En Lima, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia:

Recurso extraordinario interpuesto por doña Luisa Bernui Santos viuda de Vásquez contra la Sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas ciento nueve, su fecha quince de setiembre de dos mil, que declaró improcedente el reintegro de las pensiones devengadas.

La recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables a su caso las Resoluciones N.^os 21436-DIV-PENS-SGO-GDLL-IPSS-93 y 29237-97-ONP-DC, y se dicten nuevas resoluciones con arreglo al Decreto Ley N.° 19990 y, en consecuencia, se efectúe el reintegro del monto de las pensiones devengadas de jubilación y de viudez respectivamente, dejadas de percibir durante el tiempo recortado, al aplicarse indebidamente el Decreto Ley N.° 25967, pues su cónyuge don Conversión Policarpio Vásquez Casana cesó en su actividad laboral el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, y sin embargo, mediante las resoluciones administrativas en cuestión, se aplicó con efecto retroactivo el referido Decreto Ley N.° 25967, provocando un recorte considerable en el monto de sus pensiones a cargo de la Seguridad Social que, según el artículo 10° de la Carta Magna, tienen rango constitucional.

La emplazada, absolviendo el traslado de contestación a la demanda, la niega y contradice en todos sus extremos, precisando que la misma es improcedente puesto que la demandante pretende que se le aplique retroactivamente el Decreto Ley N.° 19990 en cuanto a la forma del cálculo de la pensión, lo cual implica que, vía amparo, se le declare un derecho y no que se garantice la protección y defensa del mismo, para lo cual no es el camino procesal idóneo.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas sesenta y cuatro, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil, declaró fundada la demanda y el pago de reintegros de pensiones devengadas de jubilación y de viudez que dejó de percibir la demandante durante el tiempo de la indebida aplicación del Decreto Ley N.° 25967, por considerar, principalmente, que al haber cesado su finado esposo en su actividad laboral el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, su derecho pensionario se generó a partir del día siguiente, mientras que el decreto ley en cuestión entró en vigencia con posterioridad, y, consecuentemente, la pretensión merece la tutela jurisdiccional, por importar la objetada resolución administrativa, la conculcación del derecho a la Seguridad Social consagrado en el artículo 10° de la Carta Magna, correspondiendo disponer que la entidad emplazada dicte nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N.° 19990, y que efectúe el reintegro del monto de las pensiones devengadas de jubilación y de viudez dejadas de percibir durante el tiempo de vigencia y aplicación de dicha resolución administrativa.

La recurrida confirma en parte la apelada, declarando fundada la acción de amparo en el extremo referido a la inaplicabilidad de las resoluciones cuestionadas, y la revoca declarando improcedente el reintegro de las pensiones devengadas por considerar que, a tales efectos, el amparo no es la vía idónea, por carecer de estación probatoria, en la que corresponda establecer la certeza de los hechos que sustentan esta pretensión, como lo estableció el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 224-99-AA/TC, con mayor razón si, en el presente caso, al ordenarse que se expida nueva resolución, no se conoce aún cuál es el monto de la pensión que le corresponde percibir a la demandante.

2. Que, al respecto, este Tribunal tiene establecido que, al haber señalado el Decreto Ley N.° 25967 condiciones y requisitos diferentes para acceder a la pensión de jubilación en cuanto al tiempo de aportaciones, edad y determinación de la remuneración de referencia, con los cuales el monto de la pensión resulta más reducido que con la aplicación de las condiciones y requisitos establecidos por el Decreto Ley N.° 19990, dicho reintegro derivado legítimamente de su pensión le corresponde a la demandante.
3. Que, en consecuencia, la petición del reintegro de los devengados que solicita la demandante a fojas diez, por la aplicación ilegal del Decreto Ley N.° 25967, se encuentra arreglada a ley, según lo prescrito por los artículos N.^os 10°, 11° y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado.
4. Que no habiéndose acreditado intensión dolosa en la expedición de la resolución administrativa, no resulta de aplicación el artículo 11° de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

REVOCANDO la recurrida, en el extremo que, revocando la apelada, declaró improcedente el pago de los reintegros de las pensiones de jubilación y viudez devengadas, reformándola, declara FUNDADA en dicho extremo la Acción de Amparo; por consiguiente, procedente el pago de dichos reintegros de pensiones. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS

MF