EXP. N.°
619-2004-AA/TC
CONO NORTE DE LIMA
JUAN GARCÍA CAMPOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del
mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini,
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por don Juan García Campos contra la resolución
de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima,
de fojas 122, su fecha 09 de setiembre de 2004, que declara infundada la acción
de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 10 de febrero del
2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad
Distrital de Independencia y el Ejecutor Coactivo de la misma comuna distrital,
solicitando que se abstengan de cobrar impuestos y tributos (en particular el
impuesto predial), y que, en consecuencia, se declare nula la Resolución N.°
04, del 21 de enero de 2003, emitida en el procedimiento coactivo con Exp. N.°
071-02, mediante la cual se dispone trabar embargo sobre sus bienes; todo ello
mientras no se resuelva el problema de imprecisión en la demarcación de los
distritos de San Martín de Porres e Independencia, ya que su domicilio se encuentra
ubicado en el primero de los citados distritos y es por dicho motivo que ha
venido tributando ante el mismo y no como lo pretende la demandada, la cual
viene vulnerando sus derechos constitucionales.
La emplazada contesta la
demanda solicitando que se la declare infundada, alegando que, de conformidad
con el artículo 102°, inciso 7), de la Constitución y los artículos 14°, y
numeral 8 del artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 23853, el
Poder Ejecutivo propuso una nueva demarcación territorial que incluía la
creación del distrito de Los Olivos, estableciendo una distribución equitativa
poblacional y rentas del parque industrial de la Panamericana Norte entre el
distrito a crearse y los distritos colindantes, lo que posteriormente vino a consolidarse
mediante la Ley N.° 25017. Por otra parte, indica que en la acción ordinaria
sobre demarcación territorial incoada contra la Municipalidad Distrital de San
Martín de Porres, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante
ejecutoria de fecha 22 de setiembre de 1993, declaró no haber nulidad en la
sentencia de vista que, confirmando la apelada, declaró que la circunscripción
territorial comprendida por la avenida Naranjal, la Panamericana Norte, la
avenida Tomás Valle y la avenida Túpac Amaru correspondía al distrito de
Independencia, agregando que, en virtud de ello, la emplazada tiene derecho a
cobrar los arbitrios y demás tributos municipales a la demandante.
El Tercer Juzgado
Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 24 de marzo de
2003, declara fundada la demanda, por considerar que, conforme lo ha sostenido
el Tribunal Constitucional, a raíz de la Ley de creación del distrito de Los
Olivos, se han suscitado problemas de demarcación territorial entre los
distritos de Independencia y San Martín de Porres; que, por consiguiente y en tanto subsistan los
problemas de imprecisión entre dichas circunscripciones, se debe respetar para
fines tributarios y administrativos los usos y costumbres, tal como acordaron
las municipalidades respectivas mediante el Acta de Compromiso de fecha del 7
de mayo de 1996, estando obligado el demandante a pagar el impuesto predial y
los tributos municipales en una sola municipalidad.
La recurrida, revocando la
apelada, declara infundada la demanda, estimando que si bien el Tribunal
Constitucional anteriormente sostenía que era necesario suspender los pagos
hasta que se resolvieran los problemas de demarcación territorial entre los
distritos de Independencia y Los Olivos, posteriormente, mediante sentencia del
04 de diciembre de 2002, ha considerado que tales controversias territoriales
se han resuelto, por lo que, dado que el domicilio del demandante se encuentra
en el área correspondiente al distrito de Independencia, debe desestimarse la pretensión.
FUNDAMENTOS
1.
El
objeto de la demanda es que la Municipalidad Distrital de Independencia y el
Ejecutor Coactivo de la misma comuna distrital se abstengan de cobrar impuestos
y tributos (en particular el impuesto predial) al recurrente, y que se declare
nula la Resolución N.° 04, del 21 de enero de 2003, emitida en el procedimiento
coactivo con Exp. N.° 71-02, mediante la cual se dispone trabar embargo sobre
sus bienes; todo ello mientras no se resuelva el problema de imprecisión en la
demarcación de los distritos de San Martín de Porres e Independencia y tomando
en consideración que el domicilio del recurrente se encuentra ubicado en el
primero de los citados distritos.
2.
Merituados
los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el
expediente, este Colegiado considera legítima la demanda habida cuenta de que
a) si bien mediante la Ley N.° 14965 se creó en la provincia de Lima el
distrito de Independencia, cuyos límites fueron precisados por la Ley N.°
16012, debe tenerse en cuenta que a través de la Ley N.° 25017 se creó en la
provincia de Lima el distrito de Los Olivos, habiéndose generado desde entonces
problemas de demarcación territorial entre los distritos de Independencia y San
Martín de Porres que deben ser solucionados por la autoridad competente en
materia de demarcación territorial. Dichos problemas de demarcación han quedado
plenamente acreditados con lo señalado en el Oficio N.° 1349-2004-MML-IMP, de
fecha 28 de setiembre de 2004, y el Informe N.° 016-2004/MML-IMP-DPT-OTDT, del
27 de setiembre de 2004, remitidos ambos por el Instituto Metropolitano de
Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a solicitud de este
Tribunal , de conformidad con lo previsto en el artículo 56° de su Ley Orgánica
N.° 26435; b) aunque en anterior oportunidad (concretamente en el Exp. N.°
114-2002-AA/TC) este Colegiado ha sostenido que en el proceso sobre demarcación
territorial iniciado por la Municipalidad de Independencia contra la
Municipalidad San Martín de Porres, seguido ante el Poder Judicial (Exp. N.°
1598-92), se declaraba fundada la demanda y que, en consecuencia, la
circunscripción territorial comprendida por la Av. El Naranjal, la Panamericana
Norte, la Av. Tomás Valle y la Av. Túpac Amaru correspondía a la jurisdicción
de la Municipalidad Distrital de Independencia, se ha acreditado, según se
aprecia en la documentación señalada en el epígrafe precedente que, el citado
conflicto limítrofe subsiste. Por otra parte y a diferencia de lo sucedido en
el proceso de amparo con Exp. N.° 114-2002-AA/TC, no se ha demostrado que el
recurrente haya consignado pago tributario o administrativo alguno a favor de
la Municipalidad de Independencia y que, en cambio, sí lo ha hecho a favor de
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. En dicho contexto, no se
trata pues, en el presente caso, de cambio de jurisprudencia alguno, sino de un
proceso con supuestos de hecho distintos al citado; c) por consiguiente y en
tanto subsistan los problemas de imprecisión en la demarcación territorial de
los distritos de San Martín de Porres e Independencia y este no sea resuelto
por la autoridad competente, se debe respetar, para fines tributarios y
administrativos, el principio de los usos y costumbres, tal como lo acordaron
las municipalidades respectivas mediante el Acta de Compromiso de fecha 07 de
mayo de 1996 (de fojas 05 a 06 de autos). En tales circunstancias, el
recurrente solo se encuentra obligado a efectuar el pago del impuesto predial y
de los tributos municipales en una sola municipalidad, y en tanto que estos han
venido pagándose en la Municipalidad
Distrital de San Martín de Porres, conforme aparece a fojas 03 y 04 de autos,
dicha comuna distrital, por lo menos provisionalmente, es la única que puede
percibir dichos ingresos, sin que el recurrente tenga por qué verse perjudicado
por un problema ajeno a sus responsabilidades de contribuyente; d) queda claro,
por tanto, que la Municipalidad Distrital de Independencia, al efectuar cobros
coactivos o medidas de embargo por el pago de tributos que el demandante viene
cancelando a la Municipalidad de San Martín de Porres, ha vulnerado sus
derechos constitucionales a la propiedad y al debido proceso.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
Declarar FUNDADA
la demanda; en consecuencia, inaplicable al recurrente la Resolución N° 04, del
21 de enero de 2003, emitida en el procedimiento coactivo con Exp. N.°
71-02.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA