ESTELA GALINDO
TOSCANO
En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por doña Estela Galindo Toscano contra la sentencia de la Primera
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte
de Lima, de fojas 242, su fecha 19 de diciembre de 2003, que declaró
improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
La recurrente, con fecha 21 de abril de 2003, interpone acción de amparo contra la Presidenta, la Secretaria de Economía y la Fiscal de la Asociación de Comerciantes Juan Pablo II – Condevilla, a fin de que, mediante resolución judicial, se la reponga en su condición de asociada, alegando que mediante la Resolución N.° 027-03, emitida por el Consejo Directivo, se la excluyó de la Asociación, violándose sus derechos constitucionales de asociación, al trabajo, a la libertad de trabajo, de propiedad y de petición.
Las emplazadas no contestaron la demanda.
El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, con fecha 2 de julio de 2003, declaró improcedente la demanda, considerando que la pretensión de la demandante requiere de probanza, no siendo la vía del amparo idónea por carecer de etapa probatoria.
La recurrida confirmó la apelada, estimando que no se había agotado la vía previa administrativa debido a que la demandante no interpuso la apelación correspondiente contra la decisión del Consejo Directivo de excluirla de la Asociación, conforme lo prevé el artículo 20° del Estatuto de la Asociación.
FUNDAMENTOS
1.
El
artículo 28° de la Ley N.° 23506 precisa en su numeral 1 que no será exigible
el agotamiento de la vía previa cuando una resolución, que no sea la última en
la vía administrativa, se ejecuta antes de que venza el plazo para que queda consentida.
Conforme se desprende de la carta notarial de fecha 25 de marzo de 2003, que
transcribe la Resolución del Consejo Directivo N.° 027-03, se dispuso excluir a
la demandante como asociada activa de la Asociación de Comerciantes Juan Pablo
II, anular su inscripción en el libro padrón de asociados activos y declarar
públicamente tal hecho para conocimiento de los demás asociados. En el presente
caso, la ejecución de la decisión fue inmediata, configurándose de este modo la
excepción de agotamiento de la vía previa prevista en el artículo 28°, numeral
1 de la Ley N.° 23506.
2.
La
demandante señala que con su exclusión de la Asociación se le han violado sus
derechos constitucionales de asociación, al trabajo, a la libertad de trabajo,
de propiedad y de petición. A fin de determinar tal cuestión, este Tribunal
evaluará si la exclusión se ha desarrollado respetando los derechos
garantizados por la Constitución, ya que si bien nos encontramos en el ámbito
privado, conforme al artículo 38° de la misma, “Todos los peruanos tienen el deber...de respetar, cumplir y defender
la Constitución”.
3.
En
el presente caso nos encontramos frente al ejercicio del derecho disciplinario
sancionador que las asociaciones pueden aplicar contra sus miembros cuando
éstos cometan faltas tipificadas como tales en sus estatutos; claro ésta;
siempre y cuando se les garantice un debido proceso y se respeten los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
4.
La
Resolución del Consejo Directivo N ° 027-03, obrante a fojas 19, formula una
serie de cargos contra la asociada y no fundamenta adecuadamente la decisión de
exclusión. Es más, no concuerda las supuestas infracciones con las normas
estatutarias que regulan las causales de exclusión. Además, la demandante
sostiene, a fojas 80, que no se le comunicó previamente los cargos a efectos de
ejercer su derecho de defensa.
5.
Este
Tribunal ha señalado en anterior jurisprudencia que “... queda claro que el
debido proceso –y los derechos que lo conforman, p. e. el derecho de defensa–
rigen la actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha
previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión ...
razón por la cual los emplazados, si consideraron que el actor cometió alguna
falta, debieron comunicarle por escrito los cargos imputados, acompañando el
correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos
de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes– pueda ejercer
cabalmente su legítimo derecho de defensa” (Exp. 1612 – 2003- AA/TC).
6.
En
el presente caso no se ha acreditado que se hayan cumplido las exigencias
establecidas por nuestro ordenamiento constitucional y por la jurisprudencia de
este Tribunal para los casos de aplicación del derecho disciplinario sancionador
en las Asociaciones, razón por la cual la exclusión de la asociada resulta
arbitraria y violatoria de los derechos constitucionales a un debido proceso y
de defensa.
7.
Como
ha quedado expuesto en los fundamentos precedentes, el debido proceso también
rige en las asociaciones cuando éstas ejercen el derecho disciplinario
sancionador. De modo que no se puede afirmar que después de impuesta la máxima
sanción en una Asociación, cual es la exclusión, la asociada excluida tenga que
probar y levantar los cargos imputados posteriormente en sede judicial. Es
precisamente dentro del proceso disciplinario sancionador donde se deberá
probar que la comisión de las faltas por el asociado son ciertas,
permitiéndosele, asimismo, ejercer su derecho de defensa. Por lo demás, debe
subrayarse que a lo largo de todo el proceso de amparo las demandadas, no
obstante estar debidamente notificadas, no han comparecido.
8.
Ciertamente,
dentro del proceso de amparo no se discutirá la veracidad o falsedad de los
hechos imputados, competencia de los órganos internos de la asociación, pero no
se puede sostener, como lo hace la Sentencia del Juzgado Mixto del Módulo
Básico de Condevilla, que después de imponer la máxima sanción posible dentro
de la asociación, sin acreditar que se ha desarrollado un debido proceso, la
demandante tenga que probar su inocencia ejerciendo su derecho de defensa
después de la sanción impuesta. Permitir este tipo de actuaciones en las
asociaciones, configuraría una excepción al mandato del artículo 38° de la Constitución,
citado en el considerando 3 de la presente sentencia, incompatible con un
Estado Social y Democrático de Derecho.
9.
En
consecuencia, en el presente caso, al haberse acreditado la vulneración de los
derechos al debido proceso y de defensa de la demandante, consagrados en el
artículo 139°, numerales 3 y 14 de la Constitución, se ha lesionado también su
derecho a asociarse, garantizado por el artículo 2°, numeral 13 de la
Constitución.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la Constitución
Política del Perú y su Ley Orgánica,
1.
Declarar
FUNDADA la demanda; en consecuencia,
inaplicable a la demandante la Resolución del Consejo Directivo 027-03,
mediante la cual se la excluye de la Asociación de Comerciantes Juan Pablo II.
2.
Ordena
que se reponga a la actora en su condición de asociada de la Asociación
mencionada.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BARDELLI
LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA