EXP. N.° 0574-2003-AA/TC

LIMA

TERESA TENAZOA FASANANDO VDA. DE CHAMBI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de abril de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Rey Terry y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Teresa Tenazoa Fasanando viuda de Chambi contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 101, su fecha 10 de mayo de 2001, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 3 de marzo de 2000, interpone acción de amparo contra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional, debido al incumplimiento del pago del seguro de vida por el deceso de su esposo, el Suboficial de Primera PNP (F) Luis Chambi Álvarez, conforme al Decreto Supremo N.° 015-87-IN, lo que constituye una omisión del cumplimiento de un acto debido que vulnera sus derechos contenidos en el artículo 2°, inciso 1), de la Constitución Política del Perú. Solicita que se ordene a los emplazados el pago inmediato del seguro correspondiente, manifestando que al fallecer su esposo en acto de servicio, el 23 de diciembre de 1991, solicitó su pago, como cónyuge supérstite. Sin embargo, refiere que recibió un monto menor del que le tocaba, pues no se tuvo en cuenta que el Decreto Supremo N.° 015-87-IN elevó dicho concepto a seiscientas (600) remuneraciones mínimas vitales.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Alega que la acción de garantía no es la vía indicada para ventilar el pago de reintegros y, además, propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, de incompetencia y de caducidad.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 19 de mayo de 2000, declaró fundada, en parte, la demanda, por estimar que en autos consta que, conforme al Decreto Supremo N.° 015-87-IN, la actora es beneficiaria del seguro de vida del personal de la PNP, pues tal disposición estuvo vigente a la fecha del deceso de su cónyuge. Asimismo, desestimó la pretensión de que se declaren inaplicables el Decreto Ley N.° 25755 y el Decreto Supremo N.° 009-93-IN, pues no está acreditado que se hayan aplicado en su perjuicio.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la excepción de incompetencia, fundada la excepción de caducidad y sin objeto pronunciarse sobre la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, por ende, improcedente la demanda, por estimar que ésta fue presentada vencido el plazo contemplado en el artículo 37° de la Ley N.° 23506.

FUNDAMENTOS

  1. En el presente caso no opera la excepción de caducidad, por tratarse de un asunto relativo a la seguridad social. En el mismo sentido, deben ser desestimadas la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa –pues en autos está acreditado que la actora la transitó debidamente–, y la de litispendencia, por los mismos fundamentos de la apelada, con los que éste Colegiado concuerda.
  2. En autos aparece que el Suboficial de Primera de la PNP (F) Luis Chambi Álvarez fue declarado fallecido en "Acción de Armas", mediante Resolución Directoral N.° 2008-92-DGPNP/SG, del 13 de mayo de 1992, cuya copia corre a fojas 3 de autos.
  3. El Decreto Supremo N.° 015-87-IN, del 30 de mayo de 1987, dispuso que "El seguro de vida del personal de las Fuerzas Policiales, que fallezca o se invalide en acto o como consecuencia del servicio, será igual a 600 sueldos mínimos vitales mensuales fijados para la provincia de Lima, y será financiado por el Estado".
  4. Conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, el precitado decreto ha tenido en cuenta la obligación que tiene el Estado de velar por el personal de la PNP contra los riesgos que, en el ejercicio de sus funciones, comprometan su vida y su seguridad, pues sólo contaba con una legislación sobre pensiones –Decreto Ley N.° 19846– pero carecía de un sistema de seguros que cubriera los riesgos antes mencionados –fallecimiento o invalidez– que permitiese superar el desequilibrio económico generado en virtud de ello, daño que se extiende a la familia que depende de la víctima.
  5. Asimismo, conviene precisar que el artículo 7° de la Constitución Política de 1979 establecía que "La madre tiene derecho a la protección del Estado y a su asistencia en caso de desamparo"; asimismo, el artículo 8° prescribía que "El niño, el adolescente y el anciano son protegidos por el Estado ante el abandono económico, corporal y moral", disposiciones aplicables al caso de autos por estar vigentes al momento del deceso.
  6. Dentro de este contexto, en aplicación del Decreto Supremo N.º 015-87-IN y, conforme al Decreto Supremo N.º 003-92-TR, el seguro debió hacerse efectivo sobre la base de la cantidad de setenta y dos nuevos soles (S/. 72.00), que en ese tiempo correspondía a la remuneración mínima vital. Sin embargo, la restitución de su derecho y el pago que ello implica resultaría insignificante, dada la evidente depreciación monetaria, si se considera como pago pendiente el monto nominal establecido en el decreto antes citado, en concordancia con el Decreto Supremo N.° 015-87-IN, cuyo cumplimiento se solicita. En consecuencia, este Colegiado considera que, para apreciar el monto del reintegro solicitado, por equidad, se debe adoptar el criterio valorista contenido en el artículo 1236° del Código Civil, descontando el pago efectuado a la actora de siete mil doscientos nuevos soles (S/. 7,200.00), equivalentes a 100 remuneraciones mínimas vitales, conforme consta en la Declaración Jurada obrante a fojas 4 de autos, que no ha sido rebatida por la emplazada.
  7. A lo expuesto, también debe tenerse presente que el artículo 13° de la mencionada Carta de 1979 establecía que "La seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, muerte, viudez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley", disposición que concuerda con el artículo 10° de la actual Constitución.
  8. La pretensión relativa a que se declaren inaplicables el Decreto Ley N.° 25755 y el Decreto Supremo N.° 009-93-IN resulta desestimable, pues en autos no consta que tales disposiciones hayan sido aplicadas en perjuicio de la actora.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda; y, reformándola, declara infundada la citada excepción y FUNDADA, en parte, la acción de amparo; en consecuencia, ordena que la entidad emplazada reconozca a la demandante el seguro de vida en función de 600 remuneraciones mínimas vitales, con valor actualizado al día del pago, de acuerdo con el artículo 1236° del Código Civil, y conforme a lo establecido en el fundamento N.° 6 supra. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

GONZALES OJEDA