EXP. N.° 1172-2002-AA/TC

LAMBAYEQUE

FRANCISCO BELTHIER PAZ PÉREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2002, reunida la Primera Sala del Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Alva Orlandini y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Belthier Paz Pérez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 185, su fecha 2 de abril de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 29 de marzo de 2001, interpone acción de amparo contra el Estado peruano con el objeto de que se declaren inaplicables a su persona la Resolución N.° 085-92-FN-JFS, del 18 de setiembre de 1992, y el Decreto Ley N.° 25530, en virtud de los cuales fue cesado y se le canceló su título de Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo, del Distrito Judicial de Lambayeque, dado que el decreto ley aludido carece de parte considerativa e impone sanciones sin proceso regular, impidiéndole que ejerciera su derecho de defensa, y, además, porque establecía que los pronunciamientos judiciales que promuevan los interesados a consecuencia de la reestructuración y reorganización del Ministerio Público, no contendrán mandato de restitución o posesión de cargo alguno. Refiere que el 12 de marzo de 1986 fue nombrado Titular de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo, del Distrito Judicial de Lambayeque, cargo que desempeñó hasta el 18 de setiembre de 1992, fecha en que fue destituido por disposición de la Fiscal de la Nación y Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos. Agrega que paa la interposición de su demanda no se presenta el supuesto de caducidad previsto en la ley, ya que no tuvo la posibilidad de ejercer realmente su derecho de defensa al disponerse su cese, pues la norma impugnada vulneraba, también, la independencia del Poder Judicial, así como su derecho a obtener justicia a través de la restitución en el cargo.

El Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada, dado que el Decreto Ley N.° 25530 es una norma legal de carácter constitucional dispuesta por el entonces Congreso Constituyente Democrático en su Primera Ley Constitucional; de otro lado, propone la excepción de caducidad.

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, a fojas 155, con fecha 12 de noviembre de 2001, declaró fundada la excepción propuesta e improcedente la demanda, en aplicación del artículo 37.° de la Ley N.° 23506.

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTO

De los actuados fluye que la presente demanda contiene idéntica pretensión respecto de otros casos resueltos por este Colegiado. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que los fundamentos a que se refiere la sentencia recaída en el Expediente N.° 1383-2001-AA/TC –caso Luis Alfredo Rabines Quiñones–, resultan aplicables, en su totalidad, al caso materia de autos, a los que se remite en aras de economía procesal.

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda; y, reformándola, declara infundada la citada excepción y FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable al demandante la Resolución N.° 085-92-FN-JFS del 18 de setiembre de 1992, así como el Decreto Ley N.° 25735. Ordena la reincorporación de don Francisco Belthier Paz Pérez como Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Chiclayo, del Distrito Judicial de Lambayeque, computándose el tiempo no laborado por razón del cese sólo para efectos pensionables. Dispone que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República para los fines a que haya lugar, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11° de la Ley N.° 23506; del mismo modo, la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

AGUIRRE ROCA

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA