En Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por doña María del Pilar Peralta Ramírez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 9 de setiembre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.
La recurrente, con fecha 8 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se dejen sin efecto el Acuerdo del Pleno del CNM, del 11 de octubre de 2002, y la Resolución N.° 458-2002-CNM, del 11 de octubre de 2002, en la parte que no la ratifica en el cargo de Fiscal Provincial Titular del Distrito Judicial de Lima, deja sin efecto su nombramiento, y cancela su título, solicitando que se ordene su inmediata reposición en el cargo. Sostiene que ha sido separada a pesar de que durante años se ha desempeñado con justicia y equidad; que, al no ser ratificada por el CNM, y no permitírsele postular a cargo similar, se lesionan –entre otros– sus derechos fundamentales al debido proceso y a la legítima defensa, toda vez que no se le dieron a conocer los cargos que justificaron su no ratificación; y que la cuestionada resolución carece de motivación, con lo cual resulta nula e injusta.
El Consejo Nacional de la Magistratura se apersona al proceso, y contesta la demanda alegando que el proceso de ratificación se ha realizado de acuerdo a la Ley N.° 27368, y en estricto cumplimiento del debido proceso, razón por la cual no se ha vulnerado derecho constitucional alguno.
El Cuadragésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 8 de enero de 2003, rechazó liminarmente y declaró improcedente la demanda, en virtud de lo expuesto en el artículo 142° de la Constitución Política del Perú.
La recurrida, revocando la apelada, subsanó el quebrantamiento de forma, y avocándose al fondo de la controversia, declaró infundada la demanda, conforme a la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional.
1.
Como
ya lo ha expresado este Colegiado en el Expediente N.° 1941-2002-AA/TC –caso
Luis Felipe Almenara Bryson–, resulta objetable el raciocinio utilizado en sede
judicial para justificar la improcedencia declarada, pues se ha renunciado al
deber de merituar, desde la perspectiva de cualquier juzgador constitucional,
si la regla contenida en el artículo 142° de la Constitución admite una
exclusiva y excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son
de dos tipos y conviene reiterarlas una vez más:
a) El hecho de que una norma
constitucional pueda ser analizada a partir de su contenido textual, no
significa que la función del operador del Derecho se agote con un
encasillamiento elemental o particularizado, en el que se ignoren o minimicen
los contenidos de otros dispositivos constitucionales, tanto más si resultan
siendo no un simple complemento sino, en muchos casos, una obligada fuente de
referencia por su relación o implicancia con el dispositivo examinado. Lo cierto
es que las consideraciones sobre un determinado dispositivo constitucional sólo
pueden darse cuando se desprendan de una interpretación integral de la
Constitución, y no de una parte, o de un sector de ella, como parecen
entenderlo, en forma por demás errónea, los jueces de la jurisdicción
ordinaria.
b) Así, queda claro que, cuando
el artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede
judicial las resoluciones del CNM en materia de evaluación y ratificación de
jueces, el presupuesto de validez de dicha afirmación reposa en la idea de que
las funciones que le han sido conferidas a dicho organismo, hayan sido
ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no
bajo otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al
margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata de
otra cosa que de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan
con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica
los convierta en entes autárquicos que desconozcan o hasta contravengan lo que
la misma Carta les impone. El CNM, como cualquier órgano del Estado, no es
ilimitado en sus funciones, pues éstas no dejan en ningún momento de sujetarse
a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus
resoluciones no serán revisables en sede judicial en tanto no contravengan la
Carta, lo que supone, contrario sensu,
que si son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de valores materiales
o los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, no existe ni puede
existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control jurisdiccional
efectivo. En dicho contexto, este Tribunal no sólo puede, sino que debe evaluar
el tema de fondo, para determinar si se han vulnerado o no los derechos
reclamados, sin que, por contrapartida, pueda alegarse ningún tipo de función
exclusiva o excluyente, o ningún campo de pretendida invulnerabilidad.
2.
No
obstante, aun cuando la función de ratificación ejercida por el CNM
excepcionalmente pueda ser revisada en los supuestos de ejercicio irregular, en
el presente caso no se encuentran razones objetivas que permitan considerar que
tal situación se ha presentado y que, por consiguiente, se han vulnerado los
derechos constitucionales invocados.
3.
En
efecto, la institución de la Ratificación de Magistrados no tiene por finalidad
que el CNM se pronuncie sobre actos u omisiones antijurídicas. Constituye, más
bien, un voto de confianza secreto que nace del criterio de conciencia de cada
Consejero, sobre la manera como se ha desenvuelto el Magistrado durante los 7
años en que ejerció su función. De ahí que la validez constitucional de este
tipo de decisiones no dependa de que esté motivada, sino de que haya sido
ejercida por quien tiene competencia para ello (Consejo Nacional de la
Magistratura) dentro de los supuestos en los que la propia norma constitucional
se coloca (jueces y fiscales cada 7 años). En ello, precisamente, reside su
diferencia con la destitución por medida disciplinaria, que, por tratarse de
una sanción y no de un voto de confianza, sí debe motivarse a fin de preservar
el debido proceso de quien es procesado administrativamente.
4.
Por
lo tanto, el hecho de que la decisión adoptada por el Consejo no haya precisado
las razones o motivos por los que no ratifica a la recurrente y que, por
consiguiente, no pueda ésta encontrarse habilitada para cuestionarlas, no puede
interpretarse como una vulneración de sus derechos constitucionales, sino como
el ejercicio regular de una función reconocida con tales contornos o
características por la propia Constitución, desde que, como se reitera, se
trata de una cuestión de confianza, y no del ejercicio de una potestad
entendida como sancionatoria.
5.
Sin
embargo, queda por precisar que, si se asume que la no ratificación de la
recurrente no representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse
como que, por encontrarse en dicha situación, se encuentre impedida de
reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto,
si la no ratificación es un acto sustentado en la confianza, mal puede
concebirse que los no ratificados no puedan volver a postular a la
Magistratura, cuando tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son
destituidos por medida disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia
Constitución, y ésta debe interpretarse de manera que sea coherente consigo
misma o con las instituciones que reconoce, para este Tribunal queda claro que
una lectura razonable del artículo 154°, inciso 2) no puede impedir en modo
alguno el derecho de la demandante a postular nuevamente a la Magistratura,
quedando, por tanto, salvado su derecho dentro de los términos y alcances
establecidos por este mismo Colegiado.
6. Por consiguiente, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales reclamados, la demanda no puede ser estimada, por lo que, en todo caso, se deja a salvo el derecho de la recurrente para, si lo considera pertinente, postular nuevamente a la Magistratura.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA