En Lima, a los ocho días del mes de julio de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Cruz Cotrina contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas ciento sesenta y tres, su fecha quince de marzo de dos mil dos, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

El accionante, con fecha cuatro de febrero de dos mil dos, interpone acción de hábeas corpus contra el Octavo Juzgado Especializado Penal de Trujillo, con el objeto de que se ordene su libertad inmediata. Afirma que fue procesado y, posteriormente, condenado en el fuero militar por el delito de terrorismo agravado, frente a lo cual interpuso recurso de revisión, en el que se dispuso que fuera procesado en el fuero común solamente por el delito de robo agravado en agravio de la Empresa Latinoamericana S.A., situación que no ha ocurrido en el proceso que actualmente se le instruye. Manifiesta que su detención fue ordenada el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve y que, a la fecha, supera los quince meses establecidos por el artículo 137.º del Código Procesal Penal, ya que se encuentra en tal situación por más de treinta y seis meses. Sostiene que el plazo de su detención debe computarse desde el quince de enero de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se ordenó dicha medida por el fuero militar, y no desde el doce de diciembre del año pasado, cuando dicha medida fue dispuesta por el fuero común, debido a que, en su caso, no le es aplicable la Ley N.° 27569, que establece que el plazo de detención se computa desde el diecisiete de noviembre de dos mil uno. Alega que no le es aplicable el citado dispositivo, por considerar que ello implicaría una aplicación retroactiva, incompatible con la Constitución, y porque sería contrario al principio de aplicación de la norma más favorable en caso de duda o conflicto de las leyes en el tiempo.

El Juez del Octavo Juzgado Penal de Trujillo manifiesta desconocer los hechos alegados por el accionante, debido a que se había hecho cargo del juzgado recientemente, a causa de que el juez titular se encontraba de vacaciones.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Trujillo, con fecha ocho de febrero de dos mil dos, declaró improcedente la acción interpuesta, por considerar que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2.º de la Ley N.° 27569, la detención del accionante debe computarse a partir del diecisiete de noviembre de dos mil uno y que, por ello, no ha excedido el plazo establecido en el citado artículo 137º.

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento.

1. El Tribunal Constitucional, por sentencia publicada el diecisiete de noviembre de dos mil uno, recaída en el Exp. N.° 005-2001-AI/TC, declaró inconstitucionales, entre otros, los artículos 1.º y 2.º del citado Decreto Legislativo N.° 895, lo que supone que el proceso y condena del accionante en el fuero militar han devenido en nulos y, en consecuencia, éste había de someterse a los alcances del fuero común, el cual finalmente determinará su situación jurídica, con irrestricto respeto del derecho al debido proceso. Dentro de este contexto, el Tribunal Militar de la Primera Zona Judicial del Ejército de Lambayeque, por resolución de fecha veintinueve de noviembre de dos mil uno, según consta en autos, a fojas ciento dos, se inhibió del conocimiento de la causa y la remitió al fuero común y, por otra parte, en este, el Quinto Juzgado Especializado Penal de Trujillo, con fecha doce de diciembre de dos mil uno, abrió instrucción contra el accionante y otras personas, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado en banda y delito de peligro común-tenencia ilegal de arma de fuego, con mandato de detención.
2. Según interpretación anterior del Tribunal Constitucional, el período de detención sufrido por el accionante, a efectos de aplicar el artículo 137.° del Código Procesal Penal en estos supuestos, había de computarse desde el momento en que las autoridades judiciales del fuero común iniciaron el proceso que les correspondía; es decir, en este caso, desde el doce de diciembre de dos mil uno. Sin embargo, la Ley N.° 27569, publicada el dos de diciembre de ese mismo año, en su artículo 2.°, dispone una interpretación que resulta más favorable para el inculpado, pues indica que el plazo de detención debe computarse desde el diecisiete de noviembre del mismo año, fecha en que el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declaró inconstitucional los Decretos Legislativos N.^os 895 y 897 y la Ley N.° 27235. El nuevo proceso, además, debe considerarse como una posibilidad beneficiosa para el accionante, y debe cumplir el trámite de ley. En tal sentido, es de aplicación lo establecido por el artículo 6.° el inciso 2) de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la acción de hábeas corpus. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS