EXP. N.° 0729-2003-HC/TC
LIMA
MARCELA XIMENA GONZALES ASTUDILLO
En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Rey Terry y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto
por Marcela Ximena Gonzales Astudillo contra la sentencia de la Segunda Sala
Penal Corporativa para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima, de fojas 210, su fecha 29 de noviembre de 2002, que declara
improcedente la acción de hábeas corpus de autos respecto del pedido de
excarcelación por doble juzgamiento.
ANTECEDENTES
Con fecha 10 de octubre de 2002, la recurrente interpone acción de hábeas corpus contra la Corte Superior de Justicia de Lima y la Corte Suprema de Justicia de la República, alegando la violación de sus derechos a la libertad y al debido proceso y del principio non bis in ídem, y solicita que se declaren nulas e inejecutables la sentencia emitida por la Sala Secreta de la Corte Superior de Justicia de Lima que la condenó a 20 años de pena privativa de la libertad, y la Ejecutoria Suprema que declaró no haber nulidad, y que, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad.
Afirma que se le inició un proceso penal por el delito de traición a la patria en el fuero militar de la FAP, en el cual se la absolvió de la acusación fiscal mediante la sentencia de fecha 6 de octubre de 1993, emitida por el Juzgado Militar Especial de la Zona Judicial de la FAP; que, posteriormente, el fuero militar se inhibió de seguir viendo la causa, porque no estaba acreditada la existencia del delito de traición a la patria; pero la Sala Especial Secreta de la Corte Superior de Justicia de Lima, sin existir ningún elemento que pudiera explicar una condena, la juzgó por los mismos hechos condenándola a 20 años de pena privativa de la libertad, por supuesta colaboración con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Agrega que fue juzgada dentro del marco del Decreto Ley N.° 25475, norma considerada violatoria de los derechos humanos.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima señala que la causa cuestionada por la accionante ha sido tramitada de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N.° 25745; que la accionante fue procesada en el fuero militar por el delito de traición a la patria y absuelta posteriormente mediante sentencia de fecha 6 de octubre de 1993, agregando que en la indicada resolución judicial se dispuso que, al existir elementos de juicio que la comprometerían como autora del delito de terrorismo, fuera puesta a disposición del fuero común, en calidad de detenida, por lo que no se ha infringido el principio non bis in ídem.
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, argumentando que los fallos en cuestión han adquirido la calidad de cosa juzgada.
El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 28 de octubre de 2002, declara infundada la demanda, por considerar que no es cierto que el Juzgado Militar haya absuelto a la recurrente de los cargos de traición a la patria, pues no ha efectuado un análisis ni ha decidido sobre cuestiones de fondo de la materia controvertida, sino que declaró fundada la contienda de competencia y, por ende, adoptó la fórmula de absolverla por la comisión del delito incoado, disponiendo que remitieran los actuados al fuero ordinario, al existir indicios de la comisión del delito de terrorismo; en consecuencia, no ha existido doble juzgamiento.
La recurrida revoca la apelada y declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que el proceso penal que se ha seguido contra la demandante no ha cumplido las mínimas garantías del debido proceso y que, por tanto, tiene derecho a uno nuevo; y, en cuanto al pedido de excarcelación, lo declara improcedente, ya que el plazo fijado en el artículo 137° del Código Procesal Penal se computará desde el momento en que las autoridades judiciales competentes inicien el proceso correspondiente.
FUNDAMENTOS
1. Habiéndose declarado fundada en parte la demanda, sólo corresponde evaluar el extremo referido a la presunta infracción del derecho de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Tal pretensión, por lo demás, no ha sido objeto de merituación alguna por parte de la recurrida, no obstante haber sido expresamente demandada.
2. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado, en diversas ocasiones, que el derecho de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o el de no ser procesado dos veces (non bis in ídem), constituye un contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. Dicho principio, en su vertiente procesal, se encuentra contemplado en el artículo 14. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que declara que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”; y en el artículo 8.4 de la Convención Americana, según el cual "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos".
3.
En
su vertiente procesal, el principio non
bis in ídem garantiza que no se vuelva a juzgar a una persona que ya lo
haya sido, utilizando similar fundamento. Y ello con la finalidad de evitar lo
que la V Enmienda de la Constitución Norteamericana denomina double jeopardy, es decir, el doble
peligro de condena sobre una persona.
Este principio contempla la prohibición de la aplicación de múltiples normas sancionadoras, la proscripción de ulterior juzgamiento cuando por el mismo hecho ya se haya enjuiciado en un primer proceso en el que se haya dictado una resolución con efecto de cosa juzgada.
4.
En
el caso de autos, la recurrente señala que se violó el principio non bis in ídem, pues pese a ser
absuelta del proceso por el delito de traición a la patria en el fuero militar,
éste dispuso que se le iniciara un proceso penal por el delito de terrorismo en
el fuero ordinario, donde fue condenada a 20 años de pena privativa de la
libertad.
No obstante, como
se ha expuesto en los Antecedentes de esta sentencia, la recurrida ha declarado
la nulidad del proceso penal seguido a la recurrente en la vía ordinaria, por
considerar que la sentencia condenatoria se dictó con infracción de diversas
garantías judiciales, por lo que ordenó que se iniciara un nuevo proceso judicial
en la vía ordinaria.
5.
El
Tribunal considera que debe desestimarse la pretensión de la recurrente, puesto
que no se configura una violación del principio non bis in ídem, si es que la reapertura del proceso penal, en
primer lugar, se sustenta en un nuevo fundamento, esto es, en un ilícito
distinto de aquel por el cual se emitió sentencia, cualquiera que fuese el
sentido de ésta. Así mismo, este Colegiado estima que tampoco se viola el
derecho de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho, si la realización de un
nuevo proceso obedece a la declaración de nulidad de la sentencia originalmente
dictada, por anidar un vicio procesal grave que la afecta en su esencia, y si
la declaración de nulidad e iniciación de un nuevo proceso penal tiene la
finalidad de corregir, a favor del sentenciado, una vulneración de las normas
procesales con relevancia constitucional.
Aunque no se trate
de un instrumento internacional que vincule al Estado peruano, el Tribunal
Constitucional debe recordar, asumiendo la comparación como quinto método de la
interpretación jurídica, y, en particular, en el ámbito de los derechos
fundamentales, que similar apreciación prevé el artículo 4° del Protocolo 7 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos
“1. Nadie podrá ser procesado o castigado penalmente por las jurisdicciones del mismo Estado por una infracción por la que hubiera sido absuelto o condenado por sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado. 2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, en caso de que hechos nuevos o revelaciones nuevas o un vicio esencial en ese procedimiento pudieran afectar a la sentencia dictada.”
6.
En
el caso de autos, conforme se aprecia de la sentencia de fecha 6 de octubre de
1993, el Juzgado Militar Especial de la Fuerza Aérea del Perú resolvió declarar
fundada la contienda de competencia promovida por la defensa de la recurrente,
por considerar que al no existir indicios de que ésta hubiese cometido el
delito de traición a la patria, debía ser juzgada en el fuero ordinario por el
delito de terrorismo, toda vez que carecía de competencia para sancionarla por
la comisión de este ilícito penal. Dicha resolución fue confirmada por la
sentencia de fecha 28 de octubre de 1993, expedida por el Tribunal Militar
Especial.
Es decir, que la
apertura del proceso en el fuero ordinario (llevado a cabo con los denominados
jueces “sin rostro”) que se cuestiona mediante la presente garantía constitucional,
cuya nulidad declaró la sentencia recurrida por violar el derecho al juez
natural, tuvo por finalidad enmendar un vicio procesal grave, como lo es la
competencia judicial.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
FALLA
Declarando INFUNDADO, en vía de integración, el extremo de la demanda en que se alega la violación del principio non bis in ídem. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
SS.
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
REY
TERRY