EXP.
N.° 0052-2002-AA/TC
ICA
EUSTAQUIO
JIMÉNEZ CONTRERAS
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 14 días del mes de junio de 2004, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Aguirre Roca, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso
extraordinario interpuesto por don Eustaquio Jiménez Contreras contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fecha 24
de octubre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone
acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que
cumpla con otorgarle la renta vitalicia que le corresponde, por haber adquirido
silicosis durante su actividad laboral prestada en la Empresa Minera Shougang
Hierro Perú S.A. hasta el 30 de noviembre de 2000, pues el 16 de enero de 2001
presentó a la demandada toda la documentación que acreditaba su derecho de
percibir renta vitalicia según el D.L. N.° 18846, habiendo transcurrido más de
cuatro meses sin haber recibido respuesta alguna.
La emplazada niega y
contradice la demanda en todos sus extremos, precisando que la pretensión
resulta física y jurídicamente imposible, ya que el derecho solicitado se
determina según el dictamen de la Comisión Evaluadora de Enfermedades
Profesionales, luego del cual su representada calificará y otorgará o denegará
la solicitud, aplicando el D.L. N.° 18846.
El Primer Juzgado Civil Ica, a fojas 44, con fecha 10 de
agosto de 2001, declaró fundada la demanda, al considerar que el demandante
trabajó para la Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A., según el certificado
de trabajo de fojas 2, habiendo sido despedido sin expresión de causa, y que en
el examen médico ocupacional de fojas 3, realizado por la Dirección General de
Salud Ambiental-Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud, acreditó que
adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo grado de evolución con
leve hipoacusia neurosensorial.
La
recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la acción, por estimar
que la Comisión Evaluadora de
Incapacidades o Enfermedades Profesionales es quien puede determinar si procede
o no otorgar el beneficio solicitado.
FUNDAMENTOS
1.
En la demanda de autos, la entidad emplazada ha sido la ONP, la misma que no ha
alegado no ser la obligada a cubrir las prestaciones derivadas del seguro complementario de trabajo de riesgo, en caso
de acreditarse la existencia de una enfermedad profesional, hecho tomado en
cuenta por el Tribunal Constitucional.
2.
La Constitución, en su artículo 10º, “(...) reconoce el derecho universal y
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a
las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. Consecuentemente, el artículo 19º de la
Ley N.° 26790 creó el seguro complementario de trabajo de riesgo, como una
cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que
desempeñan actividades de alto riesgo. Dicho seguro es obligatorio y corre por
cuenta de la empresa, cubriendo, entre otros riesgos, el correspondiente al
otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente, como
consecuencia de accidentes de trabajo o
de enfermedades profesionales, seguro que puede ser contratado libremente, sea
con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas.
3.
Del Certificado de Trabajo expedido por el Jefe
de Recursos Humanos y Remuneraciones de
la Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A., resulta que el demandante trabajó
en la citada empresa como obrero,
expuesto a los riesgos de peligrosidad e insalubridad durante 36 años; y en el
certificado expedido por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud consta que adolece
de neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución.
4.
De otro lado, mediante el Decreto Supremo N.°
003-98-SA, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo, en cuyo artículo 2.1, remitiéndose al inciso k), artículo 2º, del
Decreto Supremo N.° 009-97-SA, se considera accidente de trabajo —en general—,
toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o
con ocasión del trabajo, sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo
del mismo. Así, la neuomoconiosis, entendida como enfermedad respiratoria crónica, producida por la
inhalación de polvo de diversas sustancias minerales por períodos prolongados, constituye una enfermedad profesional,
5.
En consecuencia, y conforme a la norma general
contenida en el artículo 26° del Decreto Ley N.° 19990, modificado por la Ley
N.° 27023, cuando el asegurado del Sistema Nacional de Pensiones solicite una
pensión de invalidez, para acreditar la misma basta la presentación del
Certificado Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de Seguridad
Social —hoy ESSALUD—, los establecimientos de salud pública del Ministerio de
Salud, o las Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N.° 26790,
de acuerdo con el contenido que la ONP apruebe, previo examen de una Comisión
Médica nombrada al efecto, en cada una de dichas entidades.
6.
La Comisión Técnica a que se ha hecho
referencia, se encuentra regulada en el artículo 30º del Decreto Supremo N.°
003-98-SA. Al no haberse constituido dicha Comisión, debió procederse conforme
a lo expuesto por la ONP en su escrito de contestación a la demanda a
fojas 20, en el que manifiesta que es la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud la entidad encargada de hacer la referida
evaluación. En todo caso, debió
procederse de acuerdo con lo expuesto en la Cuarta Disposición Transitoria del
referido Decreto Supremo, que establece la posibilidad de determinar la
existencia de enfermedad profesional empleando
la lista y criterios utilizados en el Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N°002-72-TR, el mismo que, en su artículo 60°, reconoce la
neumoconiosis como enfermedad profesional.
7. Por lo tanto, al haberle denegado
la ONP los beneficios correspondientes,
el demandante ha quedado desprotegido y afectado en su derecho a la seguridad
social y cobro de la renta vitalicia que le corresponde, resultando, en
consecuencia, vulnerados los derechos establecidos en los artículos 1°, 2°,
incisos 1) y 2), 11°, 12° y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la
Constitución.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las
atribuciones que le confieren la
Constitución Política del Perú y su Ley
Orgánica,
FALLA
REVOCANDO la
recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; y,
reformándola, la declara FUNDADA; por consiguiente, ordena que
la demandada otorgue al demandante la pensión que le corresponde por concepto
de enfermedad profesional, con arreglo a la Ley N.° 26790 y normas
complementarias y conexas. Dispone la notificación a las partes, su publicación
en el diario oficial El Peruano y la
devolución de los actuados.
SS.
ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REVOREDO MARSANO
GARCÍA TOMA