En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

Recurso extraordinario interpuesto por la empresa Pesquera Isla Blanca S.A. contra la sentencia de la Sala Civil Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 511, su fecha 18 de noviembre de 1999, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

La recurrente, con fecha 4 de marzo de 1999, interpone acción de amparo contra el Ministerio de Pesquería con el objeto de que se repongan las cosas al estado anterior a la expedición de la Resolución Viceministerial N.° 006-99-PE, del 15 de enero de 1999 y publicada en el diario oficial El Peruano el día 17 del mismo mes, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación que interpuso contra la negativa ficta del recurso de reconsideración que planteó contra la Resolución Directoral N.° 216-98-PE/DNE, del 10 de julio de 1998. Ésta declaró improcedente la "precisión" solicitada respecto del permiso de pesca otorgado por la Resolución Ministerial N.° 630-97-PE del 22 de octubre de 1997 –que le autorizó a extraer los recursos hidrobiológicos jurel y caballa–, ya que la demandante entendía que dicho permiso también comprendía a las especies anchoveta y sardina.

La demandante afirma que la demandada está violando sus derechos constitucionales a la libre iniciativa privada, a la libertad de empresa y a la igualdad ante la ley, porque el Ministerio de Pesquería le ha exigido que, para acoger su solicitud de extracción de las especies anchoveta y sardina, debe previamente cumplir con el requisito de sustitución de capacidad de bodega de su embarcación pesquera Don Enrique, el mismo que no ha exigido a otras empresas. Agrega que la parte demandada está aplicando retroactivamente la Resolución Ministerial N.° 781-97-PE del 4 de diciembre de 1997 (que declaró a las especies anchoveta y sardina como especies plenamente explotadas), ya que en 1994, con la Resolución Ministerial N.° 377-94-PE, del 15 de setiembre de 1994, había sido autorizada para dedicarse a la extracción de recursos hidrobiológicos subexplotados, autorización por la cual fue construida la citada embarcación Don Enrique.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Pesquería contesta la demanda indicando que la empresa demandante inicialmente obtuvo autorización para extraer recursos hidrobiológicos subexplotados destinados al consumo directo. Posteriormente, solicitó la ampliación de dicha autorización a la explotación de recursos hidrobiológicos subexplotados que también estén destinados al consumo indirecto para dedicarse a la extracción de las especies jurel y caballa. En virtud de tal solicitud, con la Resolución Ministerial N.° 630-97-PE se le otorgó autorización para dedicarse a la extracción de estas dos especies. Agrega que la demandante, ocho meses después, cuando esta última resolución ya estaba firme, mediante escritos del mes de junio de 1998 solicitó al Ministerio de Pesquería la ampliación de su permiso de pesca a las especies anchoveta y sardina, pretendiendo confundir a la Administración.

El Juzgado Civil Transitorio de Chimbote, con fecha 23 de julio de 1998, declaró improcedente la demanda, considerando que la demandante no puede solicitar la restitución de un derecho que no le ha sido otorgado, esto es, extraer las especies anchoveta y sardina.

La recurrida confirmó la apelada, considerando que la resolución viceministerial cuestionada en autos constituye un acto administrativo que no puede ser enervado a través de una acción de amparo, sino que la ley establece las vías legales pertinentes, máxime si los derechos que son materia del petitorio de la demanda no aparecen señalados en ninguno de los incisos del artículo 24° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo; añadiendo que los derechos protegidos por este artículo están referidos a aquellos fundamentales de las personas físicas o naturales y no a los derechos de las personas jurídicas.

1. Conforme a la Resolución Directoral N.° 341-2001-PE/DNEPP, del 17 de diciembre de 2001, que corre en los actuados ante este Tribunal acompañando al escrito presentado por la parte demandada el 23 de enero de 2002, la titularidad de la empresa Pesquera Isla Blanca S.A. sobre los derechos de extracción otorgados a la embarcación pesquera Don Enrique, ha sido excluida, aprobándose el cambio de titular del permiso de pesca otorgado por la Resolución Ministerial N.° 630-97-PE, a favor de la empresa EPESCA S.A. Por lo tanto, ha operado la sustracción de la materia, en aplicación del inciso primero del artículo 6° de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo.
2. Sin perjuicio de lo expuesto, y atendiendo a que uno de los fines del proceso es eliminar la incertidumbre jurídica, y que ésta puede subsistir si la resolución de la presente causa se limita a aspectos meramente formales, este Tribunal considera que no se aprecia una aplicación retroactiva de la Resolución Ministerial N.° 781-97-PE por dos razones, a saber:

1. Debe entenderse que la clasificación de recursos hidrobiológicos "subexplotados" y "plenamente explotados" que hace la autoridad competente, no crea compartimentos estancos de categorías de especies marinas, sino que las especies comprendidas en esas clasificaciones podrán reclasificarse dependiendo de si el nivel de explotación que se ejerce sobre ellas deja excedentes productivos del recurso o no.

3. Tampoco se aprecia vulneración a derecho constitucional alguno porque, a partir del examen del pedido que hace la demandante a la Dirección Nacional de Extracción del Ministerio de Pesquería (signado con el registro N.° 10782 y que corre a fojas 451 del cuaderno principal), uno de los cuales motivan la expedición de la Resolución Ministerial N.° 630-97-PE, el Tribunal observa que la demandante solicitó que se le otorgue "permiso de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos subexplotados destinados al consumo humano indirecto"; no obstante, previamente indicó que "mi representada viene solicitando operar la embarcación Don Enrique para dedicarse a la extracción de recursos hidrobiológicos subexplotados jurel y caballa".

En otras palabras, la Resolución Viceministerial N.° 006-99-PE, al declarar infundado el recurso de apelación de la demandante, entendió que la autorización otorgada por la Resolución Ministerial N.° 360-97-PE no se extendía a todas las especies subexplotadas, sino que sólo comprendía la extracción de las especies jurel y caballa. Así, esta última resolución no habría hecho otra cosa que interpretar un pedido oscuro de la demandante, limitando la autorización de extracción únicamente a estas dos especies. Adicionalmente es pertinente añadir que, contra la Resolución Ministerial N.° 630-97-PE, la demandante no interpuso ningún recurso impugnativo, por lo cual se entiende que estuvo conforme con sus términos.

4. Finalmente, cabe agregar que, aun aceptando como hipótesis que el Ministerio de Pesquería concedió permisos en forma irregular a otras empresas pesqueras, esos actos no generarían derechos a favor de la demandante, tal como el alegado "derecho de igualdad", asistiéndole a la parte actora la posibilidad de denunciar –ante las autoridades competentes– cualquier acto de la demandada que infrinja las disposiciones legales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, REFORMÁNDOLA, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.