EXP. N.° 1969-2003-AA/TC
PIURA
KARINA ISABEL CASTILLO ÁGUILA
SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Sullana, a los 25 días
del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por doña Karina Isabel Castillo Águila contra la sentencia de la
Sala Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 121,
su fecha 20 de junio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
La recurrente interpone
acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Talara, a fin de que se
disponga su reposición en el puesto de secretaria que ha venido desempeñando en
dicha municipalidad, debiendo reconocerse su condición de contratada a plazo
indeterminado o permanente y ordenarse el pago de sus remuneraciones dejadas de
percibir, más los intereses y costos procesales. Afirma haber prestado
servicios desde el 15 de febrero de 1999 hasta el 24 de enero de 2003,
realizando labores permanentes; haber suscrito sucesivos contratos, y que su
despido se llevó a efecto el 27 del citado mes y año, fecha en que se le
impidió el ingreso a su centro de trabajo.
La emplazada contesta la
demanda manifestando que el contrato de la demandante siempre ha tenido
carácter temporal y limitado en el tiempo a cada ejercicio presupuestal,
conforme se ha señalado en cada uno de los contratos de servicios personales
que se han suscrito, y que en su caso es aplicable el inciso c) del artículo
2.° de la Ley N.° 24041, que establece que no están comprendidos en los
beneficios de dicha ley los servidores contratados para realizar labores
eventuales de corta duración, por lo que considera que la demanda debe declarse
infundada.
El Juzgado Especializado en
lo Civil de Talara, con fecha 26 de febrero de 2003, declaró fundada la acción
de amparo por considerar que la demandante no podía ser separada sino por las
causas previstas en el Decreto Legislativo N.° 276.
La recurrida, revocando la
apelada, declaró improcedente la acción de amparo, por estimar que la labor de
la demandante no está comprendida en los alcances de la Ley N.° 24041.
FUNDAMENTOS
1. La demandante ha prestado servicios para la demandada
ininterrumpidamente, en condición de contratada, desempeñando el cargo de
Secretaria de Apoyo en el Policlínico de la Municipalidad de Talara, desde el
15 de febrero de 1999, y a partir del 25 de mayo del mismo año hasta el 24 de
enero de 2003 el de Secretaria General de dicha corporación municipal.
2. Cabe
señalar que la demandante realizó labores de naturaleza permanente que se
prolongaron durante más de 3 años y 11 meses, por ello no resiste el menor
análisis sostener que una labor que ha tenido tan extenso periodo de duración
pueda considerarse “temporal”, pues temporalidad significa ‘lo que dura
solamente cierto tiempo’; por el contrario, ese periodo tan extenso demuestra
la naturaleza permanente de la labor desarrollada por la demandante.
3. En virtud del principio de
primacía de la realidad, este Tribunal considera que la relación contractual
que existía entre las partes, tuvo los caracteres de subordinación, dependencia
y permanencia, propias de una relación laboral, conforme se corrobora con el
mérito de los Contratos de Servicios Personales, en los cuales se señala que
"el horario de ingreso y salida será el mismo de los Trabajadores
Municipales debiendo registrar su asistencia en la respectiva tarjeta de
control", "percibirá una remuneración total mensual [...]" y
"la contratada se obliga a cumplir en forma directa las labores propias
de su cargo y será supervisada y evaluada
por el Concejo a través de Secretaría General".
4. En
consecuencia, a la fecha de su cese, la demandante estaba protegida por el
artículo 1° de la Ley N.° 24041, y por el principio de primacía de la realidad
que reconoce nuestra
Constitución, que ha consagrado al trabajo como un deber y un derecho, base del
bienestar social y medio de la realización de la persona y, además, como un
objeto de atención prioritaria del Estado.
5.
Siendo así, la demandante sólo podía ser despedida por
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, por lo que
al no haber procedido de ese modo la demandada vulneró los derechos al
trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso,
reconocidos en los artículos 2°, inciso 15), 22°, 26°, 27°, 139°, inciso 3), de
nuestra Constitución.
6. El cuanto al extremo referente al pago de las remuneraciones por el
tiempo que duró el cese, este Tribunal ha establecido que ello no procede, por
cuanto la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado, sin
perjuicio de dejar a salvo el derecho a la indemnización que pudiera
corresponderle.
7. Igualmente cabe precisar que la acción de amparo no es la vía idónea
para el reconocimiento del pago de intereses y costos procesales.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
FALLA
REVOCANDO, en parte, la recurrida,
que, revocando la apelada declaró improcedente la acción de amparo; y,
reformándola, la declara FUNDADA; en
consecuencia, ordena que la demandada reponga a doña Karina Isabel Castillo
Águila, en su condición de contratada, en el puesto que desempeñaba al momento
de su cese o en otro de igual nivel o categoría, dejando a salvo su derecho de
reclamar la indemnización en la forma legal que corresponda; y la CONFIRMA en el extremo que declaró IMPROCEDENTE el pago de intereses y
costos procesales. Dispone la notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y la devolución de los actuados.
SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA