VANNIA DEL PILAR RETO PÉREZ
En Sullana, a los 25
días del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los señores magistrados Alva Orlandini Presidente, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso
extraordinario interpuesto por doña Vannia del Pilar Reto Pérez, contra la
sentencia de la Sala Descentralizada Mixta de Sullana de la Corte Superior de
Justicia de Piura, de fojas 87, su fecha 2 de julio de 2003, que declaró
improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 26 de febrero de
2003, la recurrente interpone acción de
amparo contra la Municipalidad Provincial de Sullana, a fin de que se deje sin
efecto el Memorando N.º 001-2003/MPS-OADM-UPER de fecha 2 de enero de 2003, y
se ordene su reposición como empleada de dicha institución, más el pago de sus
remuneraciones devengadas. Sostiene que ingresó a laborar en la entidad demandada
como secretaria, bajo la modalidad de
servicios no personales con cargo a Gasto Corriente, desde el 1 de setiembre de
1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, acumulando más de 3 años continuos de
servicios; y que, según el artículo 1º de la Ley N.° 24041, los servidores
públicos contratados que tengan más de un año ininterrumpido de servicios en
labores de naturaleza permanente, no pueden ser cesados ni destituidos sino por
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276, y con sujeción al procedimiento
establecido en él.
La
emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o
infundada, estimando que a la demandante no le corresponde el beneficio
previsto en el artículo 1º de la Ley N.° 24041, ya que no cumple con los
requisitos exigidos, debido a que la naturaleza jurídica de su contratación
está sujeta al rubro de Proyectos de Inversión, siendo aplicable al caso el
artículo 2º de dicha ley; es decir, que no se requiere del procedimiento
administrativo establecido por el Decreto Legislativo N.° 276, en caso de cese
o destitución.
El
Segundo Juzgado Especializado Civil de Sullana, con fecha 27 de marzo de 2003,
declaró infundada la demanda, por considerar que de las pruebas ofrecidas se
desprende que la demandante trabajó en la modalidad de contrato a plazo fijo,
por lo que, al comunicársele el memorándum materia de la presente acción, sólo
se le puso en conocimiento el término de su contrato, no vulnerándose derecho
constitucional alguno.
La
recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, estimando que
la demandante no se encuentra comprendida dentro de lo dispuesto por el
artículo 1º de la Ley N.° 24041, ya que sus contratos fueron siempre a plazo
determinado, por servicios no personales.
1. De autos se advierte que la demandante ha acreditado, de manera indubitable, haber prestado servicios para la demandada como secretaria, durante más de un año consecutivo, labor propia de las municipalidades, y de carácter permanente, conforme consta de las Resoluciones de fojas 2 a 13.
2. Por tal razón, a la fecha del cese, la accionante había adquirido la protección Prescrita en el artículo 1º de la Ley N.° 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, cuyo tenor es la aplicación de la condición más beneficiosa al trabajador, y que la Constitución consagra en su artículo 26º, inciso 3); así como en el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos.
3. Siendo así, la demandante sólo podía ser despedida por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, por lo que la decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral que tenía con aquélla sin observar el procedimiento señalado en la ley mencionada, resulta violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, reconocidos en los artículos 2°, inciso 15, 22° y 139°, inciso 3, de la Constitución Política vigente.
4. En cuanto al extremo referente al pago de las remuneraciones que la actora dejó de percibir durante el tiempo que duró el cese, este Tribunal ha establecido que ello no procede, por cuanto la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho a la indemnización que pudiera corresponderle.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
FALLA
REVOCANDO en parte la recurrida que,
revocando la apelada, declaró improcedente la
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que la demandada proceda a reincorporar a la
demandante en su condición de contratada en el cargo que desempeñaba al momento
de la violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivel o
categoría, y la CONFIRMA en el
extremo que declaró IMPROCEDENTE el
pago de las remuneraciones que, por razón del cese, hubiese dejado de percibir,
dejándose a salvo el derecho de reclamarlas en la forma legal respectiva. Dispone la notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y la devolución de los actuados.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA