Exp. N.° 1055-99-AA/TC

Lima

Julia Norma Hurtado Leo

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los doce días del mes de enero de dos mil, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

 

ASUNTO:

 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Julia Norma Hurtado Leo contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha siete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

 

ANTECEDENTES:

 

Doña Julia Norma Hurtado Leo, con fecha tres de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, interpone Acción de Amparo contra el Ministro del Interior y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior a efectos de que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 publicada el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que la despoja de sus derechos adquiridos, especialmente de los pensionarios como comandante en situación de retiro de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y vulnera así mismo su derecho a la igualdad ante la ley y los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica.

 

La demandante especifica que no obstante haber sido restituida en el Escalafón de Oficiales de Servicio SFP por mandato de la Ley N.° 24173 y en tal virtud habérsele otorgado la jerarquía policial referida mediante el dictado de las Resolución Suprema N.° 0092-88-IN/DM del dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, que le otorga el grado de comandante y la Resolución Directoral N.° 0596-92-IN-SPNP/DIRPER del veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos que le asigna una nueva Cédula de Pensión de Retiro Renovable de acuerdo con su grado; sin embargo, mediante las resolución ministerial materia de cuestionamiento se pretende desconocer sus derechos constitucionales al considerar como ilegal su restitución al escalafón de oficiales. Cabe puntualizar que la citada Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 tiene como antecedente el Decreto de Urgencia N.° 029-97 del dos de abril de mil novecientos noventa y siete por el que se declaraban nulas todas las resoluciones supremas otorgadas al personal policial de la sanidad, decreto que fue posteriormente derogado, pero que, sin embargo, ha sido reemplazado por la Ley N.° 26690 o Ley de Regularización de la situación del Personal de la Sanidad de la Policía Nacional, bajo cuyo amparo se ha expedido justamente la resolución cuya no aplicación se solicita en la presente vía.

 

Contestada la demanda por el Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, se proponen las excepciones de competencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa y se niega y contradice lo reclamado, principalmente en atención a que la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN es un acto administrativo que operativiza lo dispuesto por normas sustantivas como son la Ley N.° 26690, el Decreto Supremo N.° 0006-98-IN y el Decreto Supremo N.° 070-98-EF, en cuya Séptima Disposición Complementaria, Transitoria y Final, Texto Único Ordenado del Régimen Pensionario del Estado, dispone que corresponde al Ministerio del Interior definir la situación del personal comprendido en los artículos 1° y 2° de la Ley N.° 24173 y el artículo 62° de la Ley N.° 25066; por ende, lo que hace dicha norma administrativa es aprobar la relación nominal del personal de la Sanidad de Policía Nacional, en la que se detallan la situación, categorías, así como la condición y los niveles que les corresponden. La Ley N.° 26960, que cuestiona la demandante, pretende regularizar pues los actos administrativos que con infracción de la Constitución o la ley, hayan otorgado grados de oficiales de servicios al personal de la Sanidad de la PNP. Finalmente, no es cierto que con la citada norma se pretenda que las profesionales de enfermería de la Sanidad PNP no tengan grado o jerarquía policial, pues la misma establece el procedimiento para declarar la nulidad de los actos administrativos, no señalando en ninguno de sus artículos el despojo de grados o jerarquías policiales.                     

 

Con posterioridad a la contestación de la demanda, la demandante señala que mediante la Resolución Ministerial N.° 0897-98-IN-0101 publicada el siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se ha dispuesto que el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la Policía Nacional inicie las acciones judiciales respectivas solicitando que se declare la nulidad del grado policial otorgado a su persona (entre otros casos) e incluso para que se le obligue a devolver los haberes, pensiones y bonificaciones percibidas en su condición de oficial de la Sanidad de las Fuerzas Policiales más los intereses devengados, entre otros.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, de fojas setenta y uno a setenta y seis,  con fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, declara improcedentes las excepciones propuestas e improcedente la demanda, principalmente por considerar: Que la excepción de incompetencia no es amparable,  por cuanto, si bien se ha creado un juzgado previsional para conocer y resolver a exclusividad toda acción judicial en materia previsional que se genere de la aplicación de la Ley N.° 26960 dentro del distrito judicial de Lima, la presente demanda está dirigida a cuestionar la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 por incurrir en supuesta vulneración de derechos, materia que sí es competencia del juzgado que resuelve la presente; Que tampoco es amparable la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, pues la resolución materia de la litis ha sido expedida por un órgano que no está sujeto a subordinación jerárquica conforme al inciso a) del artículo 8° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS concordante con el inciso 3) del artículo 3) de la Ley N.° 23506; Que la Ley N.° 26960 y su Reglamento, Decreto Supremo N.° 006-98-IN, han sido expedidos con la finalidad de regularizar la situación del personal de la Sanidad de la Policía Nacional; Que, dentro de dicho contexto, el Ministerio del Interior expide la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 que en su artículo 1° resuelve aprobar la relación nominal  del personal de la Sanidad de la Policía Nacional comprendido en la ley, debiendo entenderse que el numeral segundo de la Resolución bajo comentario es de aplicación al personal que se haya acogido al programa de regularización, no encontrándose destinado para aquéllos que hubiesen manifestado su disconformidad mediante carta notarial, en cuyo caso la única autoridad competente para declarar la nulidad de los actos administrativos que les conceden grados y jerarquías es el Poder Judicial; Que las normas glosadas no vulneran los derechos invocados por la accionante, tampoco colisionan con el principio de irretroactividad de la ley ni desconocen sus derechos adquiridos, en tanto no declaran la nulidad de las resoluciones supremas que le otorgan el grado de comandante y la restituye en el escalafón de oficiales de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, lo cual corresponde únicamente disponer, de ser el caso, al juzgado previsional después de un debido proceso.

 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte  Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cuarenta y tres, con fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, confirma la apelada fundamentalmente por considerar: Que la resolución cuestionada tiene como base legal la Ley N.° 26960 y su Reglamento, el Decreto Supremo N.° 006-98-IN, dispositivos que disponen la nulidad de todos aquellos actos administrativos que, con infracción de la ley o la Constitución, hayan otorgado o incorporado a jerarquía y grados de oficiales de servicios y de subalternos al personal de la Sanidad de la Policía Nacional; Que lo señalado está en concordancia con el artículo 274° de la Constitución Política de 1979 y el 168º de la Norma Fundamental actual; Que la controversia suscitada respecto a si la obtención de grado o jerarquía constituye derecho adquirido, debe resolverse tomando en consideración que la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley N.° 26960 ha modificado los artículos 109° y 110° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales y Procedimientos Administrativos referidos a la imprescriptibilidad del plazo de la administración para interponer acción de nulidad ante el Poder Judicial. Contra esta Resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

 

FUNDAMENTOS:

1.      Que, conforme aparece del petitorio contenido en la demanda interpuesta, el objeto de ésta se orienta a que se inaplique al caso de la demandante los efectos de la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 del doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por considerar que las misma vulnera sus derechos constitucionales adquiridos y especialmente los pensionarios como comandante en retiro de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como el de la igualdad ante la ley y los principios de legalidad,  de  irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica.

 

2.      Que, por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción o, en su caso, la legitimidad o no de la demanda interpuesta, procede en primer término señalar que para el caso de autos no cabe invocar la regla de agotamiento de la vía previa prevista en el artículo 27° de la Ley N.° 23506, por cuanto las resoluciones ministeriales sólo pueden ser recurridas en aquellos casos que la ley explícitamente lo imponga, conforme lo dispone el artículo 37° del Decreto Legislativo N.° 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y no en situaciones como la presente, en que se trata de la última instancia en la vía administrativa. Tampoco cabe alegar la situación de caducidad prevista en el artículo 37° de la Ley N.° 23506, pues los actos que se juzgan como violatorios de los derechos de la demandante tienen el carácter de continuados, de donde, por el contrario, resulta de aplicación el artículo 26º de la Ley N.° 23598.

 

3.      Que, precisadas las consideraciones precedentes e ingresando al análisis de las cuestiones de fondo que entraña el presente proceso, este Tribunal, observando los precedentes sentados en la ratio decidendi de sentencias expedidas dentro de causas similares, estima que la demanda interpuesta resulta plenamente legítima en términos constitucionales, habida cuenta de haberse acreditado, como se verá enseguida, la vulneración de los derechos fundamentales objeto de reclamo.

 

4.      Que, en efecto, al amparo de la Ley N.° 26690 o Ley de Regularización de la situación del personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, fue expedida la cuestionada Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 publicada el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Esta última, empero, ubicó a la demandante en la condición de empleada civil cesante del servicio de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (de fojas quince a dieciocho de los autos), al igual como lo hizo en su momento la Resolución Ministerial N.° 0504-IN-010102000000 del tres de junio de mil novecientos noventa y siete, y que, por otra parte, dio origen a una Acción de Amparo anterior, cuyo resultado fue favorable al demandante, tal como se acredita de fojas diecinueve a veintiséis de los autos.

 

5.      Que el procedimiento utilizado por la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/DN, y cuya inaplicabilidad se solicita mediante el presente proceso constitucional, ha vulnerado los derechos adquiridos por la demandante al amparo de la Resolución Suprema N.° 0092-88-IN/DM del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que, de conformidad con la Ley N.° 24173, le otorgó el escalafón de Oficial del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Policiales en el grado de comandante, constituyendo incluso una reiteración de la transgresión acontecida con motivo de la Resolución Ministerial N.° 0504-97-IN-010102000000 que como se ha puesto de manifiesto en la ratio decidendi de la sentencia emitida en el Expediente N.° 1106-98-AA/TC, no puede pasar desapercibida para este Tribunal.

 

6.      Que este mismo Tribunal, igualmente, ha dejado claramente establecido que el hecho de aprobarse relaciones nominales de personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, asignándose nuevas categorías, condiciones y niveles, y en el caso de la demandante, otorgándole el nivel de servidor público administrativo en manifiesto desconocimiento de su condición de comandante, supone una afectación evidente de su status, pensionario, lo que incluso resulta especialmente arbitrario, cuando para tomar dicha decisión no se ha respetado en momento alguno, el principio de jerarquía normativa, habida cuenta de haberse desconocido mediante simple Resolución Ministerial los derechos reconocidos mediante Resolución Suprema.

 

7.      Que, por otra parte, la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/103 fue expedida fuera de todos los términos y condiciones que señala la ley para la modificación o nulidad de las resoluciones administrativas, vulnerando con ello la cosa decidida representada por la Resolución Suprema que otorgó su grado a la demandante. En todo caso, la entidad demandada debió acudir al Órgano Judicial a efectos de solicitar, en vía jurisdiccional, la declaración de nulidad del acto administrativo que consideraban cuestionable, de conformidad con el artículo 2° de la Ley N.° 26690 y en concordancia con el artículo 174° de la Constitución Política del Estado, que establece que los derechos correspondientes a los grados u honores, y las pensiones propios de las jerarquías de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.

 

8.      Que, por consiguiente, y habiéndose acreditado la transgresión de los derechos constitucionales reclamados, resultan de aplicación los artículos 1°, 3°, 7°, 9°, 24° incisos 2), 16) y 22) de la Ley N.° 23506 y el artículo 26° de la Ley N.° 25398, en concordancia con los artículos 1°, 2° inciso 2), 3°, 103°, 139° incisos 3) y 14) y 174° de la Constitución Política del Estado. Por el contrario, y al no haberse acreditado actitud o intención dolosa de parte de quien representa la entidad demandada, no resulta de aplicación el artículo 11° de la Ley N.° 23506.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

 

FALLA:

 

REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cuarenta y tres, su fecha siete de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo interpuesta y, en consecuencia, inaplicable a doña Julia Norma Hurtado Leo la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103 del doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

ACOSTA SÁNCHEZ

DÍAZ VALVERDE

NUGENT

GARCÍA MARCELO

 

 

 

 

Lsd