EXP. N.° 1586-2003-AA/TC
EL SANTA
LELIS IVÁN RODRIGUEZ ROJAS
En Lima, a los 19 días del mes de
diciembre de 2003, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca,
Presidente; Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto
por don Lelis Iván Rodríguez Rojas contra la sentencia de la Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 100, su fecha 12 de mayo de
2003, que declara infundada la acción de amparo de autos.
Con fecha 16 de agosto de
2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el Ministerio del
Interior, a fin de que se declare sin efecto la Resolución Ministerial N.º
0884-2002-IN/PNP, de fecha 22 de mayo de 2002, que declara improcedente la
solicitud de reincorporación que
presentó en aplicación de la amnistía otorgada por Ley N.º 27534, violándose así su derecho al debido proceso,
previsto en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. Expone que,
cuando se encontraba en el servicio activo, su jefe lo obligaba a capturar vehículos con el pretexto de haber
cometido infracciones de tránsito, orden que cumplía por temor a ser cambiado o
sancionado, lo que motivó que solicitase su pase a la situación de
disponibilidad; agregando que al no resolverse su pedido, hizo abandono de
destino.
El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los
asuntos judiciales de la Policía Nacional, propone la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda manifestando que el
demandante incurrió en graves faltas que atentan contra la disciplina, el
servicio, el honor, el decoro, la moralidad y el prestigio institucional, al no
haber estado en su servicio desde el 1de mayo de 1992, por lo que, previo
pronunciamiento del Consejo de Investigación, se le pasó a la situación de
disponibilidad, por medida disciplinaria, mediante Resolución Directoral N.º
5553-92-DGPNP/DIPER, de fecha 21 de diciembre de 1992, y, mediante Resolución
Directoral N.° 1458-96-DGPNP/DIPER, de fecha 24 de abril de 1996, al retiro por
límite de permanencia en la situación de disponibilidad, con el agravante de
haber sido condenado a la pena de 2 meses de prisión condicional por el delito
de abandono de destino.
El Primer Juzgado en lo Civil
de Chimbote, con fecha 7 de enero de 2003, declaró infundada la demanda, por
considerar que no se ha acreditado que la sanción administrativa como la penal
en el fuero militar sean consecuencia de haber realizado actos en defensa del
Estado de derecho o defensa de los derechos humanos.
La recurrida confirmó la apelada,
argumentando que el demandante no acredita que fue motivo de hostilización
por su superior, como ha alegado.
1.
El recurrente solicita su reincorporación al
servicio activo invocando la Ley de Amnistía N.º 27534, de fecha 20 de octubre
de 2001, afirmando que el 16 de junio de 1992 presentó su solicitud de pase a
la situación de disponibilidad, manifestando ser víctima de hostilización por
parte de su Jefe de Departamento, cuando prestaba servicios en la Jefatura de
Seguridad Vial en la ciudad de Chimbote.
1.
Alega que, por encontrarse en esta situación,
se vio obligado a hacer abandono de destino.
2.
Por este motivo fue denunciado ante el
Consejo Superior de Justicia de la Segunda Zona Judicial de la PNP, y
sentenciado por el Segundo Juzgado de Instrucción Sustituto, como autor del
mencionado delito a la pena de dos meses de prisión condicional, la que fue
confirmada por el mencionado Consejo.
3.
Es en ese proceso donde debió declarar o
denunciar el motivo que lo llevó a cometer el delito. De haber sido así, habría
quedado su dicho en su instructiva; y, aunque no hubiese resultado absuelto,
ello le hubiera servido,ahora, para acogerse a la Ley 27534 .
4.
Al haberse ejecutado inmediatamente la
Resolución Directoral N.º 5553-92-DGPNP/DIPER, de fecha 21 de diciembre de
1992, el demandante pudo interponer el recurso impugnatorio correspondiente, en
el cual hubiera podido exponer los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión
tan trascendental; pero, al parecer, no
lo hizo, ya que no muestra documento probatorio alguno, ni expresa que lo haya
hecho
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las
atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley
Orgánica,
FALLA
CONFIRMANDO
la recurrida que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la acción de amparo. Dispone la notificación a las
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
SS.
GONZALES OJEDA