EXP. N.° 0713-2004-AA/TC
LIMA
RAÚL HUAMÁN RICALDI
En Lima, a los 2 días del
mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por don Raúl Huamán Ricaldi contra la sentencia de la Primera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 83, su fecha 2 de
setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
Ante el Juzgado Civil de
Lima, el recurrente interpone acción de amparo el fecha 22 de marzo de 2002, contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones
Administrativas N.os 0000015959-2001-ONP/DC/DL 19990 y
217-2002-GO-ONP, de fechas 31 de octubre de 2001 y 17 de enero de 2002,
respectivamente, por no haberse aplicado el inciso a) del artículo 2° del
Decreto Ley N.° 25967, considerándose para el cálculo la remuneración de
referencia de los últimos 36 meses consecutivos inmediatamente anteriores al
último mes de aportación obligatoria. Sostiene que la emplazada ha fijado su
pensión de jubilación en forma diminuta e incompleta, al calcularla tomando
como referencia solo los últimos 5 meses de aportación, como facultativo
independiente al Sistema Nacional de Pensiones, los que dividió entre 60 para
obtener la remuneración de referencia.
La ONP contesta la demanda
manifestando que la pensión de jubilación del demandante ha sido determinada de
acuerdo con el D.L. 19990, modificado por el Decreto Ley N.º 25967, y que en su
condición de facultativo independiente, se ha aplicado el art. 74 del Decreto
Ley N.º 19990, que señala que la pensión se determinará sobre la base del
ingreso de referencia, que es igual al promedio de los ingresos asegurables de
los últimos 60 meses.
El Cuadragésimo Segundo
Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de noviembre de 2002, declaró fundada
la demanda, por estimar que en aplicación del inciso a) del artículo 2º del
Decreto Ley N.º 25967, la ONP debe
sustituir los períodos de interrupción de las aportaciones por igual número de
meses consecutivos inmediatamente aportados.
La
recurrida revocó la apelada, declarando improcedente la demanda, considerando
que la acción está dirigida a obtener un nuevo cálculo de la pensión, no siendo
el amparo la vía idónea para determinar la
pretensión.
1.
Del
cuadro de aportes y remuneraciones obrante a fojas 5 se advierte que al 30 de
abril de 1994, el demandante contaba con 33 años de aportaciones como asegurado
obligatorio. Asimismo, a fojas 2 y 3 de autos se aprecia que nació el 1 de
enero de 1942, y que, a la fecha de expedición de la Resolución, tenían la edad
necesaria para obtener una pensión de jubilación adelantada.
2.
Si
bien es cierto que el artículo 2°, inciso a), del Decreto Ley N.° 25967 y el
Decreto Ley N.° 19990 establecen que la remuneración de referencia para el pago
de pensiones debe calcularse sobre la base de los meses consecutivos
inmediatamente anteriores al último mes de aportación, también lo es que el
artículo 11°, inciso d), del Decreto Supremo N.° 011-74-TR –Reglamento del
Decreto Ley N.° 19990– estipula que el
seguro facultativo caduca cuando se adquiere el derecho a pensión de
jubilación, contingencia que se verifica en el presente caso el 1 de enero de
1997, fecha en la cual el demandante reúne los requisitos para el goce de la
pensión de jubilación adelantada y a partir de la cual incorpora el derecho a
su patrimonio.
3.
De
otro lado, la Resolución Jefatural N.° 123-2001-Jefatura-ONP señala
que cuando el asegurado cesa en el trabajo antes de haber cumplido el requisito
de edad establecido por ley para alcanzar el derecho a la pensión de
jubilación, la “contingencia” se producirá cuando este satisfaga tal requisito,
sin que sea necesario que dicho cumplimiento se dé concurrentemente con el
requisito de años de aportación y que ello deba producirse antes de la fecha de
cese.
4.
Consiguientemente,
al haber reunido el demandante los requisitos exigidos por el artículo 44° del
Decreto Ley N.° 19990, incorporó a su patrimonio el derecho pensionario el 1 de
enero de 1997, careciendo de validez y eficacia las aportaciones efectuadas
después de dicha fecha, en razón de no haber tenido la obligación de
efectuarlas.
5.
En
consecuencia, para el cálculo de la pensión debe aplicarse el inciso a) del
artículo 2º del Decreto Ley N.º 25967, considerando el período comprendido
entre el mes de marzo de 1991 y marzo de 1994, resultando innecesario el aporte
posterior. De modo que la demandada, al haber considerado para el cálculo de la
remuneración de referencia los meses en los cuales no había remuneraciones ni
aportaciones, ha vulnerado los derechos constitucionales consagrados en los
artículos 10° y 11° de la Constitución Política del Perú.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal
Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le
confiere
1.
Declarar
FUNDADA la acción de amparo.
2.
Ordena
que la demandada cumpla con dictar una nueva resolución conforme a lo señalado
en la presente sentencia, y proceda al pago de devengados.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA