EXP.
N.° 511-2004-AC/TC
LAMBAYEQUE
GALGOS S.R. LTDA.
En Lima, a los 12 días del
mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por don Lizardo Rogelio Anaya Mejía, Gerente General de Expreso
Turismo Galgos S.R. Ltda. contra la sentencia de la Segunda Sala
Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, de fojas 78, su fecha 29 de setiembre de
2003, que declara improcedente la acción
de cumplimiento de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 31
de marzo de 2003, interpone acción de cumplimiento contra la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, con la finalidad de que se ejecute la Resolución
Administrativa N.° 867-2001-MPCH/DS, de fecha 7 de diciembre de 2001, mediante la cual se concede autorización
municipal de funcionamiento de apertura
a la Empresa de Transportes Expreso Turismo Galgos S.R.Ltda. para el
negocio de terminal terrestre,
embarque y desembarque. Refiere
que ha cumplido con el pago de derechos y requisitos exigidos por el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo,
aprobado por la Ordenanza Municipal N.° 03-98-MPCH, mediante la cual se aprueba
el otorgamiento de licencia de
funcionamiento provisional a los terminales terrestres hasta que se
construya el terminal terrestre de la
ciudad de Chiclayo.
La emplazada contesta la
demanda solicitando que se la declare improcedente o infundada, alegando
que el
recurrente no ha presentado medio
probatorio alguno que demuestre que la
Municipalidad haya dispuesto la anulación o suspensión de la Resolución Administrativa N.° 867-2001-MMPCH/DS; que no se ha acreditado la
renuencia de funcionario o autoridad en
contra del cumplimiento de esta resolución; y que los gobiernos locales están facultados para regular el transporte
público y la circulación de tránsito.
El Tercer Juzgado Civil
Chiclayo, con fecha 16 de mayo de 2003, declaró improcedente la demanda, considerando que el artículo 191°
de la Constitución Política establece que las municipalidades son órganos de
gobierno local, y que dentro de sus facultades están todas aquellas que
garanticen el cumplimiento de normas legales existentes, pudiendo, en caso de
contravención, ordenar la clausura definitiva de establecimientos.
La recurrida confirmó la
apelada, aduciendo que en el presente caso, conforme se ha acreditado con
el documento obrante de fojas 29, la Resolución Administrativa N.°
867-2001-MPCH/DS, cuyo cumplimiento se exige, fue dejada sin efecto por la
Resolución de Alcaldía N.° 1449-02, de
modo que no procede exigir su cumplimiento.
FUNDAMENTOS
1.
Del
análisis de los requisitos de procedibilidad, se constata que el
recurrente requirió por conducto
notarial a la entidad administrativa el
acto que se pretende cumplir, agotando con ello la vía previa, conforme lo dispone el artículo 5° de la Ley
N.° 26301.
2.
La
acción de cumplimiento sólo procede contra la autoridad o funcionario renuente
a acatar una norma legal o un acto administrativo, siempre que el mandamus sea claro, incondicional obligatorio, pero además que se
encuentre vigente, lo que no ocurre en el caso de autos, ya
que la Resolución de Alcaldía N.°
1449-2002-MPCH/A, de fecha 17 de diciembre
de 2002, dispone en su artículo
1° dejar a sin efecto la Resolución Directoral N.° 867-2001-MPCH, acto administrativo cuyo cumplimiento se
exige.
Por los fundamentos
expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú
le confiere
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE
la acción de cumplimiento.
Publíquese y
notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA