MAIANA RUIZ RUGEL
En Sullana, a los 25
días del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso
extraordinario interpuesto por doña Mariana Ruiz Rugel, contra la sentencia de
la Sala Descentralizada Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de
Piura, de fojas 83, su fecha 24 de julio de 2003, que declaró infundada la
acción de amparo de autos.
Con fecha 25 de marzo de
2003, la recurrente interpone acción de
amparo contra la Municipalidad Provincial de Sullana, a fin que se deje sin efecto
el Memorando N.º 029-2003/MPS-OADM-UPER de fecha 3 de enero de 2003, y se
ordene su reposición como empleada de dicha institución. Sostiene que ingresó a
laborar en la entidad demandada como controladora de obras, modista en el
Programa del Vaso de Leche y almacenera,
bajo la modalidad de servicios no personales con cargo a Proyectos de
Inversión, desde el 1 de abril de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002,
acumulando más de 2 años continuos de servicios; y que, según el artículo 1º de
la Ley N.° 24041, los servidores públicos contratados que tengan más de un año
ininterrumpido de servicios en labores de naturaleza permanente, no podrán ser
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del
Decreto Legislativo N.º 276, y con sujeción
al procedimiento establecido en él.
La
emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, alegando
que a la demandante no le corresponde el beneficio previsto en el artículo 1º
de la Ley N.° 24041, ya que no cumple con los requisitos exigidos, puesto que
la naturaleza jurídica de su contratación está sujeta al rubro de Proyectos de
Inversión, siendo aplicable al caso el artículo 2º de dicha ley; es decir, que
no se requiere del procedimiento administrativo establecido por el Decreto
Legislativo N.° 276, en caso de cese o destitución.
El
Segundo Juzgado Especializado Civil de Sullana, con fecha 28 de abril de 2003,
declaró infundada la demanda, por considerar que de las pruebas ofrecidas se
desprende que la demandante trabajó en la modalidad de contrato a plazo fijo,
por lo que al comunicársele el memorándum materia de la presente acción, sólo
se le puso en conocimiento el término de su contrato, no vulnerándose derecho
constitucional alguno.
La
recurrida confirmó la apelada, estimando que la demandante no se encuentra
comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley N.° 24041, ya
que sus contratos fueron siempre a plazo determinado, por servicios no
personales.
1. De autos se advierte que la demandante ha acreditado, de manera indubitable, haber prestado servicios para la demandada en calidad de controladora de obras, en el Programa del Vaso de Leche y como almacenera, durante más de un año consecutivo, labor propia de las municipalidades, y de carácter permanente, conforme consta de las Resoluciones de fojas 2 a 13.
2. Por tal razón, a la fecha del cese, la accionante había adquirido la protección prescrita en el artículo 1º de la Ley N.° 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador referido a la aplicación de la condición más beneficiosa a ésta, que la Constitución ha consagrado en su artículo 26º, inciso 3; así como en el principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos.
3. Siendo así, la demandante sólo podía ser despedida por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, por lo que la decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral que tenía con aquélla sin observar el procedimiento señalado en la ley mencionada, resulta violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, reconocidos en los artículos 2°, inciso 15, 22° y 139°, inciso 3 , de la Constitución Política vigente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
FALLA
REVOCANDO la recurrida que,
confirmando la apelada, declaró infundada la demanda;
y, reformándola la declara FUNDADA;
en consecuencia, ordena que la demandada proceda a reincorporar a la demandante
en su condición de contratada en el cargo que desempeñaba al momento de la
violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivel o
categoría. Dispone la notificación a las
partes, su publicación conforme a ley y
la devolución de los actuados.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA