EXP.
N.° 392-2004-AA/TC
LA
LIBERTAD
JESÚS
GERARDO DÁVALOS ACOSTA
En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2004, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli
Lartirigoyen, Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la
siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Gerardo Dávalos Acosta
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, de fojas 142, su fecha 28 de octubre de 2003, que declara
improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 10 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de
amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que
se declare inaplicable la Resolución N.° 22074-DIV-PENS-SGO-GDLL-IPSS-93, de
agosto de 1993, por considerar que vulnera su derecho a la seguridad social;
asimismo solicita el pago de los devengados. Alega que se le ha otorgado una
pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.° 25967, pese a reunir los requisitos para obtener
una pensión al amparo del Decreto Ley N.° 19990; y que ha acumulado un total de
24 años y 3 meses de aportaciones ininterrumpidas, por lo que se está
vulnerando su derecho constitucional.
La ONP contesta la demanda y solicita que se la declare
improcedente, aduciendo que la pensión
del accionante está correctamente calculada. Refiere que al momento de entrar en
vigencia el D.L. N.° 25967, esto es, el 19 de diciembre de 1992, el actor no
reunía los requisitos exigidos en los artículos 38 º, 41º y 44 º del Decreto
Ley N.° 19990 para acceder a ningún
tipo de pensión de jubilación, debido a que contaba únicamente con 24
años de aportación; y que la pretensión del demandante no puede ser dilucidada
en la presente vía, pues carece de estación probatoria.
El Tercer Juzgado Especializado en
lo Civil de Trujillo, con fecha 19 de
mayo de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que sí existe vulneración
constitucional al aplicarse retroactivamente el Decreto Ley N.° 25967.
.
La recurrida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la
demanda, por estimar que de autos no se puede determinar los años de
aportaciones efectivas realizadas por
el demandante.
1.
La presente acción esta dirigida a que se
ordene la reformulación de la remuneración pensionable del actor, en
aplicación estricta de Decreto Ley N.º 19990, dispositivo que, al no
haber sido aplicado correctamente, vulnera el derecho pensionario del
accionante; siendo así, la petición de reintegros y otros resultan pretensiones accesorias.
2.
En materia de pensiones, la norma
constitucional establece que el Estado reconoce el derecho universal y
progresivo de toda persona a la seguridad social; en consecuencia, será materia
de análisis determinar si el accionante cumple con los requisitos exigidos por ley, como condición para tener derecho a
gozar de una pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.° 19990.
3.
El
dispositivo invocado establece en su artículo 44º que, para tener derecho a
pensión de jubilación, los trabajadores
deberán tener cuando menos 55 ó 50 de edad y 30 ó 25 años de aportación, según
sean hombres o mujeres. Del estudio de autos se aprecia que el accionante, al momento de interponer
solicitud de pensión de jubilación adelantada, contaba con 59 años de edad,
conforme se acredita con su documento nacional de identidad
que obra a fs. 01 de autos; asimismo se
advierte que si bien es cierto había
cumplido con la edad para pretender pensión adelantada, no lo es menos
que, según la resolucion cuestionada,
se acreditan únicamente 24 años de aportaciones, de lo cual se colige que
el accionante no cumple con los requisitos exigidos para acceder a pensión de
jubilación al amparo de dicho decreto ley.
4.
Asimismo,
cabe puntualizar que el demandante cumplió con el requisito de edad cuando ya
había entrado en vigencia el Decreto Ley N.° 25967, por lo que la aplicación de
dicha norma no vulnera los derechos que invoca.
Por los fundamentos expuestos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú
le confiere,
Declarar
IMPROCEDENTE la acción de amparo.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REVOREDO MARSANO
GARCÍA TOMA