En Lima, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Nugent; Díaz Valverde; Acosta Sánchez; Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia sentencia.

Recurso Extraordinario, interpuesto por el Abogado Defensor don Jorge O. Muñante Cabrera a favor de su patrocinado don Julio Ernesto Perauna Peña contra la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarentiuno, su fecha catorce de agosto de dos mil, que declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus.

Doña Juana Peña Carranza de Perauna con fecha treintiuno de julio de dos mil interpone Acción de Hábeas Corpus a favor de su hijo don Julio Ernesto Perauna Peña y la dirige contra la Sala Superior Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y la Fiscalía Superior en lo Penal, a fin de solicitar su excarcelación en aplicación del Artículo 137° del Código Procesal Penal, modificado por la Ley N° 25824, ya que se encuentra detenido por más de 30 meses sin que exista sentencia que ponga termino al proceso.

Sostiene la promotora de la acción de garantía que su hijo se encuentra implicado en el proceso penal N° 9436-97 por presunta comisión del delito de tráfico ilícito de Drogas, proceso en el que no sólo existe una transgresión a la libertad individual sino una violación del derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.

Realizada la investigación sumaria, presta su manifestación el Secretario – Relator de la Sala Superior Transitoria Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, doctor Javier Antonio Zapata García Rosell, quien manifesta que el Señor Presidente de la Sala Penal Superior TID se encuentra en el Establecimiento Penal Castro Castro llevando audiencias de reos en Cárcel. En cuanto al reclamo del accionante refiere que la instrucción N° 9436-97, se encuentra para dictamen del Fiscal y que además no se ha amenazado los derechos constitucionales del afectado, habiéndose tramitando la causa en la vía regular correspondiente. Señala por último que se tenga presente lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25916 que en su artículo primero prohibe los beneficios penitenciarios y procesales de los autores en comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas diecisiete, con fecha diez de agosto de dos mil, declara improcedente la acción de Hábeas Corpus, considerando, principalmente, que en el caso materia de pronunciamiento por disposición del artículo 16° incisos a) y b) de la Ley Complementaria N.° 25398, no procede la Acción de Hábeas Corpus, cuando el recurrente tenga instrucción abierta o se halle sometido a juicio y/o detenido por orden de juez competente; asimismo agrega que de conformidad a lo estipulado en el Decreto Ley N° 25916, para los agentes de los delitos de tráfico ilícito de drogas, se mantienen las prohibiciones de beneficios penitenciarios y procesales, incluyendo el establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas cuarentiuno, con fecha catorce de agosto de dos mil, confirma la apelada, considerando principalmente que el accionante pretende que esta garantía funcione a manera de supra instancia jurisdiccional no siendo posible ello en sede constitucional y que los aspectos que se conceptuan anormales tienen que resolverse al interior del proceso mediante los recursos que la ley procesdal establece. Contra esta Resolución se interpone Recurso Extraordinario.

