LIMA
ANÍBAL
ADONIS DÍAZ RISCO
En Lima, a los once días del mes de mayo de dos mil,
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con
asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz
Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso
Extraordinario interpuesto por don Aníbal Adonis Díaz Risco contra la
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento
cincuenta y dos, su fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y
nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo.
ANTECEDENTES:
Don Aníbal Adonis
Díaz Risco, con fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho,
interpone Acción de Amparo contra el
Ministro del Interior, general de división José Villanueva Ruesta, a fin de que
se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.° 1080-97-IN-PNP, de fecha
dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que declaró improcedente
el pedido de nulidad planteado contra la Resolución Directoral N.°
1743-94-DGPNP/DIPER, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro, mediante la cual se desestima su solicitud de reingreso a la
situación de actividad como suboficial de primera PNP; asimismo, para que se
declare la no aplicación de la Resolución Directoral N.° 1223-95-DGPNP/DIPER,
de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y cinco, que desestima por
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
Directoral N.° 1743-94-DGPNP/DIPER, y de la Resolución Directoral N.°
4906-92-DGPNP/DIPER, de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y
dos, que dejó sin efecto la Resolución Directoral N.°
3109-91-DIPER-PNP/PS.D2.1, de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos
noventa y uno, que lo pasó de la situación de actividad a la de disponibilidad
a su solicitud, con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y
uno, debiendo disponerse su reincorporación a la situación de actividad con el
grado de suboficial de primera PNP y que se le reconozca como servicios
prestados el tiempo que se encuentra fuera de la institución, así como las
remuneraciones dejadas de percibir y demás derechos y beneficios inherentes a
su grado, por haberse violado el derecho de no ser discriminado en ninguna de
las formas, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho de petición y el
derecho de defensa.
El Procurador
Público del Ministerio de Interior a cargo de los asuntos judiciales de la
Policía Nacional del Perú contesta la demanda y propone las excepciones de
falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad; asimismo, depone
principalmente que “[...] al pasar a la situación de disponibilidad por medida
disciplinaria al accionante, se procedió conforme a lo dispuesto por el
artículo 168° de la Carta Magna, artículo 40° del Decreto Legislativo N.° 745,
concordante con los artículos 90°
inciso f), 96° y 99° del Reglamento de Régimen Disciplinario PNP”.
El Primer Juzgado
Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas
ciento seis, con fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y
ocho, declaró infundadas las
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y
fundada la Acción de Amparo, considerando, principalmente, que “[...] de fojas
treinta y ocho a cuarenta se observa que el SO1 PNP Alcalde Pairazanan igualmente incurrió “en medida
disciplinaria” (sic), habiendo sido procesado por los delitos señalados a fojas
treinta y nueve para luego ser reincorporado a la situación de actividad,
siendo similar al caso del actor, puesto que actuar en contrario se trasgrede
el artículo 2°, inciso 2) de la Carta Magna, toda vez que ello viola la
igualdad que tiene toda persona ante la ley, dado a que no se aplica la misma
medida al accionante, mereciendo amparo la presente pretensión”.
La Sala Corporativa
Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia
de Lima, a fojas ciento cincuenta y dos, con fecha veintinueve de abril de mil
novecientos noventa y nueve, revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo,
considerando, principalmente, que “[...] se arriba a la convicción de que el
proceso de amparo no resulta idóneo para ventilar o modificar decisiones
producidas en trámites ordinarios, sean administrativos o jurisdiccionales,
pues para ello existen otras vías y mecanismos para discutir y establecer
situaciones concretas frente a circunstancias oponibles que no son propias de
la sede constitucional que resulta excepcional y cuyo fin es reponer las cosas
al estado anterior de la afectación de derechos inobjetables”. Contra esta
Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1.
Que, conforme se aprecia
en el petitorio contenido en la demanda, el demandante pretende la no
aplicación en su caso de la Resolución Ministerial N.° 1080-97-IN-PNP, de fecha
dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la Resolución Directoral
N.° 1223-95-DGPNP/DIPER, de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y
cinco, y la Resolución Directoral N.° 4906-92-DGPNP/DIPER, de fecha treinta de
octubre de mil novecientos noventa y dos, así como su reincorporación a la
situación de actividad con el grado de suboficial de primera PNP, y el
reintegro de sus remuneraciones, bonificaciones y demás derechos dejados de
percibir desde la supuesta violación de sus derechos constitucionales.
2.
Que, en lo que respecta
al término dentro del cual se ha promovido la demanda constitucional se aprecia
que la postulación de la acción de
garantía se realizó el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y
ocho, no obstante que las resoluciones cuestionadas fueron expedidas en los
años mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y cinco y mil
novecientos noventa siete, esto es, desde el tiempo transcurrido de la supuesta
afectación de los derechos constitucionales del demandante hasta la interposición
de esta acción de garantía, se aprecia que se ha incurrido en caducidad al
haberse superado en exceso el plazo de sesenta días hábiles que prevé el
artículo 37° de la Ley N.° 23506, lo que resulta incompatible con la
característica urgencia de tutela que los justiciables demandan para la
protección de sus derechos constitucionales.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en
uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y
su Ley Orgánica;
FALLA:
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa
Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas ciento cincuenta y dos, su fecha veintinueve de abril de mil
novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE
la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el
diario oficial El Peruano y la devolución de los autos.
SS.
ACOSTA
SÁNCHEZ
NUGENT
GARCÍA
MARCELO