Amandita Vásquez Guerra
En Lima, a los once días del mes de mayo de dos mil, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent
y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario interpuesto por doña Amandita Vásquez Guerra
contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha siete de
julio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de
Amparo seguida contra el Ministro del Interior y el Procurador Público del
Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía
Nacional del Perú.
ANTECEDENTES:
Doña Amandita Vásquez Guerra, con fecha treinta de octubre de mil
novecientos noventa y ocho, interpone Acción de Amparo contra el Ministro del
Interior y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la
Policía Nacional del Perú a efectos de que se declare inaplicable la Resolución
Ministerial N.° 0692-98-IN/0103, publicada el doce de agosto de mil novecientos
noventa y ocho, que la despoja de sus derechos adquiridos como capitán PNP en
situación de actividad de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y vulnera
así mismo sus derechos a la reserva judicial, debido proceso, definitividad de
las resoluciones administrativas, irrenunciabilidad de derechos,
irretroactividad de la ley e igualdad ante la ley. Solicita, por consiguiente,
que se le restituyan tales derechos sin perjuicio de su condición de asegurada
del Régimen de Pensiones Militar Policial.
La demandante especifica que no obstante haber sido incorporada en el
Escalafón de Oficiales de Servicio SFP por mandato de la Ley N.° 25066 y, en
tal virtud, habérsele otorgado la jerarquía policial referida mediante el
dictado de la Resolución Suprema N.° 0080-90-IN/SA del diecinueve de julio de mil
novecientos noventa, que le otorga el grado de capitán SS PNP; sin embargo,
mediante las resolución ministerial materia de cuestionamiento se pretende
desconocer sus derechos constitucionales al considerar como ilegal su
restitución al escalafón de oficiales. Puntualiza además que dentro del
procedimiento creado por la Ley N.° 26960, la cuestionada resolución
ministerial resulta vital teniendo como finalidad dos objetivos: Habilitar al
Ministerio del Interior para que plantée la acción contencioso-administrativa,
en el supuesto de que el afectado exprese su disconformidad mediante carta
notarial y, retirar el grado policial sin que medie sentencia judicial, en el
supuesto de que el afectado esté de acuerdo con la restitución a la condición
de empleado civil.
Contestada la demanda por el Procurador Público del Ministerio del
Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú
propone la excepción de incompetencia y niega y contradice la demanda,
principalmente en atención a que la Resolución Ministerial N.° 0692-98-IN es un
acto administrativo que operativiza lo dispuesto por normas sustantivas como
son la Ley N.° 26960, el Decreto Supremo N.° 0006-98-IN y el N.° 070-98-EF, en
cuya Séptima Disposición Complementaria Transitoria y Final Texto Único
Ordenado del Régimen Pensionario del Estado, dispone que corresponde al
Ministerio del Interior definir la situación del personal comprendido en los
artículos 1° y 2° de la Ley N.° 24173 y el artículo 62° de la Ley N.° 25066;
por ende, lo que hace dicha norma administrativa es aprobar la relación nominal
de personal de la Sanidad de Policía Nacional, en la que se detallan la
situación, categorías, así como la condición y los niveles que les
corresponden. Por otra parte, el artículo 62° de la Ley N.° 25066 deviene en
inconstitucional y antijurídico por contraponerse a la legislación policial en
los artículos 199°, 274° y 281° de la Constitución Política del Estado, el
Decreto Ley N.° 18081, el Decreto Supremo N.° 024-70-IN y el Decreto Ley N.° 18889.
Por último, la Ley N.° 26960 y su reglamento constituyen dispositivos de
carácter obligatorio, por cuanto sus normas establecen pautas procesales para
que el Estado pueda demandar judicialmente la nulidad de los grados policiales.
El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho
Público de Lima, de fojas cuarenta y tres a cuarenta y ocho, con fecha treinta
y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, declara improcedente la
excepción deducida e improcedente la demanda por considerar principalmente: Que
la excepción de incompetencia no es amparable
por cuanto si bien se ha creado un juzgado previsional para conocer y
resolver a exclusividad toda acción judicial en materia previsional que se
genere de la aplicación de la Ley N.° 26960 dentro del Distrito Judicial de
Lima, la presente demanda está dirigida a cuestionar la Resolución Ministerial
N.° 0692-98-IN/0103, por incurrir en supuesta vulneración de derechos, materia
que sí es competencia del juzgado que resuelve la presente; Que la Ley N.°
26960 no colisiona con el principio de irretroactividad de la ley ni desconoce
derechos adquiridos, sino que en su artículo 1° señala de manera genérica que
los actos administrativos contrarios a la ley son nulos, norma que guarda coherencia
con el artículo 4° del Título Preliminar del Código Civil, correspondiendo al
Poder Judicial declarar la nulidad de tales actos administrativos en cada caso
concreto, nulidad que deberá solicitarse por el Ministerio del Interior ante el
Juzgado Previsional, después de realizado el programa de regularización a que
se refieren los artículos 3° y siguientes de la ley, lo que no significa crear
un procedimiento de excepción, ya que la ley reconoce el principio de
exclusividad judicial; Que el Reglamento de la ley, Decreto Supremo N.°
006-98-IN, no transgrede ni desnaturaliza ésta, toda vez que se limita a
reglamentar el procedimiento de regularización administrativa de la situación
de personal de la Policía Nacional y tampoco viola el derecho de defensa, puesto
que su artículo 13° establece que el personal de la Sanidad PNP comprendido en
la ley, que después de publicada la resolución ministerial no aceptara la
decisión administrativa, expresará mediante carta notarial su disconformidad,
tal como lo hizo la recurrente, por lo que el Ministerio del Interior autorizó
a su Procurador Público a solicitar la resolución administrativa que otorgó a
la accionante su grado policial.
La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y tres, con fecha siete de julio de
mil novecientos noventa y nueve, confirma la apelada fundamentalmente por
considerar: Que analizados los alcances de la Ley N.° 26960, de la cual nace el
reclamo de la accionante, se aprecia que en el artículo 3° se establece la
creación de un Programa de Regularización Sanidad de la Policía Nacional del
Perú, a cargo del Ministerio del Interior, ante el cual el personal comprendido
en esta ley podrá solicitar se regularice su situación de modo voluntario,
haciéndose acreedor a los beneficios que en ella se establezca o, de lo
contrario, podrá manifestar, de conformidad con el artículo 9° y Segunda
Disposición Final y Complementaria de dicha norma, su disconformidad, lo que se
ha producido en el caso, correspondiendo, en consecuencia, el conocimiento de
los presentes autos a los Jueces Previsionales, quienes deberán pronunciarse
respecto de la legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos que
conceden grado o jerarquía policial así como respecto al régimen que reclama la actora, circunstancia que
permite arribar a la conclusión de que no se configura ninguna afectación de
derechos constitucionales. Contra esta Resolución, la demandante interpone
Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1. Que,
conforme aparece del petitorio contenido en la demanda interpuesta, el objeto
de ésta se dirige a que no se aplique, al caso de la demandante, los efectos de
la Resolución Ministerial N.° 0692-98-IN/0103, del doce de agosto de mil
novecientos noventa y ocho, por considerar que la misma vulnera sus derechos
constitucionales adquiridos como capitán SS PNP en situación de actividad de la
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como la reserva judicial, el debido
proceso, la definitividad de las resoluciones administrativas, la
irrenunciabilidad de derechos, la irretroactividad de la ley y la igualdad ante
la ley. En tal sentido, solicita que se le restituyan sus derechos sin
perjuicio de su condición de asegurada del Régimen de Pensiones Militar
Policial.
2. Que,
no cabe amparar la excepción de incompetencia por cuanto en el presente caso el
petitorio se basa en la violación o amenaza de violación de derechos
constitucionales.
3. Que,
precisadas las consideraciones precedentes e ingresando al análisis de las
cuestiones de fondo que entraña el presente proceso, este Tribunal, observando
los precedentes sentados en la ratio
decidendi de sentencias expedidas dentro de causas similares, estima que la
demanda interpuesta resulta plenamente legítima en términos constitucionales,
habida cuenta de haberse acreditado, como se verá enseguida, la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de reclamo.
4. Que,
en efecto, al amparo de la Ley N.° 26960 o Ley de Regularización de la
Situación del Personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú fue
expedida la cuestionada Resolución Ministerial N.° 0692-98-IN/0103, publicada
el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la misma que, empero,
ubicó a la demandante en la condición de empleada civil en actividad del
servicio de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, al igual como en su
momento lo hizo la Resolución Ministerial N.° 0503-97-IN-010102000000 del tres
de junio de mil novecientos noventa y siete.
5. Que el
procedimiento utilizado por la Resolución Ministerial N.° 0692-98-N/0103 y cuya
inaplicabilidad se solicita mediante el presente proceso constitucional ha
vulnerado los derechos adquiridos por la demandante al amparo de la Resolución
Suprema N.° 0080-90-IN/SA, del diecinueve de julio de mil novecientos noventa,
que, de conformidad con la Ley N.° 25066, le otorgó el escalafón de Oficial del
Servicio de Sanidad de las Fuerzas Policiales en el grado de capitán,
constituyendo incluso una reiteración de la transgresión acontecida con motivo
de la Resolución Ministerial N.° 0503-97-IN-010102000000 que, como se ha puesto
de manifiesto en la ratio decidendi
de la Sentencia emitida en el Expediente N.° 1106-98-AA/TC, no puede pasar
inadvertida para este Supremo Intérprete de la Constitución.
6. Que
este mismo Tribunal, igualmente, ha dejado claramente establecido que el hecho
de aprobarse relaciones nominales de personal de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, asignándose nuevas categorías, condiciones y niveles, y, en
el caso de la demandante, otorgándole el nivel de servidor público
administrativo en manifiesto desconocimiento de su condición de capitán, supone
una afectación evidente de su status
remunerativo, lo que incluso resulta especialmente arbitrario, cuando, para
tomar dicha decisión, no se ha respetado en momento alguno el principio de
jerarquía normativa, habida cuenta de haberse desconocido mediante simple
resolución ministerial los derechos reconocidos mediante resolución suprema.
7. Que,
por otra parte, la Resolución Ministerial N.° 0692-98-IN/0103 fue expedida
fuera de todos los términos y condiciones que señala la ley para la
modificación o nulidad de las resoluciones administrativas, vulnerando con ello
la cosa decidida representada por la Resolución Suprema que otorgó su grado a
la demandante. En todo caso, la entidad demandada debió acudir al Órgano
Judicial, a efectos de solicitar en vía jurisdiccional la declaración de
nulidad del acto administrativo que consideraban cuestionable, de conformidad
con el artículo 2° de la Ley N.° 26960 y en concordancia con el artículo 174°
de la Constitución Política del Estado, que establece que los derechos
correspondientes a los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones
propias a las jerarquías de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú, sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia
judicial.
8. Que,
por consiguiente, y habiéndose acreditado la transgresión de los derechos
constitucionales reclamados, resultan de aplicación los artículos 1°, 3°, 7°,
9°, 24° incisos 2), 16) y 22) de la Ley N.° 23506 y el artículo 26° de la Ley
N.° 25398, en concordancia con los artículos 1°, 2° inciso 2), 3°, 103°, 139°
incisos 3) y 14) y 174° de la Constitución Política del Estado. Por el
contrario, y al no haberse acreditado actitud o intención dolosa de parte de
quien representa la entidad demandada, no resulta de aplicación el artículo 11°
de la Ley N.° 23506.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
FALLA:
REVOCANDO la Resolución expedida por la
Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento treinta y dos, su fecha siete de
julio de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada, declaró
improcedente la excepción de incompetencia e improcedente la demanda;
reformándola declara infundada la citada excepción y FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, inaplicable a doña
Amandita Vásquez Guerra la Resolución Ministerial N.° 0692-98-IN/0103 del doce
de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Ordena se restituya a la citada
demandante al Escalafón de Oficiales de la Sanidad de la Policía Nacional del
Perú en el grado de Capitán, respetándose sus derechos y beneficios que en tal
condición le pudieran corresponder. Dispone la notificación a las partes, su
publicación en el diario oficial El
Peruano y la devolución de los actuados.
SS.
ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO
Lsd