En Lima, a los veintisiete de diciembre de dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Eduardo Núñez Peña, contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas sesenta y tres, su fecha veintiocho de junio de dos mil, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

Don Francisco Eduardo Núñez Peña interpone acción de hábeas corpus por detención arbitraria, a favor de don Catalino Pérez Montalván, contra el Presidente de la Sala Penal Transitoria Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Afirma que si bien el beneficiario se halla implicado en el Proceso N.° 1754-97, por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, la medida cautelar de detención dispuesta en su contra no se condice con las circunstancias procesales favorables de su situación jurídica, tales como la declaración de nulidad expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la sentencia condenatoria dictada en su contra y el dictamen de la Fiscal Provincial de la Provincia de Mariscal Cáceres, que opina por su no responsabilidad, entre otros. Sobre la base de ello solicita la libertad del beneficiario e invoca, además, observancia de jurisprudencia del Tribunal Constitucional de sentido estimatorio, recaída en caso análogo.

El Secretario Relator del órgano jurisdiccional emplazado manifiesta que el beneficiario se halla pendiente de juzgamiento, al haberse declarado nula la sentencia que lo condenaba; que la sanción de quince años de pena privativa de la libertad solicitada por el Ministerio Público y las pruebas actuadas sustentan la medida de detención.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, de fojas diecisiete, su fecha nueve de junio de dos mil, declaró improcedente la demanda, por considerar que las anomalías deben ser impugnadas dentro del mismo proceso y que, de conformidad con el Decreto Ley N.° 25916, se mantienen las prohibiciones de beneficios procesales, incluido el establecido por el artículo 137º del Código Procesal Penal.

La recurrida, confirma la apelada, por considerar que los hechos denunciados por el accionante provienen de un proceso regular y, porque las anomalías suscitadas al interior de él deben resolverse a través de los recursos que la ley franquea.

Obra en el cuaderno del Tribunal Constitucional el Oficio N.° 5127-2001-INPE/17-01, remitido por el Director de la Oficina de Registro Penitenciario, Región Lima, del Instituto Nacional Penitenciario, de fecha veinticinco de octubre de dos mil uno, por el cual se da cuenta de que el beneficiario de la presente fue puesto en libertad, circunstancia que implica la sustracción de la materia controvertida.

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus; reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS