EXP. N.°
1075-98-AC/TC
LIMA
GUILLERMO NICANOR PÉREZ QUIBAJO
En Lima, a los
veinte días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, reunido el
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de
los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde,
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso
Extraordinario interpuesto por don Guillermo Nicanor Pérez Quibajo, contra la Resolución
expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público
de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento treinta y siete, su
fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró
improcedente la Acción de Cumplimiento.
ANTECEDENTES:
Don Guillermo
Nicanor Pérez Quibajo interpone demanda de Acción de Cumplimiento contra la Empresa
Nacional de Edificaciones y la Oficina de Normalización Previsional,
solicitando se aplique y se cumpla con lo dispuesto en la Primera Disposición
Final y Transitoria de la actual Constitución Política del Perú y la Segunda
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 26835, referente
al pago de su pensión de cesantía que ha venido cobrando hasta setiembre de mil
novecientos noventa y siete, por el régimen del Decreto Ley N.º 20530 y que,
sin embargo, desde el mes de octubre de dicho año, de manera arbitraria, la
demandada se niega a pagarle dicha pensión, por lo que solicita que cese la
agresión y que se ordene la restitución de su condición de beneficiario del
régimen de pensiones normado por el Decreto Ley N.º 20530, dejándose sin efecto
legal todo acto administrativo en contrario.
La Empresa
Nacional de Edificaciones-Enace contesta la demanda y manifiesta que las
resoluciones cuyo cumplimiento reclama el demandante no están vigentes al haber
sido declaradas nulas administrativamente en aplicación del Decreto Legislativo
N.° 763; asimismo, indica que por error se reconoció al demandante el derecho a
incorporarse al régimen de pensiones de la Ley N.° 20530 y que si bien en
cumplimiento de una medida cautelar se le efectuó el pago de su pensión de
cesantía, mediante la Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el
Expediente N.° 278-93-AA/TC, expedida el once de agosto de mil novecientos
noventa y siete, se declaró improcedente una anterior demanda de amparo, razón por
la que la suspensión del pago de dicha pensión no constituye un acto
arbitrario, sino que se ajusta a derecho.
La Oficina de
Normalización Previsional contesta la demanda y propone la excepción de falta
de agotamiento de la vía administrativa, agrega que no sólo basta el
requerimiento por carta notarial, sino que también se debe cumplir con lo
señalado en el artículo 27º de la Ley N.º 23506. Asimismo, refiere que la
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú no
establece ningún mandato a la administración para el pago de pensiones; y que
tampoco se configura el incumplimiento de la Segunda Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.º 26835, toda vez que las
resoluciones emitidas por Enace respecto al demandante, están amparadas por el
Decreto Legislativo N.º 763 y no por el Decreto Legislativo N.º 817.
El Primer
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a
fojas ochenta, con fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho,
declaró improcedente la demanda, por considerar que el pago de la pensión de
cesantía se venía efectuando en mérito a una medida cautelar, medida que tuvo
el carácter de provisional hasta que fuera resuelto el proceso principal,
proceso que en última instancia fue declarado improcedente, en tal sentido, lo
único que hizo Enace fue suspender el pago que venía efectuando en mérito a un
fallo judicial.
La Sala
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fojas ciento treinta y siete, con fecha veintiocho de
octubre de mil novecientos noventa y ocho, que confirma la apelada en cuanto
declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante no ha
iniciado el reclamo de su pretensión en la correspondiente sede administrativa,
de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto Supremo N.º 02-94-JUS;
consecuentemente, no ha agotado la vía previa exigida por el artículo 27º de la
Ley N.º 23506. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso
Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1. Que el artículo
200° inciso 6) de la Constitución Política del Perú, concordante con la Ley N.°
26301, establece que la Acción de Cumplimiento es una garantía constitucional
que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una
norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de
ley.
2. Que, de autos se advierte que el demandante cumplió con agotar la vía previa, al haber cursado carta notarial conforme lo establece el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.° 26301.
3. Que, a través del presente proceso
constitucional, el demandante pretende que en cumplimiento de lo prescrito por
la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú
y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N.º
26835, se efectúe el pago de la pensión de jubilación y se dejen sin efecto las
decisiones administrativas que afectan su derecho reconocido.
4.
Que, a fojas cuatro de autos se advierte que mediante la Resolución N.º
700-90-ENACE-8100AD, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa,
se dispuso incorporar al demandante dentro del régimen de pensiones regulado
por el Decreto Ley N.º 20530, sin perjuicio de su régimen laboral-Ley N.º 4916,
cuando todavía se encontraba en actividad, no especificándose su fecha de ingreso
a Enace ni el tiempo de servicios que estuvo prestando bajo dicho régimen
laboral ni el período laboral prestado dentro del régimen de la Ley N.º 11377.
5.
Que la mencionada Resolución N.°
700-90-ENACE-8100AD fue declarada nula mediante la Resolución N.º 111-93-ENACE-PRES-GG
expedida el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, de fojas treinta
y tres a treinta y cinco de autos, resolución que no fue impugnada por el
demandante, razón por la que la Acción de Cumplimiento no es la vía pertinente
para obtener el restablecimiento de su derecho pensionario, puesto que la
pretensión debe ser actual y debidamente acreditada; no pudiéndose establecer
la inaplicabilidad de dicha resolución, ya que ello no es propio del presente
proceso constitucional.
Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
CONFIRMANDO
la
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento
treinta y siete, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y
ocho, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE
la Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación
en el diario oficial El Peruano y la
devolución de los actuados.
SS.
ACOSTA
SÁNCHEZ
DÍAZ
VALVERDE
NUGENT
GARCÍA
MARCELO