1. Que, conforme aparece en la Acción de Hábeas Corpus promovida por doña Juana Peña Carranza de Perauna el objeto del presente proceso constitucional es que don Julio Ernesto Perauna Peña obtenga su excarcelación, ya que hasta la fecha se encuentra detenido por más de treinta meses, constituyendo tal período de detención una transgresión del plazo previsto en el artículo 137° del Código Procesal Penal.
2. Que, por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción, procede señalar, en primer término, que, en el caso de autos, no cabe invocar la aplicación del inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.° 23506 en concordancia con los incisos a) y b) del Artículo 16° de la Ley N° 25398, pues al margen de que la persona en cuyo favor se interpone el habeas corpus se encuentre sometido a proceso penal, lo que se cuestiona en el caso materia de autos es precisamente la manifiesta irregularidad del proceso penal en el que figura como inculpado y, específicamente, los plazos de la detención previstos expresamente por la Ley, por lo que una constatación preliminar de la normatividad invocada en relación con los hechos producidos permite afirmar a este Tribunal que no se trata de un proceso regular o debido, sino de un proceso irregular lo que, en consecuencia, obliga a pronunciarse sobre el fondo y específicamente sobre los alcances del derecho que se estaría invocando mediante el presente proceso constitucional.
3. Que, en efecto, si el artículo 137° del Código Procesal Penal establece como reglas generales: a) que para casos como los del afectado, el plazo ordinario de detención no durará más de quince meses, b) que, excepcionalmente, dicho plazo podrá ser prorrogado por igual período mediante auto debidamente motivado, a solicitud del fiscal y con audiencia del interesado, y c) que, producida la prórroga sin que exista la correspondiente sentencia, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado; resulta un hecho inobjetable que: a) al haberse producido detención excediendo los períodos anteriormente referidos, b) el no existir auto motivado de prórroga luego de los quince primeros meses ni solicitud del fiscal al respecto como tampoco y, muchos menos, audiencia del afectado, y c) el no haberse decretado la libertad inmediata del afectado tras la culminación de los treinta meses de detención, obligándole, por el contrario, a que permanezca detenido ad infinitum, so pretexto de un equivocado concepto de la tramitación procesal; sólo puede significar que efectivamente se han transgredido todas las previsiones jurídicas que garantizan un proceso debido o regular, y que dicha situación ha comprometido, en particular, la eficacia o existencia de uno de aquellos derechos innominados constitucionalmente pero, a la par, consustanciales a los principios del Estado democrático de derecho y la dignidad de la persona a los que se refiere el artículo 3° de la Constitución Política del Estado, como lo es, sin duda, el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.
4. Que, en este sentido, y aún cuando el debido proceso haya sido caracterizado como un derecho hacia cuyo interior se individualizan diversas manifestaciones objetivamente reconocidas en la Constitución (cfr. Jurisdicción y procedimientos preestablecidos, derecho de defensa, instancia plural, etc.) es inevitable que dentro del mismo no se encuentra exenta la presencia del anteriormente referido plazo razonable, pues dicha variable permite asumir que el proceso no es un instrumento en sí mismo arbitrario, sino un mecanismo rodeado de elementos compatibles con la justicia. En dicho contexto, no puede pasarse por alto que al margen de que este último contenido sea consecuencia directa de los principios fundamentales ya señalados, se encuentra objetivamente incorporado en el inciso tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo texto dispone que "[...] Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal [...] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad [...]", por lo que acorde con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado cuyo texto prescribe que "[...] Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú", es deber de este Tribunal no sólo así reconocerlo sino dispensar la tutela procesal requerida para el presente caso.
5. Que, por otra parte, no puede dejar de relievarse que cuando el artículo 137° del Código Procesal Penal otorga la libertad por exceso de detención, lo que ofrece en realidad es un paliativo a la eventual injusticia ocasionada por una lentitud o ineficacia en la administración de justicia, optando por el mal menor: de que un culpable salga libre mientras espera su condena, frente al mal mayor: de que un inocente permanezca encarcelado en espera de su tardía absolución definitiva. En tales circunstancias es obvio que hacer prevalecer el derecho de todo individuo a ser juzgado en un tiempo razonable, es una forma de anteponer la persona al Estado, tal y cual lo proclama el artículo 1° de la Constitución.
6. Que, si bien el delito de tráfico ilícito de drogas constituye un hecho despreciable en la conciencia social de la población y ocasiona un daño calificado a la sociedad, debe hacerse notar que, en este caso, la comisión del delito por el afectado es un hecho aún no sentenciado, por lo que sigue vigente la presunción constitucional de su inocencia, de modo tal que al haber transcurrido más de treinta meses, conforme al documento remitido por la Oficina de Registro Penitenciario – Región Lima – del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) obrante en los autos, que verifica su internamiento el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete; y, en consecuencia, haberse vencido los plazos máximos legales de detención, se han vulnerado el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso del afectado, en los términos aquí descritos.
7. Que, bajo el contexto descrito, invocar el artículo 1° del Decreto Ley N.° 25916 del dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, como se ha hecho en la sede judicial, resulta notoriamente impertinente, pues lo que se reclama en la presente causa no es un beneficio procesal cuyo cumplimiento queda librado a la discrecionalidad del juzgador penal, sino la observancia efectiva de una norma de contenido imperativo como la establecida en el artículo 137° del Código Procesal Penal. Por otra parte, tampoco puede omitirse que el antes referido decreto ley es esencialmente una norma preconstitucional, y que al tener un mandato reñido con las disposiciones de la Constitución, es el texto constitucional el que debe prevalecer conforme al artículo 51° de la misma norma fundamental.
8. Que, por consiguiente, habiéndose acreditado la transgresión de los derechos constitucionales reclamados, resultan de aplicación los artículos 1°, 2°, 7°, 9° y 12° de la Ley N° 23506, en concordancia con los artículos 1°, 2° inciso 24), 3° y Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado, así como el inciso tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo es de aplicación el artículo 11° de la Ley N° 23506 debiendo el Juez ejecutor disponer las medidas pertinentes.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarenta y uno, su fecha catorce de agosto de dos mil, que confirmando la apelada declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus. REFORMANDOLA, declara FUNDADA la acción de Hábeas Corpus interpuesta por doña Juana Peña Carranza de Perauna debiendo disponerse la inmediata excarcelación, de don Julio Ernesto Perauna Peña (Expediente Penal N° 9436-97), sin perjuicio de adoptarse por las autoridades judiciales competentes las medidas necesarias que aseguren su presencia en el proceso penal. Resuelve la remisión por el juez ejecutor de copias certificadas de la presente sentencia al Ministerio Público y el Organo de Control de la Magistratura para que procedan conforme al artículo 11° de la Ley N° 23506, la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y la devolución de los actuados.