En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

Recurso extraordinario interpuesto por doña Sunciona Cavero de Reyes contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 288, su fecha 8 de agosto de 2002 que, declarando nulo el admisorio y nulo todo lo actuado, declaró improcedente la acción de amparo de autos.

La recurrente, con fecha 11 de setiembre de 2001, interpone acción de amparo contra el consejo nacional de la Magistratura y sus integrantes, para que se declaren inaplicables y sin efecto el Acuerdo del Pleno del consejo nacional de la Magistratura, de fecha 15 y 16 de agosto de 2001, en la parte que dispone no ratificarla en su cargo de Jueza de Paz Letrado Titular del Distrito Judicial de Lambayeque; y la Resolución N.° 159-2001-CNM, del 17 de agosto de 2001, que deja sin efecto su nombramiento y le cancela su título. Solicita, por consiguiente, su reposición en su cargo, el reconocimiento de sus haberes dejados de percibir y demás derechos inherentes al cargo, tales como antigüedad en el cargo, el tiempo de servicios acumulado y las remuneraciones dejadas de percibir por todo el tiempo que dure la violación del derecho constitucional.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, pues el proceso de ratificación, al cual la demandante se sometió en forma voluntaria, se llevó a cabo en cumplimeinto delm artículo 5° de la Ley N.° 27638, la Sétima Disposición Complementaria y Final del Reglamento de Procesos de Evaluación y Ratificación, aprobado por Resolución N.° 043-2000/CNM, y los artículos 150°, inciso 2) y 154°, inciso 3), de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, alega que la demanda es también infundada pues la decisión tomada por el Consejo ha respetado todos los derechos del recurrente. El Consejo Nacional de la Magistratura se apersona también al proceso formulando apelación contra el admisorio, sosteniendo que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura son irrevisables en sede judicial, conforme lo establece la misma Constitución del Estado.

El Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 29 de novimebre de 2002, declaró improcedente la demanda por considerar que el artículo 142° de la Constitución, al establecer que en sede judicial no son revisables las resoluciones del consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, ha reconocido como bien jurídico de relevancia constitucional el carácter definitivo de las decisiones que aquél adopta. Por lo tanto, la revisión de la decisión de no ratificar a la recurrente implicaría un cuestionamiento al fondo mismo de la decisión de dicho órgano, pretendiendo desviruarla.

La recurrida declaró nulo el admisorio, nulo todo lo actuado e improcedente la demanda, aduciendo que el artículo 142° de la Constitución Política señala que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación de jueces, lo que supone que el órgano jurisdiccional no puedeavocarse al conocimiento de pretensiones que tengan como objeto la impugnación de la no ratificación de la recurrente. Por consiguiente, no ha debido admitirse a trámite la demanda interpuesta.

1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, su objeto es que se declaren inaplicables y sin efectoel Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, de fechas 15 y 16 de agosto de 2001, en la parte que dispone no ratificar a la actora en su cargo de Jueza de Paz Letrado Titular del distrito Judicial de Lambayeque; y la resolución N.° 159-2001-CNM del 17 de agosto de 2001, que deja sin efecto su nombramiento y cancela su título.
2. Para la resolución de la presente controversia y habida cuenta del sentido y de los argumentos utilizados por la recurrida, es necesario dilucidar previamente al análisis del tema de fondo si la demanda interpuesta reúne o no los requisitos que justifiquen su procedencia. En tal sentido y como ya lo ha expresado este mismo Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 2409-2002-AA/TC, resulta objetable el raciocinio utilizado en sede judicial para justificar los alcances de lanulidad decretada y renunciar a su deber de merituar, desde la perspectiva de cualquier juzgador constitucional, si la regla contenida en ele artículo 142° de la Constitución admite una exclusiva y excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son de dos tipos y conviene reiterarlas una vez más: a) el hecho de que una norma constitucional pueda ser analizada a partir de su texto, no significa que la función del operador del Derecho se agote en él, ignorando o minimizando los contenidos de otros dispositivos constitucionales, tanto más cuando resulta evidente que aquellos resultan siendo no un simple complemento sino, en muchos casos, una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia con el dispositivo examinado. Queda claro, por consiguiente, que las consideraciones sobre un determinado dispositivo constitucional sólo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la constitucional sólo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la Constitución, y no de una parte, o de un sector de la misma, como parecen entenderlo, en forma por demás errónea, los jueces de la jurisdicción ordinaria; b) cuando el artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, el presupuesto de validez de dicha afirmación reposa en la idea de que las funciones que le han sido conferidas a dicho organismo, hayan sido ejercidas bajo los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no bajo otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, no es ilimitado en sus funciones, pues resulta indiscutible que éstas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones no serán revisables en sede judicial en tanto las mismas no contravengan la Carta, lo que supone, contrario sensu, que si aquellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de valores materiales a los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existrir ninguna razón que invalide o deslegitime el control jurisdiccional efectivo. En dicho contexto, este Tribunal no sólo puede, sino que debe evaluar el tema de fondo, a efectos de determinar, pueda alegarse ningún tipo de función exclusiva o excluyente o ningún campo de pretendida invulnerabilidad.
3. No obstante, aun cuando la función de ratificación ejercida por el Consejo Nacional de la Magistratura excepcionalmente puede ser revisada en los supuestos de ejercicio regular, en el presente caso no se encuentran razones objetivas que permitan que tal situación se ha presentado y que, por consiguiente, se han vulnerado, de alguna forma, los derechos constitucionales.
4. En efecto, conviene que este Colegiado precise que la institución de la Ratificación de Magistrados no tiene por finalidad que el Consejo Nacional de la Magistratura se pronuncie sobre actos u omisiones antijurídicas. Constituye, más bien, un voto de confianza, que nace del criterio de conciencia de cada Consejero y que se expresa mediante el voto secreto respecto a la manera cómo se ha desenvuelto el magistrado durante los 7 años en que ejerció su función. De ahí que la validez constitucional de este tipo de decisiones no dependa de que esté motivada, sino de que haya sido ejercida por quien tiene competencia para ello (Consejo Nacional de la Magistratura), dentro de los supuestos en los que la propia norma constitucional se coloca (jueces y fiscales cada 7 años). En esto, precisamente, reside su diferencia con la destitución por medida disciplinaria que, por tratarse de una sanción y no de un voto de confianza, sí debe encontrarse motivada a fin de preservar el debido proceso.
5. Por lo tanto, el hecho de que la decisión adoptada por el consejo, no haya precisado las razones o motivos por los que no ratifica a la recurrente y que, por consiguiente, no pueda ésta encontrase habilitada para cuestionarlas, no puede interpretarse como una vulneración de sus derechos constitucionales, sino como el ejercicio regular de una función reconocida con tales contornos o características por la propia Constitución, desde que, como se reitera, se trata de una cuestión de confianza, y no del ejercicio de una potestad entendida como sancionatoria.
6. Queda sin embargo por precisar que, si se asume que la no ratificación de la recurrente no representa una sanción, ello no significa, ni tampoco puede interpretarse como que, por encontrarse en dicha situación, a su vez se encuentre impedida de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si como ya se ha señalado, la no ratificación es un acto sustentado en la confianza, mal puede concebirse que éstos no puedan volver a postular a la magistratura, cuando tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución y ésta no sólo debe interpretarse de manera sistemática, por ejemplo, en relación con el ordinal d) del inciso 24) de su artículo 2°, sino, de una forma tal que sea coherente consigo misma o con las instituciones que reconoce, queda claro para este Tribunal que una lectura razonable del artículo 154° inciso 2) no puede impedir en modo alguno el derecho de la demandante a postular nuevamente a la magistratura, quedando, por tanto, intacto su derecho dentro de los términos y alcances establecidos por este mismo Colegiado.
7. Por consiguiente y no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos constitucionales reclamados, la presente demanda deberá desestimarse. En todo caso se deja a salvo el derecho de la recurrente para, si lo considera pertinente, postular nuevamente a la Magistratura.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

REVOCANDO la recurrida que declaró nulo el admisorio y nulo todo lo actuado, e improcedente la demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los autos.

SS.