En Lima, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento singular, adjunto, del Magistrado Aguirre Roca

Recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Fortunata Zavala Becerra, contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento noventa y cuatro, su fecha treinta y uno de enero de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

La recurrente, con fecha dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, interpuso acción de amparo contra el Ministerio del Interior, a fin de que se declare la no aplicación a su caso de la Ley N.° 26960, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta de mayo de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual se dispone la regularización de la situación del personal de la Sanidad de la Policía Nacional, cuyos efectos jurídicos vulneran sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, al honor y dignidad personal, al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y el principio de no retroactividad de la ley. Asimismo, arguye que, con fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa, se expidió la Resolución Suprema N.° 272-A/90-IN/DM, que le otorgaba el grado de Comandante del Servicio de Sanidad Policial.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú, contesta la demanda y propone las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y solicita que se la declare infundada y, de no ser así, improcedente, por la razón de que la Ley N.° 26960 tiene por objeto regularizar los actos administrativos que, con infracción de la Constitución o la ley hayan otorgado grados de oficial de servicio al personal de Sanidad de la PNP. Agrega que la demandante tenía un nivel remunerativo de Enfermera VI y, por tanto, resulta inexplicable que haya obtenido el grado de Comandante mediante la Resolución Suprema N.° 272-A-/90-IN/DM. En este mismo sentido contesta la demanda el Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo y de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien propone la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas ciento diecisiete, con fecha once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, declaró improcedentes las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar respecto de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, e improcedente la demanda, aduciendo, que la ley cuestionada no vulnera los derechos constitucionales de la demandante, sino que está referida a regularizar los actos administrativos que, en forma indebida, otorgaron beneficios al personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

1. El objeto de la presente acción de amparo es que se declare no aplicable, al caso de la demandante, la Ley N.° 26960, que vulnera, según manifiesta, sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, al honor y dignidad personal, la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos y otros, por lo que solicita la restitución de los mismos en el grado y escalafón que le corresponden como Comandante (r) del Servicio de Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
2. Es necesario advertir que la referida amenaza se materializó con la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103, de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, resolución expedida con posterioridad a la fecha de interposición de la presente demanda, por lo que corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la misma.
3. Mediante Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103, que tiene como sustento la Ley N.° 26960, se aprobó la relación nominal del personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, y se asignaron nuevas categorías, condiciones y niveles, considerándose a la demandante como personal civil, desconociendo su condición de Comandante, situación que este Tribunal considera que afecta el estado pensionario de la recurrente, máxime si, como se constata, para tomar esta decisión no se ha respetado, el principio de jerarquía normativa, ya que se han desconocido mediante simple resolución ministerial, los derechos reconocidos mediante resolución suprema, en contraposición a lo establecido en el artículo 51° de nuestra Carta Política Fundamental.
4. En estos casos, este Tribunal ha declarado la existencia de violaciones a los derechos constitucionales, siendo de aplicación a esta controversia los artículos 1°, 2° inciso 2), 3°, 103°, 139° incisos 3) y 14) y 174° de la Constitución Política del Estado; conforme lo ha entendido este Tribunal al sentenciar en el Expediente y 626-2000-AA/TC, de fecha veinticuatro de enero de dos mil uno.
5. Atendiendo a que el representante de la parte demandada no ha obrado con dolo, por lo que este Tribunal considera que no es de aplicación el artículo 11° de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

REVOCANDO en parte la recurrida, en el extremo que, confirmado la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, declara FUNDADA la acción de amparo, y, en consecuencia, no aplicable a doña Carmen Fortunata Zavala Becerra la Resolución Ministerial N.° 0691-98-IN/0103, de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, ordena se restituya a la demandante en el escalafón de Comandante de la Policía Nacional del Perú y se respete su grado alcanzado los beneficios y derechos adquiridos que en tal condición le pudiera corresponder; y la confirma en lo demás que contiene. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS

No comparto la redacción del FUNDAMENTO 5. porque a mi juicio este Tribunal no tiene atribuciones de última instancia en la materia, y sólo puede opinar al respecto. Por lo tanto, mi redacción sería la siguiente:

Respecto de la regla del artículo 11° de la Ley 23506, no apareciendo de autos que la demandada haya actuado con dolo o culpa inexcusable, la opinión de este Colegiado se inclina por su no aplicación en el caso, salvo mejor parecer, puesto que a él no le corresponde la última palabra en la materia, y menos, por tanto, la potestad de privar al justiciable "inaudita parte", de la correspondiente expectativa.

SR.

AGUIRRE ROCA