LIMA
DUGLAS VALDIVEZO RUIZ
Lima, 19 de diciembre de 2003
VISTO
El
recurso extraordinario interpuesto por don Duglas Valdiviezo Ruiz contra la
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República, de fojas 4 del cuaderno de apelación, su fecha 24 de
enero de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente in límine la acción de amparo
interpuesta contra los integrantes de la Primera Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Lima y los integrantes de la Sala Transitoria de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
República; y,
ANTENDIENDO A
1. Que la demanda tiene por
objeto que se deje sin efecto la resolución de fecha 19 de mayo de 2000,
expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima,
y la resolución de fecha 22 de noviembre de 2000, expedida por la Sala
Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en el proceso de pago de beneficios sociales seguido por el
recurrente contra PERUINVEST, Compañía de Fomento e Inversiones S.A. en
liquidación. El recurrente sostiene que la resolución judicial de la Primera
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima vulnera su derecho a la
tutela judicial efectiva, pues incurre en falta de congruencia, y que no se
pronunció sobre el derecho que le asiste al pago del periodo vacacional
1991-1992.
2.
Que,
con carácter previo al estudio de las cuestiones que se nos plantean, es
necesario hacer una primera precisión respecto del rechazo in límine dictado por las instancias precedentes, en cuanto a que
toda pretensión que cuestione la regularidad de un proceso judicial, requiere,
necesariamente, la admisión a trámite de la demanda y su correspondiente
traslado a los emplazados, con el objeto de que éstos expliquen las razones que
habrían motivado la agresión, así como la actuación de todos los medios
probatorios que coadyuven a verificar la regularidad de la actuación
jurisdiccional. En consecuencia, al haberse producido el quebrantamiento de
forma previsto en el segundo párrafo del artículo 42° de la Ley N.° 26435,
deben devolverse los autos con la finalidad de que se emita un nuevo pronunciamiento.
No obstante esto, en atención a los principios de celeridad y economía
procesal, este Tribunal considera pertinente no hacer uso de la mencionada
facultad, toda vez que en autos aparecen los elementos de prueba necesarios que
posibilitan un pronunciamiento de fondo.
3. Que el derecho a la tutela
judicial efectiva incluye como contenido básico el derecho de obtener de los
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, de modo
que cuando la sentencia o la resolución que ponga fin al proceso guarde
silencio o no se pronuncie sobre alguna de las pretensiones planteadas por las
partes, dejando imprejuzgada o sin respuesta la cuestión planteada a la consideración
del órgano judicial, se produce una incongruencia omisiva o ex silentio, siempre que el silencio
judicial no pueda razonablemente interpretarse como una desestimación tácita,
cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en
la resolución.
Desde la perspectiva
constitucional, para que la incongruencia por cifra petita u omisión del pronunciamiento adquiera relevancia
constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela
judicial efectiva, se requiere que, por dejar imprejuzgada la pretensión
oportunamente planteada, el órgano jurisdiccional no tutele los derechos e
intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando con ello la
denegación de la justicia solicitada, lo que lesiona el derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el inciso 3), artículo 139°, de la Constitución.
4.
Que
del contenido de la resolución judicial de la Primera Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia de Lima, del 19 de mayo de 2000, obrante a fojas 42, se
desprende que la Sala omitió también pronunciarse respecto del extremo
referente al pago del periodo vacacional 1991-1992; por lo tanto, procede
estimar la presente demanda y, en aplicación del efecto restitutivo, declarar
su nulidad.
5.
Que
el actor considera que la resolución del 22 de noviembre de 2000, expedida por
la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República afecta el principio lógico de no contradicción. En
concreto, afirma que el fundamento jurídico séptimo se contradice con el
octavo; sin embargo, este Tribunal no aprecia que el proceso de ilación lógica
presente en la resolución cuestionada resulte contradictorio, pues se observa
racionalidad de hecho y derecho en la justificación de los fundamentos
jurídicos séptimo y octavo, no advirtiéndose la contradicción alegada. No
obstante, se advierte que la resolución referida omitió pronunciarse sobre la
falta de congruencia en que incurrió la resolución del 19 de mayo de 2000,
expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Lima, pretensión
que fue oportunamente planteada al interponerse el recurso de casación.
Por las
consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
Ha resuelto
1.
Declarar
FUNDADA la demanda de amparo.
2.
Declara
nula la resolución de fecha 19 de mayo de 2000, expedida por la Primera Sala
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, y la resolución de fecha 22
de noviembre de 2000, expedida por la Sala Transitoria de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República,
recaídas en el proceso seguido por don Duglas Valdiviezo Ruiz contra
PERÚINVEST, Compañía de Fomento e Inversiones S.A. en liquidación.
3.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente
anterior al de emitirse la resolución de la Primera Sala Laboral de la Corte
Superior de Lima, a fin de que se dicte una nueva sentencia congruente con la
totalidad de las pretensiones deducidas.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ALVA ORLANDINI
AGUIRRE ROCA
GONZALES OJEDA