EXP. N. 2092-2002-AA/TC

SAN MARTÍN

MANUEL MARCOS QUIROZ CISNEROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Marcos Quiroz Cisneros contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 215, su fecha 22 de julio de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de noviembre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra don Washington Salomón Castillo León, decano del Colegio de Abogados de San Martín, con objeto de que se declaren sin efecto la Resolución de Junta Directiva N. 21-2001-CASM- y el Oficio N. 541-2001-CASM-D, por constituir una flagrante amenaza a sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la paz y tranquilidad en el ejercicio profesional de la abogacía y al debido proceso. Señala que la resolución cuestionada lo inhabilita por seis meses en el ejercicio profesional a nivel nacional, por no haber cumplido con el pago de sus obligaciones pecuniarias.

El emplazado, propone las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y niega y contradice la demanda precisando que el demandante tenía conocimiento de sus obligaciones económicas con el Colegio, las que ha incumplido, por lo que es pasible de ser sancionado con la suspensión prevista en el artículo 18. del Estatuto del Colegio. Alega que la resolución cuestionada se adoptó por la Junta Directiva en pleno, de conformidad con los artículos 16., inciso b); 18., 33., incisos a), g) y u); 112. y 124., concordantes con el Decreto Ley N. 19837 agregando que el Colegio de Abogados de San Martín no atenta contra derecho constitucional alguno del solicitante.

El Juzgado Especializado Civil de San Martín - Tarapoto, con fecha 26 de marzo del 2002, declara infundada las excepciones propuestas e infundada la demanda, por considerar que fueron los propios abogados miembros de la Junta Directiva los que acordaron, en el ejercicio de sus derechos, la creación de la cuota extraordinaria, por lo que resulta contradictorio afirmar que se esté limitando el libre ejercicio profesional. Señala que la amnistía, consistente en forzar a los colegiados a pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias bajo apercibimiento de aplicarles la sanción respectiva, no constituye un exceso en los poderes con los que cuenta el Colegio, sino que más bien se encuentra dentro de sus facultades para generar recursos propios. Finalmente, indica que la falta de pago de las cuotas constituye un incumplimiento de las obligaciones asumidas voluntariamente, por lo que resultaba razonable que se impusiera la medida de suspensión, no acreditándose con ello infracción alguna del derecho a la paz y la tranquilidad, señalando que en el caso de autos no era necesario acudir a la vía administrativa.

La recurrida revoca la apelada declarando improcedente la demanda, por considerar, en primer lugar, que la sanción con medida de suspensión por falta de pago se encuentra prevista en el Estatuto del Colegio, y, en segundo lugar, que la amenaza de inhabilitación por falta de sufragio se computa desde el 13 de julio de 2001 hasta el 13 de enero del 2002; en consecuencia, dicha medida no es vigente a la fecha; por lo tanto, al haberse producido la inhabilitación por no sufragar, el hecho resulta irreversible e irreparable el daño.

FUNDAMENTOS

  1. En el caso sub exámine, al recurrente se le suspende en el ejercicio de la abogacía por no haber cumplido con el pago de la cuota extraordinaria por la suma de trescientos nuevos soles (S/ 300.00), y no por el sustento de falta de sufragio en las elecciones del año 2000.
  2. Con posterioridad a la interposición de la presente acción se expidieron el Oficio N. 767-2001 CASM-D y el Acuerdo de Junta Directiva N. 23-2001-CASM, ambos de fecha 16 de noviembre del 2001, obrantes de fojas 66 a 69, en virtud de los cuales se suspendió al recurrente en el ejercicio profesional por el lapso de seis meses.
  3. A la fecha en que este Colegiado conoce los actuados, ya ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado interpuesta al recurrente; de modo que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse convertido la agresión en irreparable.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada declaró improcedente la demanda; y , reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación de las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA