Susana Carmela Díaz Guerra
En Lima, a los once días del mes de mayo de dos mil, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent
y García Marcelo, pronuncia sentencia:
ASUNTO:
Recurso Extraordinario interpuesto por doña Susana Carmela Díaz Guerra
contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha siete de
julio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de
Amparo.
ANTECEDENTES:
Doña Susana Carmela Díaz Guerra, con fecha veintiuno de setiembre de mil
novecientos noventa y ocho, interpone Acción de Amparo contra el Ministro del
Interior y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio del Interior a efectos de que se declare inaplicable la Resolución
Ministerial N.° 0691-98-IN/0103, publicada el doce de agosto de mil novecientos
noventa y ocho, que la despoja de sus derechos adquiridos, especialmente los
pensionarios como comandante en situación de retiro de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú y vulnera así mismo su derecho a la igualdad ante la ley y
los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley y de seguridad
jurídica .
La demandante especifica que no obstante haber sido restituida en el
Escalafón de Oficiales de Servicio SFP por mandato de la Ley N.° 24173 y, en
tal virtud, habérsele otorgado la jerarquía policial referida mediante la
Resolución Suprema N.° 0350-89-IN/DM del veintiséis de octubre de mil
novecientos ochenta y nueve, que le otorga el grado de Comandante (r), mediante
la resolución ministerial materia de cuestionamiento se pretende desconocer sus
derechos constitucionales por considerar como ilegal su restitución al
escalafón de oficiales. Puntualiza que la citada Resolución Ministerial N.°
0691-98-IN/0103 tiene como antecedentes los decretos de urgencia N.° 029-97,
N.° 030-97 y N.° 031-97, ambas del dos de abril de mil novecientos noventa y
siete, mediante las cuales se declaraban nulas todas las resoluciones supremas
otorgadas al personal policial de la sanidad, decretos que fueron declarados
inaplicables por el Poder Judicial e incluso posteriormente derogados; sin
embargo, han sido reemplazados por la Ley N.° 26690 o Ley de Regularización de
la Situación del Personal de la Sanidad de la Policía Nacional, bajo cuyo
amparo se ha expedido justamente la resolución cuya no aplicación se solicita
en la presente vía.
Contestada la demanda por el Procurador Público del Ministerio del
Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, se
proponen las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía
previa y se niega y contradice lo reclamado, principalmente en atención a que
la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN es un acto administrativo que
operativiza lo dispuesto por normas sustantivas como son la Ley N.° 26690, el
Decreto Supremo N.° 0006-98-IN y el Decreto Supremo N.° 070-98-EF, en cuya
Séptima Disposición Complementaria Transitoria y Final, Texto Único Ordenado
del Régimen Pensionario del Estado, dispone que corresponde al Ministerio del Interior
definir la situación del personal comprendido en los artículos 1° y 2° de la
Ley N.° 24173 y el artículo 62° de la Ley N.° 25066; por ende, lo que hace
dicha norma administrativa es aprobar la relación nominal de personal de la
Sanidad de la Policía Nacional, en la que se detalla la situación, categorías,
condición y los niveles que les corresponden. La Ley N.° 26960 que cuestiona la
demandante pretende regularizar pues los actos administrativos que con
infracción de la Constitución Política del Estado o la ley, hayan otorgado
grados de oficiales de servicios al personal de la Sanidad de la PNP.
Finalmente, que no es cierto que con la citada norma se pretenda que las
profesionales de enfermería de la Sanidad PNP no tengan grado o jerarquía
policial, pues la misma establece el procedimiento para declarar la nulidad de
los actos administrativos, no señalando en ninguno de sus artículos el despojo
de grados y/o jerarquías policiales.
El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho
Público de Lima, a fojas sesenta y siete, con fecha treinta de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho, declara improcedentes las excepciones propuestas e
improcedente la demanda, principalmente por considerar: que la excepción de incompetencia
no es amparable por cuanto si bien se
ha creado un juzgado previsional para conocer y resolver a exclusividad toda
acción judicial en materia previsional que se genere de la aplicación de la Ley
N.° 26960 dentro del Distrito Judicial de Lima, la presente demanda está
dirigida a cuestionar la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 por
incurrir en supuesta vulneración de derechos, materia que sí es competencia del
juzgado que resuelve la presente; que tampoco es amparable la excepción de falta
de agotamiento de la vía administrativa, pues la resolución materia de la litis
ha sido expedida por un órgano que no está sujeto a subordinación jerárquica
conforme al inciso a) del artículo 8° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS
concordante con el inciso 3) del artículo 3º de la Ley N.° 23506; que la Ley
N.° 26960 y su Reglamento, Decreto Supremo N.° 006-98-IN, han sido expedidos
con la finalidad de regularizar la situación del personal de la Sanidad de la
Policía Nacional; que dentro de dicho contexto, el Ministerio del Interior
expide la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 que en su artículo 1°
resuelve aprobar la relación nominal del personal de la Sanidad de la Policía
Nacional comprendido en la ley, debiendo entenderse que el numeral segundo de
la Resolución bajo comentario es de aplicación al personal que se haya acogido
al programa de regularización, no encontrándose destinado para aquéllos que
hubiesen manifestado su disconformidad mediante carta notarial, en cuyo caso la
única autoridad competente para declarar la nulidad de los actos
administrativos que les conceden grados y jerarquías es el Poder Judicial; que
las referidas normas no vulneran los derechos invocados por la accionante,
tampoco colisionan con el principio de irretroactividad de la ley ni desconocen
sus derechos adquiridos, puesto que no declaran la nulidad de las
resoluciones supremas que le otorgan el
grado de comandante y la restituye en el Escalafón de Oficiales de la Sanidad
de la Policía Nacional del Perú, lo cual corresponde únicamente disponer, de
ser el caso, al juzgado previsional después de un debido proceso.
La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la
Corte Superior de Justicia de Lima, a
fojas ciento quince, con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y
nueve, confirma la apelada fundamentalmente por considerar: que analizados los
alcances de la Ley N.° 26960 de la cual nace el reclamo del accionante, se
aprecia que en el artículo 3° se establece la creación de un Programa de Regularización
de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, a cargo del Ministerio del
Interior, ante el cual el personal comprendido en esta ley podrá solicitar que
se regularice su situación de modo voluntario, haciéndose acreedor a los
beneficios que en ella se establece o, de lo contrario, podrá manifestar, de
conformidad con el artículo 9° y Segunda Disposición Final y Complementaria de
dicha norma, su disconformidad, lo que se ha producido en el caso,
correspondiendo, en consecuencia, el conocimiento de los presentes autos a los
Jueces Previsionales, los cuales deberán pronunciarse respecto de la legalidad
y constitucionalidad de los actos administrativos que conceden grado o
jerarquía policial, así como el régimen de prestación de servicios y de pensiones
que reclama la actora, circunstancia que permite arribar a la conclusión de que
no se configura ninguna afectación de derechos constitucionales. Contra esta
Resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1. Que,
conforme aparece del petitorio contenido en la demanda interpuesta, el objeto
de ésta se dirige a que no se aplique al caso de la demandante los efectos de
la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 del doce de agosto de mil
novecientos noventa y ocho, por considerar que la misma vulnera sus derechos
constitucionales adquiridos y especialmente los pensionarios como comandante en
retiro de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como el derecho a la
igualdad ante la ley y los principios de legalidad, de irretroactividad de la
ley y de seguridad jurídica.
2. Que,
por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de
la presente acción o, en su caso, la legitimidad o no de la demanda
interpuesta, procede señalar, en primer término, que para el caso de autos no
cabe invocar la regla de agotamiento de la vía previa prevista en el artículo
27° de la Ley N.° 23506 por cuanto las resoluciones ministeriales sólo pueden
ser recurridas en aquellos casos que la ley explícitamente lo impone, conforme
lo dispone el artículo 37° del Decreto Legislativo N.° 560, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, y no en situaciones como la presente, en que se trata de la
última instancia en la vía administrativa. Por otra parte, tampoco cabe alegar
la situación de caducidad prevista en el artículo 37° de la Ley N.° 23506, pues
los actos que se juzgan como violatorios de los derechos de la demandante
tienen el carácter de continuados, por lo que, resulta de aplicación el
artículo 26º de la Ley N.° 23598.
3. Que,
precisadas las consideraciones precedentes e ingresando en el análisis de las
cuestiones de fondo que entraña el presente proceso, este Tribunal
Constitucional, observando los precedentes sentados en la ratio decidendi de sentencias expedidas dentro de causas similares,
estima que la demanda interpuesta resulta plenamente legítima en términos
constitucionales, habida cuenta de haberse acreditado, como se verá, la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de reclamo.
4. Que,
en efecto, al amparo de la Ley N.° 26690 o Ley de Regularización de la
situación del personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, fue
expedida la cuestionada Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103, publicada
el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Esta última ubicó a la demandante
en la condición de empleada civil cesante del servicio de la Sanidad de la
Policía Nacional del Perú, conforme consta de fojas catorce a dieciséis de los
autos, al igual como en su momento lo hizo la Resolución Ministerial N.°
0504-IN-010102000000, del tres de junio de mil novecientos noventa y siete, y
que, por otra parte, dio origen a que otras afectadas promovieran con
anterioridad diversas acciones de amparo, cuyo resultado les fue favorable, tal
como se acredita de fojas cuatro a ocho y vuelta de los autos.
5. Que el
procedimiento utilizado por la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/DN, cuya
inaplicabilidad se solicita mediante el presente proceso constitucional, ha
vulnerado los derechos adquiridos por la demandante al amparo de la Resolución
Suprema N.° 0350-89-IN/DM de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos
ochenta y nueve, que, de conformidad con la Ley N.° 24173, le otorgó el
escalafón de Oficial del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Policiales en el
grado de comandante (r), constituyendo incluso una reiteración de la
transgresión acontecida con motivo de la Resolución Ministerial N.°
0504-97-IN-010102000000 que como se ha puesto de manifiesto en la ratio decidendi de la sentencia emitida
en el Expediente N.° 1106-98-AA/TC, no puede pasar desapercibida para el
Tribunal Constitucional.
6. Que
este mismo Tribunal, igualmente, ha dejado claramente establecido que el hecho
de aprobarse relaciones nominales de personal de la Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, asignándose nuevas categorías, condiciones y niveles, y, en
el caso de la demandante, otorgándole el nivel de servidor público
administrativo, en manifiesto desconocimiento de su condición de comandante,
supone una afectación evidente de su status
pensionario, lo que incluso resulta especialmente arbitrario cuando para tomar
dicha decisión no se ha respetado en momento alguno el principio de jerarquía
normativa, habida cuenta de haberse desconocido mediante simple resolución
ministerial los derechos reconocidos mediante resolución suprema.
7. Que,
por otra parte, la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/103 fue expedida fuera
de todos los términos y condiciones que señala la ley para la modificación o
nulidad de las resoluciones administrativas, vulnerando con ello la cosa
decidida representada por la resolución suprema que otorgó su grado a la
demandante. En todo caso, la entidad demandada debió acudir al órgano judicial
a efectos de solicitar en vía jurisdiccional la declaración de nulidad del acto
administrativo que considera cuestionable, de conformidad con el artículo 2° de
la Ley N.° 26690 y en concordancia con el artículo 174° de la Constitución
Política del Estado, que establece que los derechos correspondientes a los
grados u honores, las remuneraciones y las pensiones propias de las jerarquías
de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, sólo
pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.
8. Que,
por consiguiente, y habiéndose acreditado la transgresión de los derechos
constitucionales reclamados, resultan de aplicación los artículos 1°, 3°, 7°,
9°, 24° incisos 2), 16) y 22) de la Ley N.° 23506 y el artículo 26° de la Ley
N.° 25398, en concordancia con los artículos 1°, 2° inciso 2), 3°, 103°, 139°
incisos 3) y 14) y 174° de la Constitución Política del Estado. Por el
contrario, y al no haberse acreditado actitud o intención dolosa de parte de
quien representa la entidad demandada, no resulta de aplicación el artículo 11°
de la Ley N.° 23506.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las
atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley
Orgánica;
FALLA:
REVOCANDO la Resolución expedida por la
Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento quince, su fecha siete de julio
de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada, declaró
improcedente la demanda; reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo interpuesta y, en consecuencia, no
aplicable a doña Susana Carmela Díaz Guerra la Resolución Ministerial N.°
0691-98-IN/0103 del doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Dispone
la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los
actuados.
SS.
ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO
Lsd