OSWALDO FLORES CHÁVEZ
En Sullana, a los 25
días del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso
extraordinario interpuesto por don Oswaldo Flores Chávez, contra la sentencia
de la Sala Descentralizada Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de
Piura, de fojas 68, su fecha 30 de junio de 2003, que declaró infundada la
acción de amparo de autos.
Con fecha 19 de febrero de
2003, el recurrente interpone acción de
amparo contra la Municipalidad Provincial de Sullana, a fin de que se deje sin
efecto el Memorando N.º 088-2003/MPS-OADM-UPER, de fecha 8 de enero de 2003, y
se ordene su reposición como empleado de dicha institución, así como el pago de
sus remuneraciones devengadas. Sostiene que ingresó a laborar en la entidad
demandada como jardinero bajo la modalidad de servicios no personales con cargo
a Proyectos de Inversión, desde el 1 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre
de 2002, acumulando más de 3 años continuos de servicios; y que, según lo
señalado por el artículo 1º de la Ley N.° 24041, los servidores públicos
contratados que tengan más de un año ininterrumpido de servicios en labores de
naturaleza permanente, no podrán ser cesados ni destituidos sino por las causas
previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276, y con sujeción al
procedimiento establecido en él.
La
emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o
infundada la acción, aduciendo que al demandante no le alcanza el beneficio
previsto en el artículo 1º de la Ley N.° 24041, ya que no cumple con los
requisitos exigidos, debido a que la naturaleza jurídica de su contratación
está sujeta al rubro de Proyectos de Inversión, siendo aplicable al caso el
artículo 2º de dicha ley; es decir, que no se requiere del procedimiento administrativo
establecido por el Decreto Legislativo N.° 276, en caso de cese o destitución.
El
Segundo Juzgado Especializado Civil de Sullana, con fecha 24 de marzo de 2003,
declaró infundada la demanda, por considerar que de las pruebas ofrecidas se
desprende que el demandante trabajó en la modalidad de contrato a plazo fijo,
razón por la que, al comunicársele el memorándum materia de la presente acción,
sólo se le puso en conocimiento el término de su contrato, no vulnerándose
derecho constitucional alguno.
La
recurrida confirmó la apelada, estimando que el demandante no tiene derecho a
los beneficios que otorga la Ley N.° 24041 a los servidores públicos
contratados.
1. De autos se advierte que el demandante ha acreditado, de manera indubitable, haber prestado servicios para la demandada en calidad de jardinero, durante más de un año consecutivo, labor propia de las municipalidades, y, por ende, de carácter permanente. Situación que consta fehacientemente con el Certificado de Trabajo de fojas 2.
2. Por tal razón, a la fecha del cese, el accionante había adquirido la protección prescrita en el artículo 1º de la Ley N.° 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, cuyo tenor es la aplicación de la condición más beneficiosa al trabajador, y que la Constitución ha consagrado en su artículo 26º, inciso 3; así como en el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia los hechos.
3. Siendo así, el demandante sólo podía ser despedido por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, por lo que la decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral sin observar el procedimiento señalado en la ley mencionada, resulta violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, reconocidos en los artículos 2°, inciso 15, 22° y 139°, inciso 3, de la Constitución Política vigente.
4. En cuanto al pago de las remuneraciones que el actor dejó de percibir durante el tiempo que duró el cese, este Tribunal ha establecido que ello no procede, por cuanto la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho a la indemnización que pudiera corresponderle.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
FALLA
REVOCANDO la recurrida que, confirmando
la apelada, declaró infundada la demanda; y,
reformándola, la declara FUNDADA; en
consecuencia, ordena que la demandada proceda a reincorporar al demandante en
su condición de contratado en el cargo que desempeñaba al momento de la
violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivel o
categoría; e IMPROCEDENTE el pago de
las remuneraciones que, por razón del cese, hubiese dejado de percibir,
dejándose a salvo su derecho de reclamarlas en la forma legal respectiva. Dispone la notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y la devolución de los
actuados.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA