En Lima, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Fernando Alza Martínez, contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas doscientos quince, su fecha veintiuno de junio de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina Registral Regional, Región La Libertad, la SUNARP y el Procurador Público del Ministerio de Justicia, a fin de que se declaren inaplicables la Resolución Jefatural N.° 152-99-ORRLL/JEF, de fecha veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, que ordena el cese de sus labores por causal de excedencia, así como el Reglamento de Evaluación aprobado por Resolución N.° 161-99-SUNARP, de fecha diez de mayo del mismo año, en sus artículos 6° y en la Primera y Segunda Disposición Transitoria, por ser contrarios a la Constitución y, en consecuencia, se ordene su reposición en su puesto de trabajo y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del cese. Indica que, con fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve, fue convocado a la evaluación de personal, la que se realizó el veintidós del mismo mes y año; agrega que, posteriormente, al emitirse la resolución cuestionada, ésta no se refiere a ninguna ampliación del plazo de evaluación debido a que el reglamento establece su realización a los cuarenta y cinco días de su publicación, por lo que ésta fue realizada fuera de plazo. Sostiene, también, que durante el proceso de evaluación se han incumplido los artículos 7° y 8° del Reglamento, al aplicarse reglas de evaluación de personal especializado cuando, en su caso, se desempeña como servidor auxiliar. Manifiesta, asimismo, que la resolución jefatural no señala los resultados de la evaluación y, menos aún, éstos han sido publicados. De acuerdo con lo señalado precisa que se vulneran sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 27° de la Carta Magna, que protegen al trabajador contra el despido arbitrario, el derecho a la igualdad, a la legítima defensa y a la jerarquía de leyes.

La oficina registral, al contestar la demanda, solicita que se la declare infundada, por estimar que no existe violación de garantía constitucional y, porque los fundamentos de la demanda no corresponden a los de una acción de amparo, sino a los de una acción popular, y que el actor, al someterse voluntariamente a la evaluación, no puede cuestionarla. Asimismo, sostiene que no implica incostitucionalidad o ilegalidad la inimpugnabilidad de los resultados, porque lo que se procura es evitar dilaciones por parte del perjudicado solicitando innumerables evaluaciones, indica, también, que no existe vulneración al derecho contra el despido arbitrario, por lo que el demandante ha sido destituido por descalificación en la evaluación de personal y, en lo que se refiere al proceso de evaluación fuera de plazo, éste quedó consolidado al concurrir el actor a dicha evaluación.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, al contestar la demanda, solicita que se la declare infundada, señalando que la vía de amparo no es la idónea para impugnar resoluciones administrativas y que, mediante Ley N.° 26093, se estableció que los titulares de los ministerios e instituciones públicas descentralizadas deberán evaluar semestralmente al personal, estando autorizados para dictar normas de aplicación del referido dispositivo mediante resolución.

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil, a fojas ciento veinticinco, con fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, declara fundada en parte la demanda, en el extremo que declara inaplicable la resolución jefatural; en consecuencia, ordena la reposición al demandante en su puesto de trabajo, más el pago de remuneraciones y demás derechos dejados de percibir, e improcedente en cuanto a la pretensión sobre inaplicabilidad del reglamento de evaluación; entre sus considerandos, sostiene que ha sido vulnerado el derecho al debido proceso, por lo que, al tener el carácter de inimpugnables los resultados de evaluación, debe contemplarse la posibilidad de publicarlos.

La recurrida revocó la apelada, declarándola improcedente, por estimar que el demandante, al someterse al proceso de evaluación, no puede alegar violación de derecho constitucional alguno y al descalificar en los resultados de la evaluación, se aplicaron acertadamente las normas del reglamento.

1. No resulta amparable el argumento relativo a la exclusión de los servidores auxiliares del examen de conocimientos –artículo 8.° del Reglamento–, puesto que la Primera Disposición Transitoria establece su obligatoriedad para el personal que ingresó antes del uno de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, cuando, en el caso del demandante, éste ingresó a laborar el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno.
2. De autos se advierte que el demandante obtuvo resultado desaprobatorio en el cuestionado proceso de evaluación al que concurrió voluntariamente, razón por la que se dispuso su cese mediante la resolución impugnada a través de la presenta acción de garantía. Siendo así y, no habiéndose acreditado que, como afirma el demandante, la entidad emplazada lo presionó para obligarlo a renunciar, ni que haya existido alguna otra irregularidad que vicie el referido proceso de evaluación, debe concluirse que no se ha configurado la violación de los derechos constitucionales invocados por el demandante, razón por la que se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS