EXP. N.°
1175-97-AA/TC
CHICLAYO
ELIGIO ILDEFONSO ABANTO QUIROZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los diez días del
mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez,
Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo,
pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso
Extraordinario interpuesto por don Eligio Ildefonso Abanto Quiroz contra la Resolución expedida por la Sala
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha veinticuatro de octubre de mil
novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo.
ANTECEDENTES:
Don Eligio
Ildefonso Abanto Quiroz interpone demanda de Acción de Amparo contra el
Presidente Regional del CTAR-RENOM/P don César Ramal Pesantes, con la finalidad
de que deje sin efecto la Resolución Presidencial Regional N.° 123-97-CTAR-RENOM/P del veinticuatro de
marzo de mil novecientos noventa y siete, al haber conculcado sus derechos
constitucionales al trabajo, el principio de jerarquía legal y el derecho al
debido proceso, en razón a que dicha resolución resuelve el cese temporal por
seis meses sin goce de haber del demandante; el mismo manifiesta que fue
sometido a un proceso disciplinario por determinada causal, sin embargo, fue
sancionado por causales distintas a la que fue procesado, además de haber sido
procesado por órgano incompetente.
Ampara su demanda en lo dispuesto por el artículo 200° inciso 2) de la
Constitución Política del Estado, incisos 15) y 23) del artículo 2°, artículo
15°, artículo 22°, artículo 23°, artículo 24°, artículo 26°, 51° e inciso 3)
del artículo 139° de la Ley Fundamental, además de la Ley N.° 23506, Ley N.° 24029 y demás concordantes.
El demandado
contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.
Manifiesta que la sanción a la que fue sujeto el demandante se sustenta en el
hecho de no haber desvirtuado los cargos imputados en la resolución de
instauración del proceso disciplinario.
Asimismo, en la tramitación del proceso, el demandante ha hecho uso de los
medios de defensa; respecto a que éste, por su calidad de profesor, no haya
sido procesado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios del sector al que pertenece, ello no es óbice para que en los
hechos irregulares, el titular de la Dirección Regional de Educación haya
podido adoptar medidas correctivas, máxime si se tiene en cuenta que tales
irregularidades estaban plenamente determinadas aparte de estar facultado para
ello, además, dadas las circunstancias de que en las irregularidades cometidas
se hallaba comprendido un funcionario, entonces correspondía la investigación
de deslinde de responsabilidades a una comisión especial de procesos
administrativos para funcionarios, por economía procesal y unidad de criterio.
El Segundo
Juzgado de Trabajo de Chiclayo, con fecha treinta y uno de julio de mil
novecientos noventa y siete, declaró fundada la demanda, por considerar, entre
otras razones, que de autos ha quedado fehacientemente demostrado que el
demandante está comprendido dentro de la carrera docente como profesor de
carrera; consecuentemente, se encontraba bajo los alcances de la Ley N.° 24029, Ley de Profesorado, en tal sentido,
el demandante debió ser procesado ante la Comisión Permanente de la Dirección
Regional de Educación, por lo que dicho proceso al que fue sometido contraviene
lo dispuesto en el artículo 51° de la Carta Magna.
Interpuesto recurso de
apelación, la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, con fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y
siete, revoca la apelada y reformándola declara improcedente la demanda por
estimar que no se ha conculcado el derecho de defensa ya que el demandante, en
el proceso disciplinario que se le siguió, hizo uso de todos los medios de
defensa; por otro lado, señala que si bien es cierto que la ley de bases de la
carrera administrativa a la que pertenece el demandante no regula o reconoce
comisiones especiales de procesos administrativos disciplinarios para
servidores de carrera; sin embargo, el demandante se sometió a dicho proceso
sin observación alguna, de lo que se colige que dicha aceptación traía consigo
dos resultados, uno a favor y otro adverso, por lo que se establece que si
el resultado era favorable, es evidente
que el cuestionamiento no se hubiese producido. Contra esta resolución, el
demandante interpone Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1.
Que el objeto de las acciones de garantía es reponer las cosas al
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho
constitucional, tal como lo prescribe el artículo 1° de la Ley N.° 23506.
2.
Que, en el presente caso, por el transcurrir del tiempo, en el supuesto
de haber existido agresión a los derechos del demandante por la aplicación de
la sanción de cese temporal por seis meses, dicha violación se ha convertido en
irreparable; consecuentemente, se ha producido la sustracción de la materia.
3.
Que, para mayor abundamiento, este Tribunal Constitucional ya ha
establecido en reiterada jurisprudencia sobre la ética en la interposición de
las acciones de garantía, pues, en el presente caso, el demandante señala la
incompetencia del órgano por el cual fue procesado después de conocer los
resultados, es decir, se llega a establecer que si el mismo le hubiese sido
favorable, no hubiese interpuesto la presente Acción de Amparo.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las
atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley
Orgánica;
FALLA:
REVOCANDO la Resolución expedida por
la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de
fojas ciento diecisiete, su fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos
noventa y siete que revocando la apelada declaró improcedente la Acción de
Amparo reformándola declara que carece de objeto pronunciarse por haberse
producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes,
su publicación en el diario oficial El
Peruano y la devolución de los actuados.
SS.
ACOSTA
SÁNCHEZ
DÍAZ
VALVERDE
NUGENT
GARCÍA
MARCELO