SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Hilario Uceda Valderrama contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 101, su fecha 16 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que se declare inaplicable la Resolución que le otorga pensión aplicándole retroactivamente el Decreto Ley N.º 25967, que en su artículo 3º determina el tope máximo de pensión, se ordene la calificación y otorgamiento de pensión sobre el total de los ingresos percibidos sin tope, y se disponga el pago de reintegro por el saldo diferencial de la pensión inicial diminuta. Señala que al amparo del Decreto Ley N.° 19990 se le otorga su pensión; pero que al momento de liquidarla se le aplica el Decreto Ley N.° 25967 que le otorga una pensión tope máxima, lo que vulnera sus derechos constitucionales.

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando que se le ha otorgado la pensión máxima al demandante en virtud del artículo 78º del Decreto Ley N.º 19990, y que se aplicó el Decreto Ley N.º 25967, porque es durante su vigencia que el demandante cumplía los requisitos para gozar de pensión.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 30 de octubre del 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante cumplió los requisitos para gozar de pensión cuando ya estaba vigente el Decreto Ley N.º 25967, de modo que su aplicación no vulnera derecho constitucional al demandante.

La recurrida, por los mismos fundamentos, confirmó la apelada.

FUNDAMENTOS

En el caso sub exámine, el recurrente sostiene que la pensión que percibe se le debió otorgar al amparo del Decreto Ley N.° 19990 y no del Decreto Ley N.° 25967; consecuentemente, debió recibir su pensión sin tope alguno (pensión máxima).

Respecto a que se le ha calculado su pensión aplicando ilegalmente el Decreto Ley N.° 25967, cabe señalar que el demandante cumplió los requisitos para gozar de pensión conforme al Decreto Ley N.° 19990, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley N.° 25967; por consiguiente, no se le ha aplicado retroactivamente la norma antes indicada.

Respecto al tope que aduce el recurrente, como ya se ha señalado en reiterada jurisprudencia, el artículo 78.° del Decreto Ley N.° 19990 establece que es mediante decreto supremo que se fijará el monto de pensión máxima mensual, el mismo que se incrementa periódicamente teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional, conforme a la orientación en la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución vigente; consecuentemente, no se puede pretender una suma mayor que la establecida como pensión máxima dentro de este régimen previsional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA