Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Nolasco Santillán Fernández contra la Sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos treinta y cuatro, su fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

El demandante interpone acción de amparo contra el Supremo Gobierno en las carteras de Educación y de Economía y Finanzas y contra la Dirección de la Unidad de Servicios Educativos N.º 03 de San Miguel- Lima, con el objeto de que se cumplan con pagar su remuneración íntegra, en su condición de docente del Estado, incluyendo la remuneración total permanente, la bonificación especial por costo de vida, la bonificación extraordinaria por escolaridad, los aguinaldos por Fiestas Patrias y otros beneficios y goces; y que se le reintegren sus remuneraciones desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Por último, solicita que la Directora de la Unidad de Servicios Educativos demandada, suspenda toda acción de descuento de sus remuneraciones por supuestos pagos indebidos, y levante el bloqueo de la Cuenta de Ahorros N.º 4-098-951216 del Banco de la Nación.

El demandante manifiesta que tiene la condición de cesante como servidor público administrativo del Ministerio de Educación y, amparado en lo dispuesto en los artículos 15º y 40º de la Constitución Política del Estado, se presentó al Concurso Público convocado por el Ministerio de Educación en 1994 para cubrir plazas vacantes presupuestadas, de docentes de centros educativos del Estado. Toda vez que logró aprobar dicho examen, fue nombrado a partir del uno de abril de mil novecientos noventa y cinco como profesor I nivel magisterial, especialidad en Lengua y Literatura, a tiempo completo, con jornada laboral de veinticuatro horas, en el Colegio Nacional "General Roque Sáenz Peña" de San Miguel. Asimismo, señala que la USE demandada, en un principio, le pagó íntegramente sus remuneraciones pero que luego fue víctima de un recorte arbitrario.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación, contesta la demanda señalando que teniendo en cuenta que el demandante tiene la condición de pensionista, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 081-93-EF, Decreto de Urgencia N.º 37-94 y el Decreto Ley N.º 25761, los pensionistas que perciban dos remuneraciones o pensiones provenientes del sector público, percibirán las bonificaciones excepcionales en la pensión o remuneración de mayor monto. Por lo tanto, siendo el monto de la pensión superior al de la remuneración que percibe como docente, los conceptos reclamados por el demandante se le han asignado en su pensión y no en la remuneración como docente. Asimismo, propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas contesta la demanda proponiendo las excepciones de falta de legitimidad para obrar del Ministerio de Economía y Finanzas y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Asimismo, señala que la presente acción de garantía no es la vía idónea para ventilar la pretensión correspondiente.

El Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, declaró improcedentes las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa; fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas; fundada, en parte, la demanda y ordena la inaplicación del Decreto Ley N.º 25761, el Decreto Supremo N.º 081-93-EF y el Decreto de Urgencia N.º 37-94, ordenando que se pague al demandante la remuneración íntegra correspondiente a su función de docente de I nivel magisterial, incluyendo la remuneración total permanente, la bonificación especial por costo de vida, la bonificación extraordinaria por escolaridad, los aguinaldos por fiestas patrias y navidad y demás beneficios y bonificaciones; y declaró improcedente la demanda respecto al pago de reintegros de las remuneraciones desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

La Segunda Instancia confirmando, en parte, la apelada, declaró improcedentes las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa, fundada la excepción de falta de legitimidad del Ministerio de Economía y Finanzas; y revocaron la apelada en el extremo que declaró fundada, en parte, la demanda; y, reformándola, declaró improcedente la demanda en todos sus extremos. Contra esta Resolución, el demandante interpone recurso extraordinario.

2. Que, reclamándose de una presunta transgresión del derecho a percibir una remuneración equitativa y suficiente por el trabajo realizado, la misma que por su naturaleza tiene carácter continuado, no cabe invocar una situación de caducidad; ya que resulta aplicable el artículo 26º de la Ley N.º 25398.
3. Que la excepción de falta de legitmidad para obrar, propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, no existiendo entre el demandante y dicho Ministerio ninguna relación material, resulta procedente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

REVOCANDO, en parte, la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedentes las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa; y reformándola, declara INFUNDADAS las citadas excepciones; y, CONFIRMANDO la apelada, declara FUNDADA la excepción de falta de legitmidad para obrar propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas e INFUNDADA la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS