EXP. N.° 1149-2004-AA/TC
LIMA
CASTRO SÁENZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario
interpuesto por don Mario Antonio Castro Sáenz contra la sentencia de la Quinta
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 201, su fecha 1
de diciembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
Con fecha 27 de setiembre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.C., con el objeto que se ordene su reposición en su puesto de trabajo, del cual –sostiene– ha sido despedido arbitrariamente; asimismo, solicita que se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir, con los intereses de ley. Alega que el 17 de abril de 2001 ingresó a laborar en la emplazada; que el 1 de agosto del mismo año la emplazada le remitió la carta de cargos, con imputaciones falsas y tendenciosas; y que las faltas que se le atribuyen no tienen sustento, pues se refieren a una supuesta negligencia al momento de gestionar la renovación de una carta fianza y la inexistente adulteración de un documento interno, que habrían ocurrido en diciembre del año 2000, cuando era trabajador de Telefónica del Perú S.A.A., empresa distinta a la emplazada. Agrega que la demandada carece de legitimidad para despedirlo por supuestos hechos que afectarían a una empresa distinta, a la cual dejó de pertenecer por renuncia voluntaria; y que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la libre contratación, entre otros.
La emplazada
propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda solicitando que se
la declare infundada o improcedente, señalando que la pretensión es un
imposible jurídico, puesto que la reposición sólo procede en los casos de
despido nulo, que no es el caso del demandante; y que la faltas graves que se
le imputaron al demandante las cometió en el período en que prestaba servicios
en la emplazada.
El Sexagésimo Quinto Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 de abril de 2003, declaró
infundada la excepción propuesta e infundada la demanda, por estimar que una de
las faltas graves que se le imputaron al demandante se produjo cuando este
prestaba servicios en la empresa demandada; y que, por otro lado, el despido se
ha ejecutado respetando las formalidades establecidas en el artículo 32.° del
Decreto Supremo N.° 003-97-TR..
La recurrida, revocando, en
parte, la apelada, la declaró improcedente, por estimar que la acción de amparo
no es la vía idónea para resolver la controversia, porque este proceso
constitucional no tiene por objeto generar derechos, sino cautelar los
previamente reconocidos.
1.
La
demandada cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 31.° del
Decreto Supremo N.° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, puesto que cursó las cartas
de imputación de cargos y de despido, los días 1 de agosto de 2001 y 10 de agosto del mismo año, respectivamente;
y, mediante esta última comunicó al demandante su decisión de despedirlo como
trabajador de dicha entidad, por considerar que había incurrido en las faltas
graves consignadas en los incisos a) y d) del artículo 25.° de dicha norma;
asimismo, el recurrente hizo los descargos correspondientes, ejerciendo su
derecho de defensa.
2.
Respecto
al alegato del demandante en el sentido de que las faltas que se le imputaron
están referidas a hechos ocurridos en diciembre de 2000, esto es, cuando aún no
tenía vínculo laboral con la emplazada, su dilucidación requiere de la
actuación de pruebas, lo que no es posible en el presente proceso
constitucional, porque carece de etapa probatoria, conforme lo señala el
artículo 13.° de la Ley N.° 25398; sin embargo, se deja a salvo el derecho que
pudiera corresponderle, para que lo haga valer en la vía y modo pertinentes.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú
le confiere,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA
la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese.
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REVOREDO MARSANO
GARCÍA TOMA