En Lima, a los 25 días del
mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia
Recurso
extraordinario interpuesto por don Abrahan Salvatierra Mora contra la sentencia de la
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 73, su fecha 30
de diciembre de 2003, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos.
Con fecha 27 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se cumpla con determinar y efectuar el pago de su pensión de conformidad con la Ley N.° 23908, y se ordene el pago de los reintegros de las pensiones dejadas de percibir; agregando que tiene la condición de jubilado desde el 1 de abril de 1998, razón por la cual es aplicable a su caso la Ley N.° 23908, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional, recaídas en los Exps. N.os 007-96-I/TC y 0703-2002-AC/TC.
La emplazada
alega que no existe vulneración de ningún derecho constitucional, puesto que el
accionante cesó el 31 de marzo de 1998, fecha en que adquirió el derecho de percibir pensión de jubilación, y en
la que aún no se encontraba vigente la Ley N.° 23908; que, consecuentemente, no
se generó derecho a pensión mínima; agregando que, siendo posterior a la
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 757 la fecha de su cese
laboral, no tenía derecho a una pensión
mínima.
El Primer Juzgado Especializado Civil de Chimbote, con fecha 24 de junio de 2003, declaró infundada la demanda, por
considerar que a la fecha de cese del actor se encontraba vigente el Decreto
Legislativo N.º 817, publicado el 24 de
abril de 1996, que modificó la pensión mínima.
La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
1.
El
Decreto Ley N.º 19990, vigente desde el 1 de mayo de 1973, crea el Sistema
Nacional de Pensiones, con el propósito de unificar los diversos regímenes de
seguridad social existentes y eliminar injustas desigualdades, entre otras
consideraciones. La pensión resultante del sistema de cálculo establecido en
cada modalidad de jubilación, se denominó pensión
inicial, monto sobre la cual se aplicaban los aumentos dispuestos conforme
a dicha norma.
2.
El
artículo 79º del Decreto Ley N° 19990 prescribe que los reajustes de las
pensiones otorgadas serán fijados teniendo en cuenta las variaciones en el
costo de vida y que en ningún caso podrá sobrepasarse el límite señalado en el
artículo anterior, por efecto de uno o más reajustes, salvo que dicho límite
sea a su vez reajustado. Igualmente, debe tenerse presente que el artículo 78º
del referido Decreto Ley implantó el sistema para determinar el monto máximo de
las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones.
3.
Mediante
la Ley N.° 23908 –publicada el 07-09-1984– se dispuso: “Fíjase en una cantidad
igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la actividad industrial
en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y
jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”.
4.
Al
respecto, es preciso señalar que al dictarse la Ley N.º 23908 se encontraba
vigente el Decreto Supremo N.º 018-84-TR, expedido el 1 de setiembre de 1984,
que estableció la remuneración mínima
de los trabajadores, uno de cuyos tres conceptos remunerativos era el sueldo mínimo vital.
5.
El
Decreto Supremo N.° 023-85-TR –publicado el 02-08-1985– ordenó que, a partir de
1 de agosto de 1985, el Ingreso Mínimo Legal estaría constituido por:
6.
El
Decreto Supremo N.° 054-90-TR ( publicado el 20-08-1990 ) subrayó la necesidad
de proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores de menores ingresos,
mediante el otorgamiento de una Remuneración
Mínima Vital, la misma que, según su artículo 3°, estaría integrada, entre
otros conceptos, por el Ingreso Mínimo Legal, el cual incorporó y sustituyó al
Sueldo Mínimo Vital, convirtiéndose este concepto sustitutorio en el referente
para los efectos legales y convencionales en que resultara aplicable.
El monto del Ingreso Mínimo
Legal, como referente para el cálculo de la pensión mínima del Sistema Nacional
de Pensiones, fue regulado por última vez por el Decreto Supremo N.º 002-91-TR.
7.
Del
recuento de las disposiciones que regularon la pensión mínima, se concluye lo
siguiente:
a)
La
Ley N.º 23908 modificó el Decreto Ley N.º 19990, que en su diseño estableció la
pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo
previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente
de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se
convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema
Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma.
b)
La
pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero
posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios
mínimos de los trabajadores, la transformaron en el Ingreso Mínimo Legal, el
mismo que, solo para estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de
diciembre de 1992.
c)
La
pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a tres veces
la remuneración de un trabajador en actividad; más bien, el referente de
cálculo de la misma se estableció utilizando uno de los tres componentes de la
remuneración mínima de los trabajadores.
d)
El
Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los
requisitos del Decreto Ley N.º 19990 para el goce de las pensiones, entendiéndose
que desde la fecha de su vigencia se sustituía el beneficio de la pensión
mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia –19
de diciembre de 1992–, inaplicable la Ley N.º 23908.
e)
Por
tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.º 23908 debe aplicarse a
aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18
de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.º 25967),
con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la fecha de su
derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967. A partir del 19 de diciembre de
1992, resultan de aplicación las disposiciones del Decreto Ley N.° 25967, que
establecen el nuevo sistema de cálculo
para obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema Nacional
de Pensiones.
8.
De
la Resolución N°37369-98-onp/dc,
de fecha 30 de setiembre de 1998, que obra a fojas 2 de autos, se advierte que
el demandante cesó el 31 de marzo de 1998. En consecuencia, habiendo adquirido
el derecho con posterioridad al 18 de diciembre de 1992, no le corresponde el
beneficio de la pensión mínima establecido por la Ley N.º 23908.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA
la demanda.
Publíquese
y notifíquese
SS.
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA