En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

Recurso extraordinario interpuesto por don Roque Alberto Díaz Mejía contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 577, su fecha 21 de enero de 2003, que rechazando liminarmente la demanda, declaró improcedente la acción de amparo de autos.

El recurrente, con fecha 17 de octubre de 2002, interpone acción de amparo contra el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para que se dejen sin efecto y se declaren inaplicables el Acuerdo del Pleno del 19 de julio de 2002, y la Resolución N.° 398-2002-CNM, publicada el 23 de julio de 2002; y, en consecuencia, se ordene su inmediata reposición en el cargo de Vocal Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Refiere que ha sido separado del cargo que desempeñaba a pesar de que durante años se ha desempeñado con justicia y equidad. Sin embargo, al no ser ratificado por el CNM y no permitírsele postular a cargo similar al acotado, se están lesionando sus derechos fundamentales a la defensa y a la motivación de las resoluciones, al haberse expedido una resolución que es nula e injusta.

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de octubre de 2002, declaró improcedente la demanda de acuerdo con lo que dispone el artículo 142° de la Constitución.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

1. En el caso de autos, resulta evidente que se ha producido un quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso, previsto por el artículo 42º de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, razón por la cual debería procederse de acuerdo con lo establecido en el referido numeral, toda vez que la resolución de segunda instancia, rechazando liminarmente la demanda, la declaró improcedente amparándose en el artículo 142º de la Constitución. Sin embargo, conforme a los fundamentos que a continuación se exponen, este Colegiado, en atención a lo dispuesto por el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil –aplicable en forma supletoria por disposición del artículo 63º de la Ley N.° 26435–, estima necesario que, en aplicación de los principios procesales de economía y celeridad procesal, se pronuncie sobre la demanda de autos.
2. Como ya se ha expresado en el Expediente N.° 1941-2002-AA/TC –caso Luis Felipe Almenara Bryson–, resulta objetable el raciocinio utilizado en sede judicial para justificar la improcedencia declarada, pues se renuncia al deber de merituar, desde la perspectiva de cualquier juzgador constitucional, si la regla contenida en el artículo 142° de la Constitución admite una exclusiva y excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son de dos tipos y conviene reiterarlas una vez más:

1. El hecho de que una norma constitucional pueda ser analizada a partir de su contenido textual, no significa que la función del operador del Derecho se agote con un encasillamiento elemental o particularizado, en el que se ignoren o minimicen los contenidos de otros dispositivos constitucionales, tanto más cuando resulta claro que aquellos resultan siendo no un simple complemento, sino, en muchos casos, una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia con el dispositivo examinado. Lo cierto es que las consideraciones sobre un determinado dispositivo constitucional sólo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la Constitución, y no de una parte, o de un sector de la misma, como parecen entenderlo, en forma por demás errónea, los jueces de la jurisdicción ordinaria.
2. Asumida la lógica precedente, queda claro que, cuando el artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, el presupuesto de validez de dicha afirmación reposa en la idea de que las funciones que le han sido conferidas a dicho organismo hayan sido ejercidas bajo los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no bajo otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo no se trata de otra cosa que de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, no es ilimitado en sus funciones, pues resulta indiscutible que aquellas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones no serán revisables en sede judicial en tanto las mismas no contravengan la Carta, lo que supone, contrario sensu, que si aquellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúen el cuadro de valores materiales o los derechos fundamentales que la misma reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control jurisdiccional efectivo. En dicho contexto, este Tribunal no sólo puede, sino que debe evaluar el tema de fondo, a efectos de determinar si se han vulnerado o no los derechos reclamados, sin que, por contrapartida, pueda alegarse ningún tipo de función exclusiva o excluyente o ningún campo de pretendida invulnerabilidad.

1. No obstante, aun cuando la función de ratificación ejercida por el Consejo Nacional de la Magistratura excepcionalmente puede ser revisada en los supuestos de ejercicio irregular, en el presente caso no se encuentran razones objetivas que permitan considerar que tal situación se ha presentado y que, por consiguiente, se han vulnerado, de alguna forma, los derechos constitucionales invocados.
2. En efecto, la institución de la Ratificación de Magistrados no tiene por finalidad que el Consejo Nacional de la Magistratura se pronuncie sobre actos u omisiones antijurídicas. Constituye más bien un voto de confianza que nace del criterio de conciencia de cada Consejero y que se expresa mediante voto secreto, sobre la manera cómo se ha desenvuelto el magistrado durante los 7 años en que ejerció su función. De ahí que la validez constitucional de este tipo de decisiones no dependa de que esté motivada sino de que haya sido ejercida por quien tiene competencia para ello (Consejo Nacional de la Magistratura), dentro de los supuestos en los que la propia norma constitucional se coloca (jueces y fiscales cada 7 años). En ello, precisamente, reside su diferencia con la destitución por medida disciplinaria que, por tratarse de una sanción y no de un voto de confianza, sí debe encontrarse motivada a fin de preservar el debido proceso de quien es procesado administrativamente.
3. Por lo tanto, el hecho de que la decisión adoptada por el Consejo no haya precisado las razones o motivos por los que no ratifica al recurrente y que, por consiguiente, no pueda éste encontrarse habilitado para cuestionarlas, no puede interpretarse como una vulneración de sus derechos constitucionales, sino como el ejercicio regular de una función reconocida con tales contornos o características por la propia Constitución, desde que, como se reitera, se trata de una cuestión de confianza y no del ejercicio de una potestad entendida como sancionatoria.
4. Sin embargo, queda por precisar que, si se asume que la no ratificación del recurrente no representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse como que, por encontrarse en dicha situación, se encuentre impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si la no ratificación es un acto sustentado en la confianza, mal puede concebirse que los no ratificados no puedan volver a postular a la Magistratura, cuando tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y dicha norma debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones que aquella reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 154°, inciso 2) no puede impedir en modo alguno el derecho del demandante a postular nuevamente a la Magistratura, quedando por tanto intacto su derecho dentro de los términos y alcances establecidos por este mismo Colegiado.
5. Por consiguiente, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales reclamados, la demanda no puede ser estimada, pero se deja a salvo el derecho del recurrente, si lo considera pertinente, para postular nuevamente a la Magistratura.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los autos.

SS.