AREQUIPA
DOMINGO FLORES CHOQUE
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Arequipa, a los treinta días del mes de marzo de dos
mil, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con
asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz
Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario interpuesto por don Domingo Flores
Choque contra la Resolución expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, de fojas noventa y cuatro, su fecha veintinueve de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la
Acción de Amparo.
ANTECEDENTES:
Don Domingo Flores Choque, con fecha dieciocho de agosto
de mil novecientos noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional a fin de que se abstenga de desconocer
unilateralmente y fuera de los plazos previstos por leyes vigentes en ese
entonces, su derecho de incorporación al régimen del Decreto Ley N.º 20530,
amenaza que pretende ser ejecutada mediante la interposición de una demanda de
nulidad de incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530, por
parte de la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones y Vivienda del
Gobierno Regional de Arequipa, acto administrativo contenido en la Resolución
Directoral Regional N.º 053-94-GRA/SRAI-DRV y en la Resolución Directoral
Regional N.º 192-91-GRA/DRTCV. Asimismo, solicita la suspensión de la amenaza
de violación de sus derechos fundamentales así como que se abstenga de aplicar
retroactivamente al demandante la Ley N.º 26835 y el Decreto Supremo N.º
070-98-EF y de ejercer su derecho de acción, porque su incorporación al régimen
de pensiones del Decreto Ley N.º 20530 fue efectuada aproximadamente hace diez
años.
El apoderado de
la Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda negándola y
contradiciéndola, manifestando que la presente acción es improcedente porque no
se precisa en qué consisten los derechos constitucionales amenazados, pues el
derecho de pensión al que alude tiene su origen en una norma de rango legal y
no constitucional; asimismo, no es aceptable que el iniciar la acción de
nulidad del acto de incorporación al régimen previsional del Decreto Ley N.º
20530 constituya un acto violatorio o amenaza de violación de derechos
constitucionales, pues se estaría negando el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva y, por tanto, a la potestad de administrar justicia que ejerce el
Poder Judicial.
El Juez del
Segundo Juzgado Especializado Laboral de Arequipa, a fojas cincuenta y nueve,
con fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, declara
improcedente la Acción de Amparo, por considerar entre otras razones “[...] que
si bien es cierto que no es factible un desconocimiento unilateral fuera de los
plazos establecidos por ley, es procedente que ello sea determinado en un
proceso judicial, siendo que el inicio de una acción judicial ante el órgano
jurisdiccional, sea de naturaleza que fuere, no constituye una amenaza de
violación de derechos constitucionales [...]”.
La Sala Laboral
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a fojas noventa y cuatro, con
fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, confirma la
apelada, por considerar principalmente “[...] que en el caso sub-litis el
demandante pretende conseguir ‘a priori’ algo que sólo puede ser resuelto
después de un debido proceso, y la amenaza a la que se refiere no está
configurada, pues lo que pretende hacer la demandada tendrá que ser ventilado y
resuelto por el Poder Judicial [...]”. Contra esta Resolución, el demandante
interpone Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1.
Que conforme se aprecia del petitorio de la
demanda, el objeto de ésta se dirige a que la Oficina de Normalización
Previsional se abstenga de iniciar la acción judicial de nulidad del acto de
incorporación del demandante al régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530,
invocando la Ley N.° 26835.
2.
Que, en autos obra el Informe N.° 149-98-CTAR/PE-ST-DIRTCV.oa.pe.req.c.,
de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, dirigido al
Jefe de la Oficina de Personal de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones del CTAR-Arequipa, mediante el cual se informa respecto de la
pensión de cesantía correspondiente al demandante.
3.
Que lo contenido en el mencionado informe no
constituye amenaza de violación del derecho constitucional invocado, toda vez
que no se puede limitar ni constreñir la tutela jurisdiccional efectiva a que
tiene derecho toda personal natural o jurídica, conforme lo garantiza el inciso
3) de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, en atención al
principio de independencia de la función jurisdiccional, consagrado en el
inciso 2) de la misma, concordante con el artículo 16° de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el Tribunal ni ninguna otra autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones.
4.
Que, bajo este lineamiento, es de tenerse en
cuenta que al interior de los procesos judiciales que tienen naturaleza
contradictoria y etapa probatoria preestablecida, se resuelven con
independencia de criterio los asuntos de fondo, dentro de los alcances de la
Constitución y los principios que ésta reconoce.
5.
Que, si bien el Tribunal Constitucional
considera válido que la Oficina de Normalización Previsional puede acudir al
órgano jurisdiccional para solicitar la nulidad de las incorporaciones o
reincorporaciones dentro del Régimen Pensionario del Decreto Ley N.° 20530,
debe quedar claramente establecido que ésta deberá efectuarse dentro del marco
establecido en la Sentencia recaída en el Expediente. N.° 008-96-I/TC en la
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos del
Decreto Legislativo N.° 817, Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado, la
misma que en su fundamento treinta y dos ha establecido lo siguiente:
"[...] la prescripción es aquella institución jurídica que, mediante el
transcurso del tiempo, extingue la acción, dejando subsistente el derecho que
le sirve de base, institución cuyo concepto es plenamente aplicable tanto en
derecho público como en derecho privado, en el sentido que, si la ley otorga un
plazo dentro del cual un particular o el Estado puede recurrir ante un órgano
que tiene competencia para resolver un determinado petitorio y éste se vence,
es imposible, por esa vía obtener pronunciamiento alguno [...]"; ello, en
virtud a lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 103° de la Constitución
Política del Estado, que consagra el principio de irretroactividad de la Ley,
con excepción de la materia penal cuando es más favorable al reo.
6.
Que, dentro de tal orden de consideraciones,
debe precisarse que de conformidad con la Primera Disposición General de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional N.° 26435 "[...] Los Jueces y
Tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos".
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las
atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
CONFIRMANDO la
Resolución expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa, de fojas noventa y cuatro, su fecha veintinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo.
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los
actuados.
SS.
ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO
E.G.D.