EXP. N.° 1148-2004-AA/TC
LAMBAYEQUE
CARLOS ALBERTO
CACHAY FERNÁNDEZ
En Lima, a los 13 días del
mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli
Lartirigoyen y Revoredo Marsano, pronuncia la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Cachay Fernández contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 123, su fecha 16 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de julio de
2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el Gerente General de la
Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque
S.A. (EPSEL), a fin de que se lo reponga en su puesto de trabajo y se le paguen
las remuneraciones dejadas de percibir. Refiere que, mediante memorando de
fecha 30 de junio de 2003, sin que medie causa justa, fue despedido de su
puesto de trabajo, pese a haber superado el período de prueba, puesto que tiene
vínculo laboral con la emplazada desde el mes de junio de 1997, sin solución de
continuidad.
.
La emplazada contesta la
demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que la relación
laboral con el accionante se inició en el mes de marzo de 2001, mediante la
suscripción de diversos contratos de servicios específicos a plazo determinado;
y que el 30 de junio de 2003 culminó dicha relación laboral, por vencimiento
del último contrato de naturaleza modal, al no haberse podido renovar por
razones de naturaleza económica.
El Quinto Juzgado Civil de
Chiclayo, con fecha 10 de setiembre de 2003, declaró infundada la demanda, por
considerar que el recurrente fue contratado en la modalidad de plazo
determinado, por lo que el cese de sus servicios, sin previo procedimiento
administrativo, no constituye vulneración de los derechos invocados.
La recurrida confirmó la
apelada, por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
1.
De
los contratos que obran de fojas 2 a 25, se aprecia que, a partir del 1 de
marzo del año 2001, se estableció el vínculo laboral entre las partes, regulado
por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, cuya modalidad fue
por períodos específicos, sin superar la duración máxima de cinco 5 años a que
se refiere el segundo párrafo del artículo 74° de la referida norma. En efecto,
los contratos celebrados con anterioridad a la fecha indicada tienen naturaleza
civil y no laboral, por lo que no se acredita el récord laboral que alega el
recurrente. Cabe precisar que en el período que va del 14 de enero al 28 de
febrero de 2001, no está acreditada la vigencia de ningún tipo de contrato.
2.
En
el presente caso se aprecia que la extinción de la relación laboral del
demandante se produjo por el vencimiento del plazo del último contrato de
naturaleza modal, suscrito con la demandada, en cuya cláusula cuarta se
estipuló que el vencimiento se produciría el 30 de junio de 2003, cesando en
aquel momento todos sus efectos al tratarse de un plazo resolutorio, conforme
al artículo 178° del Código Civil.
3.
Por
lo tanto, no se encuentra demostrado que se haya producido un despido sin causa
justa que lesione los derechos fundamentales; por el contrario, la extinción
del contrato se ha originado en una causa prevista normativamente, en este
caso, el vencimiento del plazo, situación que la dota de plenos efectos
legales, y se sustenta en el acuerdo de voluntades de las partes que
intervienen en la relación laboral, no siendo aplicable el procedimiento de
despido dado que la extinción del contrato de trabajo obedece a una razón
opuesta a aquél.
Por los fundamentos
expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
Política del Perú le confiere,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.