EXP.
N.° 1419-2003-AC/TC
HUAURA
HAYDÉE CECILIA MENDIOLA DE MAGUIÑO
En Lima, a los 27 días del
mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario
interpuesto por doña Haydée Cecilia Mendiola de Maguiño contra la sentencia de
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 73, su fecha
14 de abril de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de
autos.
ANTECEDENTES
La recurrente interpone
acción de cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Huaral, con el objeto de que se cumpla con aplicar el 16% de la bonificación
especial en el libro de planillas, bonificación que proviene de lo dispuesto en
el Decreto de Urgencia N.o 090-96, de fecha 18 de noviembre de 1996.
Manifiesta que dicho Decreto dispone el otorgamiento de bonificación para el
personal activo de la Administración Pública, y que en virtud de ello le
corresponde el reintegro de dichas bonificaciones desde el momento en que entró
en vigencia, más los intereses respectivos.
El emplazado contesta la
demanda señalando que debe tenerse en cuenta que existe una sentencia expedida
por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República que
declaró nulo el convenio bilateral, y que dicha autoridad jurisdiccional no se
ha pronunciado sobre el fondo del asunto, esto es, sobre si le corresponde o no
dicha bonificación, que a simple criterio no le toca, por excluir a los
servidores públicos de gobiernos locales.
El Primer Juzgado
Especializado en lo Civil de Huaral, con fecha 6 de enero de 2003, declaró
fundada la acción de cumplimiento, argumentando que la demandante, por ser
viuda, tiene la calidad de cesante y que, por ende, no se le puede considerar
personal que presta servicio en los gobiernos locales, por lo que no le resulta
aplicable la excepción que establece el artículo 7º del Decreto de Urgencia N.º
090-96.
La recurrida revocó la
apelada y, reformándola, declaró improcedente la demanda, por considerar
que no se puede considerar que la
demandada sea renuente a acatar el Decreto Supremo N.° 090-96, al no tener éste
los alcances que se atribuyen en la demanda.
FUNDAMENTOS
1.
Debe
dejarse plenamente establecido que la Bonificación Especial según lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia N.o 090-96, no puede entenderse como
exigible, por cuanto su artículo 7.° ha dejado claramente estipulado que los
gobiernos locales están excluidos de su ámbito de aplicación y que se sujetarán
a lo señalado en los respectivos artículos de la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año 1996. En dicha norma, en su momento, se dispuso que la bonificación y otros pagos similares de
los trabajadores de gobiernos locales se atendiesen con cargo a los ingresos
propios de cada municipalidad y se fijaran mediante el procedimiento de
negociación bilateral establecido en el Decreto Supremo N.º 070-85-PCM.
Asimismo, precisó que no son de aplicación a los gobiernos locales los aumentos
de remuneraciones, bonificaciones o beneficios de cualquier tipo que otorgue el
Poder Ejecutivo a los servidores del Sector Público. Cualquier pacto en
contrario es nulo.
2.
La
demandante no ha acreditado la existencia de una resolución administrativa
expedida dentro del marco del mencionado Decreto Supremo que obligue a la
autoridad demandada y que se encuentre vigente con calidad de cosa decidida,
por lo que no le resulta aplicable la bonificación a que se refiere el Decreto
de Urgencia N.os 090-96; por lo tanto, no existiendo mandamus, requisito indispensable para
la procedencia de las acciones de cumplimiento y, consecuentemente, no
existiendo renuencia y omisión del demandado, la pretensión debe desestimarse.
Por los
fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
Declarar
INFUNDADA la acción de cumplimiento.
Publíquese
y notifíquese.
SS.
AGUIRRE ROCA
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA