencionada Resolución N.° 484-90-ENACE-8100AD fue declarada nula mediante la Resolución N.º 099-93-ENACE-PRES-GG expedida el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, de fojas treinta y tres a treinta y cinco de autos, resolución que no fue impugnada por la demandante, razón por la que la Acción de Cumplimiento no es la vía pertinente para obtener el restablecimiento de su derecho pensionario, puesto que la pretensión debe ser actual y debidamente acreditada; no pudiéndose establecer la inaplicabilidad de dicha resolución, ya que ello no es propio del presente proceso constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:

CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veinte, su fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍAMARCELO

AAM