HIDALGO VICENTE SALAZAR MONTENEGRO

En Lima, a los diez días del mes de julio de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

Recurso extraordinario interpuesto por don Hidalgo Vicente Salazar Montenegro contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas ciento cuarenta, su fecha veinticinco de abril de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos, incoada contra la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque.

La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución Rectoral N.º 080-2000-CU, de fecha veintidós de noviembre de dos mil, por la que se nombró como docente al licenciado Víctor Alza Tesén, y que se ordene a la demandada cumplir con emitir la resolución de nombramiento que le corresponde. Argumenta que se ha violado los derechos de participar en la vida política, económica y social y de acceso al trabajo, al no emitir la resolución mencionada por haber obtenido el puntaje más alto en el concurso de méritos y oposición, y que, al contrario, se ha nombrado al licenciado Víctor Alza Tesén, quien resultó perdedor en dicho concurso.

El Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque señala que se procedió conforme al Reglamento de Ingreso para personal docente nombrado, específicamente el artículo 39º. Asimismo, precisa que don Víctor Alza Tesén solicitó la revisión del concurso respecto a la fase de méritos, lo que motivó la expedición de la Resolución N.º 080-2000-CU. Agrega, además, que la nulidad de una resolución se solicita a través de un proceso contencioso-administrativo.

El Juzgado Mixto de Lambayeque, con fecha veinticinco de enero de dos mil uno, declaró improcedente la demanda, considerando que de los actuados se desprende que la solicitud de nulidad se encuadra dentro de lo establecido en el inciso b) del artículo 43º del Decreto Supremo N.º 02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

1. Aun cuando el demandante haya alegado la vulneración de diversos derechos constitucionales con la expedición de la Resolución Rectoral N.° 080-2000-CU, que nombrara como ganador del concurso público de nombramiento de docentes a don Víctor Alza Tesén, el Tribunal Constitucional considera que la controversia radica, esencialmente, en determinar si, en el presente caso, se lesionó el derecho de acceder, en igualdad de condiciones, a los cargos y empleos públicos que, como contenido implícito del derecho a la igualdad ante la ley, se encuentra reconocido en el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado.

Dicho derecho, cuyo desarrollo se encuentra regulado por los artículos 1° y 3° del Convenio N.° 111 de la Organización Internacional del Trabajo, "relativo a la discriminación en materia de empleo y desocupación", garantiza que las personas no sean objeto de tratamientos arbitrarios que le impidan el acceso a tales empleos u ocupaciones, ya sea por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social o por cualquier otro tipo de actos que pretendan anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el acceso al empleo y a las diversas ocupaciones.

2. En el caso sub exámine, de los documentos obrantes de fojas dieciséis a veinticinco se advierte que en el concurso público de plazas docentes para el Departamento Académico de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, en la Plaza N.° 08, el demandante obtuvo en la evaluación de méritos 32 puntos; y en su fase de oposición, 29.77 puntos; mientras que el otro postulante, don Víctor Alza Tesén, obtuvo en la evaluación de méritos 25 puntos; en tanto que en la fase de oposición, 24.03 puntos.

No obstante ello, tras la solicitud planteada por don Víctor Alza Tesén con el objeto de que se revisara su expediente de méritos, según se desprende del Oficio N.° 025-CCCPDN-2000, obrante a fojas cincuenta y ocho, en sesión de trabajo de fecha veinticinco de julio de dos mil, la Comisión Central de Concurso de Docentes revisó los expedientes en la fase de méritos y procedió a modificar las calificaciones obtenidas por el demandante y por don Víctor Alza Tesén, al haber obtenido en la fase de mérito 30 puntos; mientras que el demandante, sólo 15.5 puntos.

3. El Tribunal Constitucional no cuestiona la competencia de la Comisión Central de Concurso de Docentes para revisar los puntajes que pudieran obtener los diversos postulantes y, de ser el caso, proceder a rectificarlos. Sin embargo, el Tribunal considera que el ejercicio de tal potestad no se puede realizar arbitrariamente. Al respecto, cabe señalar que el principio de interdicción de la arbitrariedad no sólo exige que el ejercicio de una competencia, como la revisión del puntaje obtenido en el concurso público para el nombramiento de docentes, se tenga que realizar al amparo de una norma que expresamente lo faculte –como el reglamento aprobado mediante Resolución N.° 039-2000-CU-R–, sino también que la decisión adoptada sea motivada y obedezca a razones objetivas y razonables. Motivar una decisión administrativa, en ese sentido, no es expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide un acto administrativo determinado, sino, fundamentalmente, expresar las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.
4. En el caso de autos, no se ha observado precisamente el principio antes mencionado. Si bien don Víctor Alza Tesén solicitó la revisión de su puntaje obtenido en el concurso de plazas docentes, y, aunque la demandada se encuentre facultada para revisar el contenido de sus actos; sin embargo, para que dicha modificación sea válida era preciso que, cualquiera hubiera sido la decisión finalmente adoptada, ésta se encuentre debidamente fundamentada, en particular, por cuanto implicaba dejar sin efecto la validez de los resultados originales de la evaluación de méritos del demandante y del postulante don Víctor Alza Tesén registrados en la Tabla-Acta N.° 1.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola declara FUNDADA y, en consecuencia, inaplicable la Resolución Rectoral N.° 080-2000-CU. Ordena que la emplazada realice un nuevo concurso público para cubrir la Plaza N.° 08 de Profesor Auxiliar a tiempo parcial para los cursos de Técnicas de Gestión, Empresariado, Administración General y Alta dirección I, correspondiente al Departamento Académico de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, dejando a salvo las consecuencias jurídicas que se hubieran generado durante la vigencia de la Resolución Rectoral N.° 080-2000-CU. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS