CARLOS ALBERTO VILLALOBOS ALARCÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los catorce días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Villalobos Alarcón contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas ochenta y cinco, su fecha veinticuatro de julio de dos mil uno, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional para que se declare la no aplicación de la Resolución N.º 1128-A-229-CH-95, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y se ordene el pago de los reintegros de pensiones. Indica que su cese laboral ocurrió el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, habiendo acumulado treinta y tres años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Agrega que la demandada le reconoció su pensión, aplicando las normas contenidas en el Decreto Ley N.° 25967, sin tener en cuenta que antes de que entrara en vigencia dicha norma ya había cumplido los requisitos establecidos por el Decreto Ley N.° 19990 para percibir una pensión de jubilación, por lo que solicita que se emita nueva resolución y se calcule su pensión según lo establecido por esta última norma legal. Manifiesta que mediante Resolución N.° 5459-98-GO/ONP se le reconoció treinta y tres años de aportaciones en lugar de los veinticuatro años que se le reconoció en la Resolución N.° 1128-A-229-CH-95.

La emplazada contesta la demanda y manifiesta que la acción de amparo sólo procede en los casos de amenaza o de violación de un derecho constitucional, preexistente y previamente declarado a favor del demandante, por lo que resulta improcedente que a través de esta acción se persiga la declaración de un derecho o el incremento injustificado de una prestación. Agrega que el demandante no ha acreditado la violación de los derechos constitucionales que alega.

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, a fojas cincuenta y cinco, con fecha veintidós de mayo de dos mil uno, declaró fundada la demanda, por considerar que el demandante a la fecha de su cese, ocurrido el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, contaba cincuenta y nueve años de edad y acreditaba treinta y tres años de aportaciones, por lo que cumplía con los requisitos establecidos por el Decreto Ley N.° 19990; sin embargo se reguló su pensión de acuerdo con el Decreto Ley N.° 25967, conque al haberse aplicado una norma que no se encontraba vigente a la fecha de su cese, se ha contravenido el principio de irretroactividad de la ley.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por considerar que la acción de amparo, por carecer de etapa probatoria, no es la vía idónea para poder establecer si la pensión del demandante se ha efectuado con los promedios que establece el Decreto Ley N.° 25967 o el Decreto Ley N.° 19990.

1. En la sentencia recaída en el Expediente N.° 007-96-I/TC, este Tribunal ha señalado que el Decreto Ley N.° 19990 resulta ser el estatuto legal según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por dicha norma legal para gozar de tal beneficio, en razón de haber incorporado a su patrimonio dicho derecho, en virtud del mandato expreso de la ley y que no está supeditado al reconocimiento de la Administración.
2. A fojas uno de autos, se advierte de la Resolución N.º 1128-A-229-CH-95, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se advierte que el demandante cesó en su actividad laboral con fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y dos, generando su derecho pensionario a partir del día siguiente a dicha fecha, a tenor de lo previsto por el artículo 80° del Decreto Ley N.° 19990.
3. De acuerdo con lo anteriormente señalado, debe concluirse que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el Decreto Ley N.º 25967, se aplicará únicamente a los asegurados que a la fecha de su vigencia no cumplan aún los requisitos señalados en el Decreto Ley N.º 19990, y no a aquéllos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha, porque de hacerlo se estaría contraviniendo lo consagrado por la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución del Estado de 1979, vigente en la fecha de ocurridos los hechos, y posteriormente reafirmada por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Carta Política de 1993.
4. De autos se advierte que la solicitud del demandante ha sido resuelta aplicando las normas contenidas en el Decreto Ley N.º 25967, cuando a la fecha en que entró en vigencia dicha norma, el demandante ya había reunido los requisitos exigidos por el Decreto Ley N.° 19990 para gozar de pensión de jubilación; por tal razón, en el presente caso se encuentra acreditada la vulneración de los derechos constitucionales invocados en la demanda.
5. Este Tribunal considera que en el caso de autos no resulta de aplicación el artículo 11° de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

REVOCANDO la recurrida, que, revocando, la apelada declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable al demandante la Resolución N.º 1128-A-229-CH-95, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco; y ordena que la demandada cumpla con expedir nueva resolución de acuerdo con el Decreto Ley N.° 19990, otorgando la pensión correspondiente así como disponer el pago de los reintegros a que hubiese lugar. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS